Homenaje a Ammal y sus dos hijos, asesinados en Las Pedroñeras (Cuenca) este pasado fin de semana.
Sólo 19 de 90.000 víctimas de violencia de género registradas en Viogen tienen vigilancia 24 horas
El número de mujeres víctimas cuyos casos están clasificados como de riesgo extremo es el mismo que el número de mujeres asesinadas en lo que va de año.
3 julio, 2024 02:35Ammal puso la primera denuncia por malos tratos en 2017. Para entonces ya había dado a luz a su primer hijo. En 2021 dio a luz al segundo, ambos hijos de su marido y maltratador. El hombre, a gritos, la había amenazado de muerte por las calles del pueblo. Ammal llevaba 10 años siendo víctima de malos tratos. Estaba registrada en el sistema VioGén, pero retiraba las denuncias, lo que propició que no hubiera sentencia condenatoria... pero sí una orden de alejamiento dictaminada por el juez. El incumplimiento de la misma era tan flagrante que el hombre vivía pared con pared con la mujer: para llegar hasta ella y descuartizarla junto a sus dos hijos solo tuvo que atravesar el agujero que una y otra vez abría en el muro medianero pese a que el hermano de la mujer procedía a tapiarlo cada vez que lo abría.
Amal y sus dos niños, de ocho y tres añitos, fueron asesinados en Las Pedroñeras (Cuenca), un pueblo de unos 7.000 habitantes, entre el jueves y el viernes de la semana pasada. Sus cuerpos no aparecieron hasta el sábado. Los ministerios de Igualdad e Interior reconocieron ayer que en este caso ha habido fallos. Porque muchas víctimas no forman parte del sistema VioGén y mueren a manos de sus parejas o exparejas sin que medien denuncias previas, como las víctimas de Fuengirola (Málaga) y Zafarraya, también este pasado fin de semana. Pero otras, como Ammal, sí lo habían hecho. Su caso estaba catalogado como de riesgo bajo, y tenía que tener seguimiento policial.
El sistema VioGén, según datos oficiales del 31 de mayo, contabilizó que en España hay 89.464 casos activos. De ellos, solo 19 tienen control policial las 24 horas por haber sido clasificados como de riesgo extremo. Hay 1 víctima en Andalucía, 3 en Asturias, 3 en Canarias, 1 en Castilla y León, 1 en Castilla-La Mancha, 5 en la Comunidad Valenciana, 1 en Galicia y 3 en la Comunidad de Madrid.
Por nivel de riesgo, en España hay 34.820 casos activos que no lo tienen, según los criterios para entrar en este sistema que depende del Ministerio de Interior. En riesgo bajo hay 39.645 mujeres; en riesgo medio, 13.560, y en riesgo alto, 1.420 mujeres. En total, y sumando a esas 19 mujeres que sí tienen protección policial 24 horas, están esos 89.464 casos activos. Son 11.798 más que hace un año, un 15,2 % más, según los datos del propio Ministerio.
En lo que va de año 19 mujeres, tantas como las protegidas policialmente día y noche, han muerto asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Junio ha sido un mes especialmente dramático. Y queda el verano, "cuando al haber más convivencia se producen más casos", cuenta Carmen Benito, presidenta de la Asociación MUM (Mujeres Unidas contra el Maltrato), de ámbito nacional.
Varios agentes de la Guardia Civil, que además son responsables del sistema VioGén en varias localidades españolas, subrayan a EL ESPAÑOL que el sistema "es una herramienta estadística y de control. Pero es obvio que hay cosas que quedan fuera. Lo que no puede ser es que se quiera controlar cosas que son incontrolables: la mente humana. No se trata de una cuestión judicial o policial: se trata de que tiene que haber más psicólogos, tanto para mujeres como para hombres. Porque hay hombres que son maltratadores con todas sus parejas, pero también hay mujeres que son víctimas de violencia por parte de todas sus parejas".
Para ellos la atención psicológica no se prevé, "excepto cuando ya hay una condena, cuando sí hay cursos. Y para las mujeres víctimas, la atención psicológica es voluntaria. La mayoría de ellas los rechazan".
Más recursos
"¿Que por qué se quitan las denuncias? Es que el primer escalafón para ser consciente de que se es víctima es recibir asistencia psicológica", subraya una de las agentes consultadas. Cuando los malos tratos suceden en el ámbito rural, "más que en las grandes ciudades", es mucho más difícil salir del círculo. "Es difícil acceder a la cobertura psicológica, a la legal, a la vivienda... explica Benito. "Tomar la decisión es mucho más difícil. Y más cuando se tienen hijos".
Cuando las mujeres llegan a la asociación, "ya están en la fase final. La Ley de Violencia de Género es fantástica, pero faltan muchos recursos. Cuando llegan a nosotras, el 90% pide asistencia psicológica a gritos. Pero la asistencia que facilita el Gobierno es de una sesión al mes, si es que te corresponde". En un pueblo pequeño, como el de Ammal, recibirla únicamente una vez al mes supone desplazamientos, coche, dejar a los hijos.
Asistentes a la concentración en repulsa del doble asesinato cometido en Zafarraya el pasado fin de semana.
La asistencia psicológica, incide, "es fundamental. Porque tienen que salir de ese enganche emocional: no hables, no cojas el teléfono, cámbiate de acera cuando lo veas. Por eso vuelven una y otra vez. Si no hay recursos, todo lo que hay es un parche. Por eso no desciende el número de víctimas ni de asesinatos. Hay que poner más medidas y hay que incrementar los recursos".
Porque un hombre, para matar, "tiene muy fácil saltarse la orden de alejamiento", denuncia Carmen Benito. Subraya que hay "muchísimos casos" en los que las víctimas "viven al lado de sus maltratadores. El caso de Cuenca es... ese hombre no tendría que estar en el pueblo. Tendría que haber sido denunciado".
A su juicio, lo que la situación actual está provocando es "que una mujer pueda pensar que es peor el remedio que la enfermedad y que para qué va a denunciar. Porque luego, ante el juez, escuchan que no tienen el cuello lo suficientemente rojo cuando está denunciando que la ha intentado estrangular. De la violencia psicológica, por supuesto, olvídate. Es dificilísimo de probar. ¿Denuncias falsas? Pocas, un porcentaje bajísimo. Una denuncia falsa la detecta perfectamente una psicóloga forense".
-¿Hay fallos en el sistema VioGén?
-Claro. Por eso el Gobierno ha aumentado el tiempo de seguimiento de los casos.
Lo asevera otra fuente, perteneciente a la Guardia Civil. El pasado 8 de marzo el Ministerio de Interior introdujo, mediante una instrucción, una nueva modalidad en el VioGén: la inactivación supervisada, que fija mecanismos de control policial durante un periodo de seis meses, prorrogable a un año. Se busca impedir la inactivación completa del caso en supuestos de alta complejidad o en los que en algún momento se haya detectado un riesgo cualificado.
¿Y cómo se evalúa una situación de riesgo para formar parte del sistema VioGén? "Cuando se instruye el atestado", responde una fuente policial. Carmen Benito sostiene que para entrar en riesgo máximo "tiene que haber amenazas de muerte, ya tiene que haber habido violencia física. Si le da una paliza y la manda al hospital. Cuando se teme por la vida de la víctima".
Independientemente de si hay condena o no, y de si se está en riesgo máximo, en el juzgado las medidas cautelares pueden ser alejamiento y también que el agresor pueda estar localizado mediante un dispositivo telemático. "Lo pide, o no, la Fiscalía. Es el juez quien determina si se pone o no", puntualizan fuentes policiales.
Según los últimos datos del Boletín Mensual Estadístico de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, correspondientes al mes de junio, en España hay actualmente 4.475 mujeres que viven con una pulsera telemática que geolocaliza a su maltratador, quien porta otra. Si sus agresores se saltasen la orden de alejamiento, ellas reciben un aviso y pueden ponerse a salvo mientras llega la policía.
"Está muy bien la educación y la concienciación", ultima Carmen Benito. "Pero la concienciación y la educación son efectivos a 30 años. Lo que se necesita en el presente, para las que estamos aquí, son más medios".
