Felipe Recio y Mayra Dagà en una imagen de 2013.
Mayra Dagà y Felipe Recio, paisanos de Illa, cobraron de Sanidad 263M y pagaron 1,9M al novio de Ayuso
FCS Select Products se adjudicó los mayores contratos públicos durante la pandemia. Su cofundadora fue condenada por estafa en 2015.
16 marzo, 2024 02:20Eran tiempos en los que todo valía. La declaración del estado de alarma, hace ahora cuatro años, abrió la puerta a miles de contratos de emergencia que se firmaron sin apenas controles. En 2020 se produjeron por esta vía 16.589 operaciones, en las que se repartieron casi 6.500 millones de euros. Un agujero negro para toda clase de negocios por el que asoma FCS Select Products, la compañía que más dinero se adjudicó de las administraciones públicas en ese ejercicio.
Es también la misma empresa con la que Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, firmó el más cuantioso de sus contratos. De los 2,33 millones que facturó en 2020 Maxwell Cremona, controlada por el novio de la presidenta madrileña, 1,97 millones correspondían a un acuerdo de “intermediación” de compraventa de mascarillas y guantes para FCS Select.
Lo curioso es que FCS no tenía ningún tipo de relación con el sector sanitario, sino que se dedicaba a la fabricación de envases y a la elaboración de estrategias de marketing para productores de bebidas alcohólicas. Pasó de facturar menos de un millón de euros a adjudicarse cuatro contratos con el Ministerio de Sanidad por valor de 263 millones de euros.
Tan sospechosa era su actividad que en 2022 el PP de Madrid presentó ante la Fiscalía Anticorrupción 12 denuncias por supuesto fraude, en las que se incluían los cuatro contratos firmados por FCS Select Products y Sanidad. Anticorrupción y la Fiscalía Europea investigaron a la empresa por estos hechos, aunque no han encontrado indicios de delito hasta la fecha.
La compañía tiene registrados como administradores solidarios y cofundadores a Mayra Dagà Castillo y a su pareja Felipe Recio Valcárcel. Su sede social está ubicada en un chalet de la calle Mexic 3 de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), que según reveló este periódico pertenece a los padres de Felipe Recio, y no se conocen otros empleados.
Las únicas personas vinculadas a la empresa son José Dagà Rull y Felipe Recio Moreno, familiares de los dos titulares, que figuran como apoderados desde 2021. También aparece como persona de contacto Eva Baliu, una inversora con más de dos décadas de experiencia, que estudió Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de Barcelona, la misma institución en la que se formó Mayra Dagà.
La pareja constituyó FCS Select Products, utilizada a todas luces como una sociedad instrumental, en mayo de 2012. Aunque ambos ya tenían una dilatada experiencia empresarial en Barcelona, relacionada en su mayoría con el negocio inmobiliario, que han mantenido en el tiempo.
Fachada del chalet de Sant Cugat del Vallès en el que FCS Select tiene su sede fiscal
Condenada por estafa
En 2015 la mujer fue condenada a 10 meses de cárcel por un “delito continuado de estafa agravada”. Se salvó de ir a prisión tras haber llegado a un acuerdo con la Fiscalía, que pedía para ella una pena de cuatro años. Los hechos se remontan a 2008, cuando trabajaba para la inmobiliaria catalana Fincas Corral.
Durante el pinchazo de la burbuja inmobiliaria la empresa se dedicaba a comprar sociedades con problemas financieros, prometiéndoles saldar sus deudas a cambio de un 3% de su pasivo. El propietario de Fincas Corral, Josep Xicola, fue arrestado y Mayra Dagà se vio implicada en la trama. Hoy la empresaria figura como apoderada de la promotora inmobiliaria Inversión Patrimonial Carpetania, con sede en Barcelona.
Su pareja, Felipe Recio, también trabajó en Fincas Corral, aunque no hay constancia de que participara en ninguna estafa. En 2012, mientras estaba haciendo negocios en Guinea Bissau, se produjo un golpe de Estado militar, por lo que fue entrevistado en diferentes medios contando su experiencia. En todo este tiempo se ha dedicado a la exportación de diferentes productos y hoy sigue al frente de al menos tres compañías de este tipo.
FCS Select era sólo una más, hasta que en marzo de 2020 firmó los cuatro contratos ya citados con el Ministerio de Sanidad por valor de 263 millones de euros, impuestos incluidos. Se adjudicaron todos el mismo día -23 de marzo de 2020- y estaban orientados a la compra de mascarillas de diferentes tipos, guantes de nitrilo y gafas de protección. Se formalizaron mediante el procedimiento de emergencia, sin contrastar ofertas ni mayores controles.
La empresa después argumentó que estaba capacitada para realizar estas operaciones gracias a que tenía una delegación en Guangzhou (China), una gran urbe comercial donde era posible adquirir material sanitario en ese momento. Sin embargo, esta actividad poco tenía que ver con su experiencia anterior. Y de un año para otro la empresa multiplicó su volumen de negocio.
Mayra Dagà Castillo
La última vez que presentó sus cuentas fue en 2019, es decir, antes de pegar el pelotazo durante la pandemia. Felipe Recio asegura a EL ESPAÑOL que la compañía continúa activa, aunque rechaza hacer más declaraciones. En realidad, FCS Select ha borrado su rastro desde ese último balance comercial. Su web desapareció y la única referencia física sigue siendo el chalet de Sant Cugat del Vallès, que EL ESPAÑOL visitó hace años sin que sus moradores tuvieran conocimiento alguno de las presuntas actividades que desarrollaba la compañía allí registrada.
El PP de Madrid denunció estos hechos, apuntando al entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, por una relación de amistad con ellos cimentada en su etapa como alcalde de La Roca del Vallés, mientras que Vox cuestionó al Gobierno por este asunto. Sin embargo, ahora FCS Select Products vuelve a aparecer como señalada, no por sus vínculos con la administración pública, sino por sus negocios con una empresa privada. Concretamente la controlada por Alberto González, acusado de falsear facturas para intentar pagar menos impuestos. El fraude, que investiga la Fiscalía Provincial de Madrid, asciende a 350.951 euros.
Otros excesos en el salvaje oeste
En este caso los presuntos delitos están relacionados con el fraude fiscal y la falsedad documental, pero no tienen nada que ver con los negocios que se hicieron durante aquellos meses. El Tribunal de Cuentas fiscalizó cientos de operaciones que consideraba sospechosas, aunque del total de todos aquellos contratos sólo han seguido un procedimiento penal apenas un puñado de ellos, menos de una decena.
Antes de que saliera a la luz el caso Koldo, el episodio más mediático había sido el de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid después de haberse embolsado seis millones por intermediar en la compra de material sanitario. Otro caso fue el del vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, del PP, detenido por adjudicar de forma irregular contratos para la compra de material sanitario a una compañía implicada en una trama corrupta.
Ya desde aquel momento se veía que los casi 6.500 millones que se repartieron en contratos de emergencia, detallados uno a uno por el portal de análisis de datos Civio, suponían un jugoso manjar para los oportunistas. Y que de ahí, probablemente, salieran unos cuantos casos de corrupción. Pero las investigaciones llevan sus ritmos y a los jueces no les sirve únicamente con detalles escandalosos.
[La ruta por las sedes ‘cutres’ de los grandes pelotazos con mascarillas y test: todas, en Cataluña]
Por ejemplo, la segunda empresa que más dinero se llevó de las administraciones públicas tras FCS Select fue una compañía afincada en China llamada Hong Kong Travis Asia Limited. Tampoco cuenta con ninguna experiencia en el sector sanitario, tiene una estructura opaca encabezada por un joven de entonces 29 años de nacionalidad china y se sospecha que actúa como sociedad pantalla de un fondo dedicado a la compraventa de sociedades.
También los informes del Tribunal de Cuentas revelan multitud de contratos tramitados de forma urgente, cuando en realidad no eran primordiales para la gestión de la emergencia sanitaria, como la construcción de un pebetero en Madrid, unas obras en la vía pública en Barcelona o la adecuación de un centro para la protección animal en Zaragoza. Son sólo unos pocos ejemplos de los muchos que se estudiaron. Los ayuntamientos se ahorraron trámites burocráticos, pero saltaron los controles.
Evolución del precio al que pagaron las mascarillas quirúrgicas los diferentes ministerios en 2020 Tribunal de Cuentas
Al igual que ocurrió con los contratos estrictamente relacionados con el material sanitario, donde se aprecian diferencias de precios escandalosas, no ya en diferentes meses sino entre ciudades que buscaban un mismo producto en fechas idénticas. Así, Madrid compró una partida de mascarillas FFP2 el 25 de marzo de 2020 a un precio unitario de 6,24 euros, mientras Zaragoza las había adquirido dos días antes a 1,60, cuatro veces menos.
En cuanto a la evolución de los precios, los ministerios pagaron de media las mascarillas quirúrgicas a un coste de 0,69 por unidad en marzo, mientras que en diciembre de ese mismo año bajaron a 0,05 euros. Es decir, en cuestión de meses costaban 14 veces menos.
Fue el salvaje oeste, como se calificó entonces esa locura por encontrar protección contra el virus en un momento de escasez. Y en ese mundo sin reglas solían ganar quienes tenían menos escrúpulos.
