José Antonio Esteban es un ingeniero agrícola muy aplicado en su trabajo, un padre volcado en la crianza de su bebé y desde la adolescencia vive completamente enamorado de su pareja: Lidia Olmos. Este jueves, sobre las diez y media de la mañana, este cabeza de familia, de 37 años, se subió a la azotea del edificio del Parque Científico de Murcia y amagó con saltar al vacío porque está desesperado por no poder desalojar a los inquilinos de su piso que se han convertido en okupas.
"Mi marido se ha intentado quitar la vida y le han ingreso en el área psiquiátrica del Hospital Reina Sofía de Murcia", subraya desolada Lidia, de 37 años, mientras concede una entrevista a EL ESPAÑOL para dar visibilidad a su caso y que la Justicia acabe con el calvario de esta familia. "No sabemos qué hacer con los okupas. La vía legal solo les ampara a ellos: llevamos dos lanzamientos suspendidos".
La batalla legal de este matrimonio de ingenieros agrícolas comienza cuando se compran una casa en la huerta de Alquerías y deciden alquilar su piso de la pedanía murciana de Los Ramos, con el objetivo de seguir liquidando una de las dos hipotecas con la mensualidad de 350 euros que le pagarían sus inquilinos. "Desde el principio solo buscaban excusas para no pagar", tal y como resume Lidia. "Nunca han cumplido el contrato".
De hecho, en enero de 2022 les pagaron 26 euros de menos de la mensualidad; en febrero, el impago subió a 50 euros, y a partir de marzo dejaron de abonarles los 350 euros contratados por el alquiler. De forma que sus inquilinos se convirtieron en lo que la abogada del matrimonio define legalmente como: "inquiokupas".
"Los dos trabajamos, pero no tenemos un sueldo para tirar cohetes y tenemos que criar a un bebé de un mes y medio, mientras pagamos dos hipotecas, dos recibos de la luz, dos del agua y la comunidad: mi marido pierde casi toda su nómina pagando cosas", según detalla Lidia, sobre los efectos que tiene la vivienda okupada en la economía de esta familia trabajadora que acumula 24 meses de impagos de sus inquilinos. "Nos deben unos 10.000 euros entre mensualidades y facturas de luz y agua".
El salón del piso de la pedanía murciana de Los Ramos que han okupado los inquilinos de José Antonio y Lidia.
Este matrimonio contrató a la abogada Carmen García porque económicamente están asfixiados y como última opción, iniciaron en los juzgados el proceso de desahucio de sus inquilinos: una pareja con una hija menor de edad. "Llegamos a intentar vender el piso de Los Ramos, pero tuvimos que desistir por culpa de los okupas", tal y como denuncia Lidia. "Nos deben dos años de mensualidades y él tiene trabajo en una empresa de cítricos: no pagan el alquiler porque no quieren".
La abogada del matrimonio corrobora que la pareja de "inquiokupas" actúa con conocimiento de la legislación para dilitar el proceso de desahucio. "Esta gente quiere vivir de personas que trabajan", subraya la letrada. "Son okupas profesionales que viven de gorra. No tenemos constancia de los Servicios Sociales de Murcia de que sean una familia vulnerable".
- ¿Por qué afirma que son profesionales de la okupación?
- Carmen García: El 24 de junio de 2022 presentamos una demanda de desahucio por impago del alquiler. Los inquiokupas aportaron al juzgado cuatro domicilios distintos para las notificaciones del proceso de desahucio, pero nunca recibieron ninguna citación en esas direcciones. Esperan al último momento para responder a cada lanzamiento. Cuando les llegan las cartas piden un abogado de oficio y demoran el desahucio seis meses. Hemos tenido ya dos lanzamientos con fecha y ambos se han suspendido.
El primer lanzamiento estaba fijado el 27 de octubre de 2022, pero se suspendió porque fue imposible notificárselo a la pareja de "inquiokupas" en ninguna de las cuatro direcciones que aportaron a los juzgados. El segundo lanzamiento se iba a ejecutar el 21 de noviembre de 2023 y cuatro días antes: aportaron un escrito en el que solicitaban un abogado de oficio, alegando que tenían una hija de 18 meses a la que no podían garantizar un techo porque la madre de la menor estaba bajo tratamiento psiquiátrico.
"Mi hijo se queda desprotegido porque la ley protege más a la hija de los okupas", reflexiona Lidia Olmos. "Esta situación me ha llegado a afectar al embarazo: tuve una gestación de riesgo porque sufría ansiedad". Este jueves, la que se vio afectada fue la salud mental de José Antonio al que los quebraderos de cabeza para sacar adelante la economía familiar, lastrada por dos "inquiokupas", y la falta de respuesta de la Justicia, le empujaron a subirse a la azotea del edificio del Parque Científico de Murcia.
El edificio del Parque Científico de Murcia donde José Antonio amagó con saltar al vacío.
"Mi marido se subió a la azotea del edificio donde trabajaba y amenazó con saltar al vacío porque no sabe qué hacer con los okupas: está desesperado tras ver suspendidos desde los juzgados los dos lanzamientos", relata destrozada Lidia. "Los compañeros empezaron a buscarlo y en el último momento, José Antonio recuperó la cordura: llamó al teléfono 024 del Ministerio de Sanidad para evitar los suicidios, hablaron con él y la Policía llegó a tiempo para llevárselo al hospital".
La voz de Lidia se apaga al otro lado del teléfono durante la entrevista con EL ESPAÑOL porque no puede evitar romper a llorar. "Llevamos juntos desde los 15 años", apunta emocionada. "Lo único que hicimos fue alquilar nuestro piso de Los Ramos porque reformamos una casa vieja que nos compramos en Alquerías: a los dos nos gusta la huerta y el piso nos comía durante el confinamiento de la pandemia".
Otros 6 meses
Ahora ese sueño de criar a su bebé en la huerta del Segura se ha convertido en una pesadilla. La abogada del matrimonio, Carmen García, explica que desde el 8 de enero aguarda a que el Colegio de Abogados de Murcia "asigne un procurador y un letrado de oficio a los inquiokupas, para retomar el proceso de desahucio".
- ¿No hay más opciones a nivel legal para desalojarlos?
- Carmen García: No. Esta gente ha vuelto a ganar otros seis meses porque el lanzamiento no se resolverá hasta que no tengan representación legal. Además, el Real Decreto-Ley que el Gobierno aprobó en 2020 por la pandemia de coronavirus, con medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, en algunos de sus artículos se ha prorrogado hasta 2025 y eso afecta a los procesos de desahucio.
La cabeza del pobre ingeniero José Antonio ya no aguanta más prórrogas ni dilaciones judiciales y su esposa reclama una "solución" a la Justicia. "No nos compramos un chalé en La Moraleja, solo alquilamos nuestro piso porque queríamos mejorar nuestra vida para formar una familia".