El pasado 1 de febrero fue uno de los días más felices en la vida de Andrés Cano. A sus 56 años, este vecino de Villalbilla (Madrid) pudo regresar a su casa, con su familia, después de que la residencia en la que se encontraba le diera el alta. Lo que en la inmensa mayoría de los casos es un mero trámite, las gestiones para que Andrés pudiera volver a su hogar se alargaron durante meses debido a la deuda que había contraído con el centro sociosanitario. “Les decían que hasta que no la saldaran, Andrés no sería dado de alta”, certifica la abogada de la familia. Ahora, preparan una denuncia ante los tribunales por un presunto delito de secuestro y coacciones.
La historia comienza el 6 de junio de 2023, cuando Andrés sufrió una fuerte caída, lo que le llevó a estar varias semanas internado en la UCI del madrileño Hospital La Princesa. Una vez recuperado, el paciente necesitaba de alguien que cuidara de él durante todo el día. Su pareja, Mariana Liutic, no podía hacerlo, por lo que desde el hospital les recomendaron buscar una residencia.
Al poco tiempo, Andrés estaba internado en la Residencia Santa Fe, en Zarzalejo (El Escorial). Lo que no sabía es que un correo de una trabajadora social de La Princesa había advertido a Borja Palomo, director de Santa Fe, de que “es importante que no se le informe al paciente del coste de la residencia. La exmujer le visitará para facilitarle ropa y productos de aseo personal”, tal y como se aprecia en uno de los correos electrónicos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. Aquí comienza el calvario de Andrés.
Andrés y su pareja, Mariana.
Sandra García Gallego es la letrada que representa a la familia. Ella se hizo con el caso después de que Mariana, la exmujer pero actual pareja de Andrés, solicitara sus servicios al ver cómo la residencia se negaba a dar de alta al paciente. “Una vez que llega Andrés, la residencia comenzó un procedimiento de ingreso involuntario en el juzgado de Primera Instancia número 5 de El Escorial sin comunicar absolutamente nada ni a su pareja ni a su hija”, relata la abogada. Es decir, desde ese momento, Andrés no podía abandonar la residencia cuando quisiera.
Según ella, aunque en un primer momento de palabra les dijeron que la cuota serían 1.400 euros al mes, el contrato que firma Andrés explicita una cuantía de 1.600 euros mensuales. “Ahí aparece que, en caso de falta de pago, se podrá disolver inmediatamente el contrato sin necesidad de preaviso a la familia ni la persona interesada”, añade García. No sucedió así.
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La residencia se quiere quedar con Andrés
Mientras tanto, un médico forense evaluó a Andrés. “El director de la residencia le dijo al forense que Andrés había intentado agredir al personal con un cuchillo, pero él lo niega, no hay pruebas y ni siquiera le comunicaron esto a su familia”, dice la abogada. Lo más grave, según aduce García, es que la residencia también había comenzado un proceso de incapacitación hacia Andrés, es decir, que no pudiera tomar ninguna decisión, tampoco qué hacer con su propio dinero.
“Esto es muy sorprendente, porque desde Santa Fe le dijeron al juzgado que Andrés no tenía familia que se pudiera hacer cargo de él, cuando eso es totalmente mentira”, desarrolla la abogada. Según la Fiscalía le ha certificado a García, el mismo Borja Palomo se habría “autoproclamado tutor legal de Andrés”, en sus propios términos.
Andrés Cano, ya en su casa.
Al fin y al cabo, Andrés tan solo tendría que estar en la residencia el tiempo suficiente para que su pareja Mariana pudiera organizarse de cara a hacerse cargo de él. Si el internamiento se produjo a principios de septiembre del año pasado, en octubre la familia ya quería que Andrés volviera a casa. “Palomo, el director, les dijo que no podían sacarlo, que estaba incapacitado y que a partir de entonces el tutor legal de Andrés sería él”, comenta al respecto García.
La deuda va a más
Al mismo tiempo, la familia se endeudaba cada vez más. Llegado noviembre, Andrés había acumulado con la residencia una deuda de 5.400 euros. Las alarmas saltaron cuando desde Santa Fe se interesaron por la vivienda del paciente, tal y como afirma la defensora de la familia. Por un lado, no podían sacar a Andrés de la residencia por no tener el dinero suficiente para saldar la deuda. Por el otro, la deuda aumentaba cada día que Andrés pasara en la residencia. Mariana intentó conseguir ese dinero pidiéndoselo a familiares y a diversos bancos, pero no hubo suerte.
“Esto no se puede describir con palabras, no existen para describir la impotencia y rabia que yo he sentido. Estábamos en una posición tan vulnerable que te haces muchas preguntas, pero no hay respuestas”, dice Mariana en conversación telefónica con este medio. Desde lo sucedido, está con depresión y en tratamiento psiquiátrico. “Ahora intento asimilar que ya está en casa, pero sigo sin poder dormir ni comer con normalidad”, agrega.
García, por su parte, comenzó sus labores de investigación: “La residencia tenía engañada a la familia completamente. Le decía que Andrés no podía tener abogado porque estaba incapacitado”, apunta. Los mensajes de Palomo a Mariana no dejan lugar a dudas. Esto es lo que recoge uno de ellos: “Actualmente, tiene una deuda pendiente de las facturas pendientes de pago de un importe de 5.424,89 euros, por lo que si usted abona dichas facturas, procederemos a dar el alta a Andrés Cano y damos de baja el auto de internamiento involuntario”.
Andrés, en su casa.
La abogada no daba crédito. “Podemos estar hablando de un secuestro. No es que haya una persona con un internamiento involuntario, sino que secuestras a una persona maquillándolo así y la retienes hasta que se salde la deuda”, explica ella. Santa Fe, por su parte, quería asegurarse del pago de la deuda. En una conversación a la que también ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se aprecia cómo el mismo Palomo admite que, si le dan el alta, las familias no saldan su adeudo. Tampoco les dejaron fraccionar el pago. Según García, la respuesta ante este extremo de Palomo fue que “la gente solo paga el primer mes, se llevan a su familiar, y luego dejan de pagar”.
Llega la tan soñada alta
Ya a finales de diciembre, García se personó en el caso como abogada de Andrés. Cuando el 15 de enero la familia visitó la residencia, desde el centro les informaron de que podrían dar de alta al paciente el 1 de febrero. Pero las cosas no fueron tan bonitas como parecían. Santa Fe puso como condición pagar una cantidad al principio y que firmaran un contrato de reconocimiento de deuda. “La cuestión es que este contrato querían que lo firmara la hija de Andrés, y no él, que acababa de cumplir 18 años”, apuntilla la abogada.
A pesar de que EL ESPAÑOL ha llegado a ponerse en contacto en repetidas ocasiones tanto con Borja Palomo, director de la Residencia Santa Fe, como con la administradora de la sociedad, Irene Pradales, la entidad no ha respondido a ninguna de las cuestiones planteadas por este medio.
La deuda final asciende a 4.712 euros, una deuda ante la que tendrá que responder Andrés y no su hija gracias a la intermediación de la letrada. “Vamos a presentar una denuncia y poner todo esto en conocimiento del mismo juzgado que ha llevado desde el principio el caso de Andrés para que se dé traslado a la Fiscalía e investiguen si más personas están en la misma situación dentro de esta residencia”, enuncia García. Desde su punto de vista, se podría llegar a hablar de un delito de secuestro hacia Andrés y de coacciones hacia la mujer, Mariana.