Laura lleva asistiendo a sesiones de logopedia desde los seis meses de vida. Le diagnosticaron hipoacusia severa, con una pérdida auditiva de hasta 80 decibelios en uno de sus oídos. Ahora tiene diez años y presenta un 22 por ciento del grado de discapacidad. A su hermano de siete años, Marcos, también le determinaron hipoacusia moderada, con pérdidas auditivas de entre 40 y 60 decibelios. A diferencia de Laura, al menor sí le es reconocido el certificado del grado de discapacidad, con un 33 por ciento.
Esto se traduce en que Laura, aun teniendo mayor pérdida auditiva que su hermano, queda excluida de optar a una beca o ayuda educativa por no superar el 25 por ciento de discapacidad, según lo expuesto en la última resolución del BOE del Real Decreto, publicado el pasado miércoles, por el que se establecen las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo para el curso 2024-2025.
Tras esto, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas-Fiapas acusó al Ministerio de Educación de excluir a una parte del alumnado con discapacidad auditiva de la posibilidad de optar a una ayuda al estudio y recordó que "las necesidades educativas especiales están presentes con independencia de tener, o no, un grado de discapacidad calificado administrativamente, fuera del contexto educativo".
Fiapas explica que hasta 2020 el alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad podía acreditar esta condición mediante el diagnóstico de un equipo de orientación educativa y psicopedagógica o del departamento de orientación dependientes de la administración educativa correspondiente. Actualmente, sólo pueden acceder a estas ayudas quienes estén en posesión de un certificado de un grado de discapacidad igual o superior al 25 por ciento.
Esto es una de las novedades expuestas en la resolución, puesto que desde el curso 2020-2021 el grado mínimo para acceder a las ayudas era del 33 por ciento. Aun así, los afectados aseguran que no es suficiente. Desde la asociación valoran el esfuerzo del Ministerio de Educación, pero expresan que "no revierte completamente la situación de discriminación que afecta a una parte de este alumnado, siendo uno de los grupos más afectados el alumnado con sordera".
Una resolución discriminatoria
Juan Diego García, padre de los menores, expresa, en conversación con este periódico, que la nueva resolución es "completamente discriminatoria". "Todos los alumnos que tengan necesidades educativas especiales deberían, al menos, poder optar a este tipo de ayudas al estudio. Sin embargo, muchos estudiantes no pueden acceder a ellas porque hay una regla administrativa, que es el grado de discapacidad, que se lo impiden", denuncia. Y es que los García viven toda una paradoja: "No tiene sentido que a Laura, teniendo mayor pérdida auditiva que Marcos, no le permitan optar a una beca por no poseer un certificado administrativo".
La familia cuenta que solicitaron estas ayudas por la insistencia del equipo de orientación del colegio de los menores, guiado por psicólogos y logopedas, entre otros. "Ellos trabajan con niños con necesidades especiales, elaboran sus informes y te aconsejan solicitar estas becas, las cuales existen para que todos los alumnos tengan las mismas oportunidades y estos niños puedan seguir el ritmo de la clase. Pero luego te topas con una herramienta administrativa, que ni siquiera evalúa a nuestros hijos, que te impide solicitarla", expresa García.
Marcos, el menor de la familia.
El padre de familia cuenta que la administración no ha valorado los documentos que han aportado de Laura, "ni la audiometría ni los informes, tanto del logopeda como del psicólogo, del centro educativo". "Si un niño tiene un diez por ciento de discapacidad y una pérdida auditiva de 60 decibelios, tendrá equis necesidades que deberán cubrir. Sin embargo, el Gobierno está poniendo una barrera que impide valorar a ese alumno y determinar sus necesidades".
Tras estas palabras, García señala que no se trata ya de una cuestión económica, sino de poder contar con las herramientas educativas oportunas. Según el tercer capítulo de la resolución, ofrecen hasta 862 euros en ayuda de enseñanza y 913 euros para reeducación pedagógica y del lenguaje, incrementándose hasta en un 50 por ciento cuando el alumnado presente una discapacidad motora reconocida superior al 65 por ciento.
Aun así, García insiste en que "no se trata de dinero, se trata de que si un alumno necesita una hora de audición y lenguaje, se lo concedan, siempre que haya sido evaluado con anterioridad". Además, señala que son los centros los que también deberían recibir ayudas para, por ejemplo, poder contratar a profesores especializados en este tipo de alumno y que "más niños con necesidades especiales se pudieran beneficiar de ello".
Derivados a lo privado
Sin estas ayudas, las familias tienen que hacer frente al sobrecoste de los apoyos logopédicos y pedagógicos precisos, entre otras necesidades. García revela que se han visto obligados a llevar a Laura a centros privados y que las sesiones con el logopeda son costosas, de al menos 50 euros la sesión.
García explica que los centros de atención a la Discapacidad, que son quienes valoran el grado de discapacidad, a medida que el niño crece y estos observan que comienzan a desenvolverse mejor, reducen el grado de discapacidad. Pero "estamos hablando de niños de diez años sordos que aún se encuentran en periodo de adaptación y adquisición del lenguaje", arroja. Con esto, las familias afectadas solicitan que sean los equipos de orientación, que son quienes trabajan durante todo el curso escolar con los alumnos, quienes valoren sus necesidades.
"Es una lucha entre administración (sistema de salud) contra administración (centro de atención a la Discapacidad), y los que sufren al final son los niños. Debemos hacer lo posible para evitar riesgos de fracaso o abandono escolar prematuro por falta de apoyos", concluye García.