En los noventa, Gabriele y Hans Wesenauer, un matrimonio de origen austríaco, compraron una finca con mucha solera en Orihuela: la Casa Langostina. Por aquella época, todo el mundo se preparaba para festejar la llegada del nuevo milenio. Pero aquel cambio de siglo acabó por marcar el inicio de una época muy conflictiva para esta familia porque en el año 2000, los terrenos de la finca anexa a la casa que los Wesenauer habían comprado, se incorporaron a un plan urbanístico, sin su beneplácito.
Ese fue el comienzo de una larga lucha para los Wesenauer porque 24 años después todavía siguen inmersos en ella. A lo largo de este tiempo, la familia ha hecho todo posible para recuperar unos terrenos que reclaman porque pertenecen a la Finca Casa Langostina. El terreno que centra la batalla legal de la familia es "un enorme jardín anexo a la casa en la que vivimos", según explican Gabriele Wesenauer y su hija, Rachel.
En febrero de este año comenzaron unas obras en esa parte de la finca que reclaman los Wesenauer, para construir nueve viviendas. Unos trabajos que la familia intenta detener a toda costa, y en los que denuncian que "se ha arrancado un muro de piedra viva que estaba bajo protección de la UNESCO, así como varios árboles centenarios". De hecho, madre e hija recalcan que en las obras se ha levantado "un muro que nos impide sacar nuestros tres coches a la calle: ahora están atrapados".
Un vídeo de las obras en Finca Langostina en el momento en el que una pala desmonta el muro de piedra seca.
Para frenar el inicio de las obras, Rachel y Kimberly, hijas del matrimonio que compró la finca Casa en el año 96, intentaron impedir la entrada de las máquinas. Durante su protesta, las hermanas acabaron detenidas por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Después de haber agotado todas las vías legales posibles en España, la familia ha decidido acudir a Europa. Rachel Wesenauer explica que el pasado 3 de abril presentaron una denuncia al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos: "Hemos gastado 30.000 euros solo para el escrito de Estrasburgo, pensamos que de ahí debería salir una buena solución".
-¿Cómo perdieron la finca?
-Rachel Wesenauer: En 1996, Gabriele y Hans Wesenauer, mis padres, compraron la Finca Casa Langostina con una escritura notarial sellada. Desde 1976, la Casa Langostina ha estado inscrita en el registro de la propiedad de Orihuela como urbana. Pertenecemos a una urbanización donde tenemos todos los servicios: agua, electricidad y una calle asfaltada. Planos antiguos del notario confirman la situación.
Pero la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) de la Comunidad Valenciana legalizó la expropiación de nuestras tierras. Sin una sentencia judicial, se te quita la tierra y además debes pagar los costes de urbanización. Si no puedes pagar estos altos costes, te quitan toda la parcela con la casa. En nuestro caso, esa ley se aplicó clandestinamente.
Rachel Wesenauer en Casa Langostina con uno de los potrillos que tenían en la finca antes de las obras.
La ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU) -a la que alude Rachel Wesenauer- fue una controvertida normativa que estuvo vigente en la Comunidad Valenciana hasta mediados del 2000. La propia Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo llegó a recomendar en 2005 que se dejara de aplicar la citada norma.
La familia Wesenauer denuncia que después de que la ley reguladora de la actividad urbanística fuera abolida, "se continuaron siguiendo sus reglas, como pasó con la Finca Casa Langostina". Sin embargo, el Ayuntamiento de Orihuela afirma a EL ESPAÑOL que "en ningún momento" actuó "al margen" de lo que dice la legislación.
El Consistorio oriolano explica que el procedimiento por el que ese jardín anexo de la finca que reclama la familia, se acabó incorporando a un plan urbanístico en el año 2000, "está amparado en la legislación urbanística vigente en ese momento, que cumplió con todos los requisitos y que ha sido ratificado en diferentes sentencias judiciales, por lo que no hay ninguna expropiación".
Un portavoz del Ayuntamiento insiste en defender la actuación municipal: "Nos ceñimos al acatamiento de las diferentes sentencias y resoluciones judiciales que han ido recayendo sobre este asunto, como la sentencia del 17 de febrero de 2022, dictada por la Sala Primera del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que determinó que el inmueble de la familia se incluyó en el sector PAU-25".
Kimberly y Rachel Wesenauer (ambas en el centro de la imagen) intentan impedir que los trabajadores derrumben un muro de piedra seca en la Finca Langostina.
En esta difícil tesitura legal y administrativa, Gabriele Wesenauer no ha tirado la toalla con la finca que compró con tanta ilusión, junto a su querido marido. De modo que el 27 de diciembre de 2023 mantuvo una reunión con el alcalde, Pepe Vegara; el concejal de Urbanismo Matías Ruiz, y el exalcalde, Montserrate Guillen.
-¿Llegó a algún acuerdo con el Ayuntamiento en esa reunión?
-Gabriele Wesenauer: En ese encuentro, el actual alcalde confirmó la protección histórica de la Finca Casa Langostina y me aseguró que enviaría una brigada policial durante las obras del promotor, ya que no hay licencia de construcción y si aparecen documentos: son falsos. Confiamos en sus palabras, pero hoy vemos que fue una simple táctica para engañarnos.
Rachel Wesenauer muestra una parte del patio de Finca Langostina, hoy en obras.
Víctor Gálvez es el promotor de las nueve viviendas que afectan al jardín que quiere recuperar esta familia austríaca a toda costa, como lo demuestra que han recurrido al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Gálvez llegó a ser presidente del Real Murcia en 2018 y en la actualidad es el administrador de la empresa constructora: Lideralis Empresarial en Desarrollo SL. El pasado 27 de febrero, la citada firma se hizo con los permisos y comenzó los trabajos para construir los inmuebles en el terreno de la finca que reclama la familia por su valor sentimental. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con el empresario Víctor Gálvez, pero ha declinado pronunciarse al respecto y se remite a la versión que ofrece el Ayuntamiento.
La respuesta de los Wesenauer no se hizo esperar tras el comienzo de los trabajos en febrero de este año. La familia protagonizó sonoros y repetidos intentos para frenar las obras que culminaron con la detención de las dos hermanas: Kimberly y Rachel. A pesar de todo, no se rindieron y continuaron tratando de impedir los trabajos hasta el punto de que Kimberly, junto a Gabriele, su madre, se encadenaron a una retroexcavadora.
El alcance de este problema no es baladí. La batalla se centra en recuperar el jardín y la Casa Langostina ha recibido a lo largo de estos años varias visitas de distintos representantes europeos, interesados en el caso. "El Parlamento Europeo envió 4 delegaciones a España el 6 y 7 de febrero de 2004", asegura Rachel.
Estos trabajos supusieron el derribo de un muro de piedra seca y la tala de dos árboles centenarios que se encuentran bajo protección de la UNESCO, tal y como sostiene la familia Wesenauer. "Un informe de la Universidad de Alicante, la propia ley española y la UNESCO protegen los muros a piedra seca, como este".
Pero el Consistorio de Orihuela niega tales afirmaciones. "En ningún documento a los que ha tenido acceso el Ayuntamiento ni en las resoluciones judiciales consta que haya un muro protegido por la UNESCO", según afirma un portavoz municipal.
Gabriele Wesenauer y su hija Kimberly se encadenan a la máquina retroexcavadora para detener las obras en Finca Langostina, ante la presencia de la Policía Local y la Guardia Civil.
Estos 24 años de batalla han dado para mucho. Prueba de ello es que hasta la propia Embajada de Austria, el país natal de los compradores de la Casa Langostina, también se ha pronunciado sobre el caso. Al Ayuntamiento de Orihuela y a su entonces alcaldesa, Mónica Lorente, se les notificó una carta diplomática donde se le exigía tomar medidas para "conseguir un procedimiento transparente y ofrecer el amparo necesario". La regidora popular respondió afirmando que la verdadera intención de los Wesenauer era "eludir los deberes de cesión obligatoria y los gastos de urbanización".
Ahora, la familia espera poder detener las obras a través de dos vías. De un lado, recurriendo a Estrasburgo. Y por otro lado, advirtiendo de la presencia de varios nidos de golondrinas que están protegidos por una directiva europea de aves: la Ley 42/2007, de Patrimonio Natural y Biodiversidad -Convenio de Berna-.
Madre e hija aportan un vídeo a este diario para demostrar la presencia de varios nidos en su finca, algo que ya han puesto en conocimiento de la Guardia Civil: "El SEPRONA ha hecho un escrito dirigido al juzgado, solicitando que no utilicen maquinaria pesada o retrasen las obras hasta el mes de septiembre, cuando los pájaros acaben la nidificación". Una medida que podría suponer una pequeña victoria en esta singular guerra contra un promotor para recuperar su jardín.