'Caso Carrillo': así confesó el líder de Acción Murcia que extorsionaba al estilo de ETA a empresarios

"Soy el individuo que aparece con pasamontañas y guantes, y con la voz distorsionada, en un vídeo publicado en el perfil de Facebook de la Plataforma Ciudadana de Resistencia, el 19 de febrero de 2022, titulado: 'Licitaciones a dedo', motivado tras la prolongación del estado de alarma, por los contratos que se establecían sin regulación, control o a dedo".

Tal confesión forma parte de la declaración de Juan Antonio Carrillo en una Comisaría de Policía Nacional. Corría el 11 de junio de este año y el fundador del extinto partido regionalista Acción Murcia acababa de ser detenido por la Brigada Provincial de Información, por exigirle 100.000 euros al dueño de una empresa especializada en equipos de protección, seguridad e higiene laboral, y que a juicio de este político, se había beneficiado a dedo de uno de esos contratos por la pandemia de coronavirus.

EL ESPAÑOL ha accedido al atestado policial donde se analiza la actividad que Juan Antonio Carrillo desarrollaba con la Plataforma Ciudadana de Resistencia (PCR) y el Grupo de Acción Ciudadana (GAC), tras haber mordido el polvo en las elecciones municipales de 2019, al no obtener representación ni en Totana ni en Cieza: los dos únicos ayuntamientos en los que presentó candidatura su partido Acción Murcia. La Brigada de Información se pronuncia con contundencia después de visionar el contenido de los mensajes en redes sociales de este político, al que atribuyen "una ideología radical" -próxima al anarquismo-.

"Se puede concluir, igualmente, que la pretensión del detenido Juan Antonio es generar la tradicional bicefaliaa, común en algunos grupos de naturaleza terrorista, entre rama o vertiente política o civil, y rama militar o armada, con funciones claramente diferenciadas. Mientras que la Plataforma Ciudadana de Resistencia tiene la tarea de movilizar a la sociedad civil y difundir un argumentario que justifica la violencia política, la función del Grupo de Acción Ciudadana es llevar a la práctica la 'expropiación económica', mediante el uso de la amenaza y la intimidación".

Tanto es así que la familia del empresario de este supuesto episodio de extorsión prefiere mantener su anonimato. "No ha sido un delito de sangre porque no le ha dado tiempo", tal y como asegura la esposa de la víctima. "Esperamos que haya Justicia", apostilla la mujer, debido a que esta semana se celebrará una comparecencia en los juzgados donde se decidirá si Juan Antonio Carrillo Ruipérez (Murcia, 1967) continúa en prisión provisional, después de que su abogado defensor, Jorge Novella, solicitara la puesta en libertad del político mientras culmina la instrucción judicial. 

Las afirmaciones de la familia del empresario extorsionado se deben al contenido del atestado al que ha accedido EL ESPAÑOL y donde la Brigada de Información también establece otra similitud entre el modus operandi de Juan Antonio Carrillo y las organizaciones armadas: "Comparte la estrategia de los grupos de naturaleza revolucionaria o terrorista, al exigir una expropiación económica, a modo del 'impuesto revolucionario' exigido por algunas bandas terroristas (ETA o GRAPO)". 

A tal conclusión llega la Policía Nacional tras escuchar la declaración que ofreció este político en Comisaría y donde confiesa que venía siguiendo a dos familias de empresarios de la Región de Murcia, pero que finalmente optó por el industrial molinense tras analizar subvenciones relacionadas con el Covid: "Cotejé y obtuve información de que había realizado unas ventas al Servicio Murciano de Salud con unas comisiones excesivas en el periodo del estado de emergencia y sin control alguno. Es entonces cuando decido emprender dicha extorsión en nombre de GAC [Grupo de Acción Ciudadana]". 

Carrillo detalla que el 14 de abril de 2024, entre las seis y las siete de la mañana, se presentó en el domicilio familiar del empresario, para dejarle una misiva amenazante: "Introduje dicha carta en el buzón de la familia 'X', reclamando 100.000 euros [...]".

El contenido del sobre era una declaración de intenciones, al estilo de ETA, ya que en su interior había un cartucho del calibre 9 milímetros Parabellum y 13 fotos en blanco y negro con los seguimientos a los que había sometido tanto el matrimonio -como a sus dos hijas- durante sus vacaciones de Semana Santa en Riópar (Albacete). Incluso envió imágenes de la pequeña de la casa, acudiendo al instituto, o de su hermana mayor, en el aparcamiento de la Universidad Católica de San Antonio de Murcia (UCAM).

La carta estaba fechada el 3 de abril y en la parte inferior aparecía un sello de color azul, con la inscripción GAC [Grupo de Acción Ciudadana], junto a la silueta de la Región de Murcia, con una cobra en su interior, y una frase en latín: 'Ubi concordia ibi victoria' ['Donde hay unión está la victoria']. La misiva dejó atemorizado al empresario, a su esposa y a sus dos hijas, ya que le exigía 100.000 euros, por haberse beneficiado de uno de esos contratos que adjudicó "a dedo" la Administración durante la pandemia, tal y como el propio Juan Antonio Carrillo venía denunciando desde 2022 en el vídeo que ilustra este reportaje.

"Estimado Señor/Señora, después de la documentación aportada por nuestro servicio de información, el mismo concluye que ha estado implicado en la obtención de remuneración económica de las arcas de fondos públicos, de forma ilícita o de dudosa moralidad, incurriendo en un hecho de malversación de fondos o bien de apropiación indebida, según nuestros criterios, ya sea por mediar en licitaciones, contratos, u otros, constando usted, o alguno de sus cercanos, como beneficiario de cualquiera de estos privilegios (Covid-19)".

"Tras analizar estos hechos hemos llegado a la conclusión de imponerle la ejecución de una expropiación económica por valor de 100.000 euros. En un breve espacio de tiempo se le darán instrucciones con el fin de cómo, cuándo y dónde realizar el pago. El plazo de entrega lo determinará el mediador […]. El desistimiento de realizar el pago o el llevar a cabo cualquier comunicación a las autoridades, conllevará el emprendimiento de acciones no legales contra usted, su familia o cualquiera de sus intereses personales o mercantiles", tal y como advierte la misiva.

Las instrucciones que reflejaba la carta se cumplieron: la esposa del empresario recibió una llamada el 9 de mayo. Al otro lado del teléfono había una persona que se hacía llamar 'Chay' y que hablaba en nombre de los extorsionadores. Por aquel entonces, el empresario ya había recurrido a la Policía Nacional y toda su familia tenía pinchados sus móviles, para que los investigadores pudiesen cazar al autor o autores de este caso que recordaba a la etapa más sangrienta de ETA, cuando cobraba un impuesto revolucionario a industriales del País Vasco para financiar sus atentados.  

El atestado expone la artimaña que utilizó el otrora político regionalista para hacerse con el móvil de la mujer de la víctima: "Particularmente laborioso y preparado es que Juan Antonio, tras recibir una carta del Servicio Murciano de Salud, para someterse a una revisión rutinaria de detección de cáncer de colon, manipuló dicha carta. Borró sus datos, incorporó los de la víctima y como teléfono de contacto de solicitud de la cita para la mencionada prueba, aportó un número de abonado que él poseía, para así poder hacerse con un teléfono de contacto de la familia".

La esposa de la víctima picó. Llamó para responder a esa carta falsificada del Servicio Murciano de Salud, para pedir una cita médica para su marido, y Carrillo pudo hacerse con un teléfono de contacto. Luego se hizo pasar por Chay -como él mismo admitió en la Comisaría de Policía Nacional- para iniciar la negociación y así cobrar los 100.000 euros que reclamaba en la misiva amenazante del 14 de abril, a cambio de que no le pasara nada a ningún familiar del empresario.

- Chay: Buenos días, señora 'X'.

- Mujer empresario: Sí, dígame. ¿Quién es?

- Chay: Quería hablar con usted para informarle de dos cosas muy importantes. Una: yo soy el intermediario. Otra: este número de teléfono es el que voy a usar con usted. [...] Tiene que estar tranquila, usted y su familia.

- Chay: Cuando me llaman para entrar en esta negociación, mis primeras condiciones que pongo con esta gente es que no se haga nada, ni se mueva nada, ni se realice ningún seguimiento, ni se haga nada de nada, para yo poder entrar y hablar [...]. Ellos no saben negociar, ni saben nada, ellos saben hacer lo que es su trabajo […].

- Mujer empresario: ¡Ah! Su trabajo, claro, bueno es trabajo, me parece genial su trabajo. Extorsionar...

- Chay: Bueno, es su trabajo.

- Mujer empresario: Me parece que es una poca vergüenza, extorsionar, extorsionar [...]. Por qué no le piden dinero al de El Pozo, por ejemplo.

- Chay: 'Pos' seguramente se lo pedirán también.

La conversación entre el portavoz de los extorsionadores y la mujer del empresario no fue precisamente amistosa. De todo tomó nota la Brigada Provincial de Información que ya tenía en la diana a Juan Antonio Carrillo, debido a que había cometido errores de bulto desde que en mayo de 2023 comenzó a seguir a su objetivo. Prueba de ello es lo ocurrido en Riópar donde una amiga de las hijas del empresario, se percató de que desde un Renault Clio, de color blanco, "salía una mano con una cámara de fotos", que las estaba fotografiando mientras que ellas estaban en la calle.

De modo que los investigadores peinaron todas las cámaras de seguridad de este pueblo albaceteño, próximo a los espectaculares chorros del río Mundo, y localizaron grabaciones del turismo sospechoso en una gasolinera y cerca de una sucursal bancaria. A continuación, analizaron las cámaras que la Dirección General de Tráfico tiene habilitadas en las carreteras y descubrieron que una de ellas filmó la matrícula del famoso Renault Clio, el 29 de marzo, cubriendo el trayecto Riópar-Murcia.

Esa matrícula destapó la trama: "Realizadas comprobaciones con dicho vehículo, el titular del mismo es la empresa Ecolevante, siendo el administrador de dicha empresa y usuario del vehículo, el ahora investigado Juan Antonio Carrillo Ruipérez". Este Renault Clio también fue registrado por las cámaras del parking de la UCAM, el 9 y 12 de abril, justo dos días antes de que apareciese la carta amenazante en el buzón del domicilio del empresario, acompañada de una bala y de varias imágenes, entre ellas, de su hija mayor acudiendo a la Universidad Católica de San Antonio.

Estaba cantado el arresto del político que fundó Acción Murcia, con un discurso regionalista, pero que en los últimos años se radicalizó. Así lo demuestran estos apuntes de la Brigada de Información tras analizar las publicaciones en Facebook de la Plataforma Ciudadana de Resistencia (PCR) y el documento fundacional del Grupo de Acción Ciudadana (GAC) que se define como "una organización civil, armada e independiente, cuyo objetivo es plantar cara a aquellos que expolian continuamente nuestras arcas".

De hecho, los investigadores relacionan los contenidos de PCR y GAC con las aparentes motivaciones de Juan Antonio Carrillo, para exigir 100.000 euros al dueño de esta firma especializada en equipos de protección laboral.

"En un análisis de las publicaciones en el perfil de PCR Murcia, se observa como la práctica totalidad de publicaciones son beligerantes contra el Gobierno de la Región de Murcia y los dirigentes autonómicos y locales del Partido Popular, partido al que se le acusa en muchas publicaciones de realizar prácticas corruptas habituales en lo que respecta a las licitaciones y contrataciones públicas".

"Igualmente, pone en el foco de su crítica a empresarios que contratan con la Administración pública, a algunos de los cuales sitúa bajo una diana. Se constata que un tema muy repetido en las publicaciones de PCR es todo lo relacionado con las licitaciones y contrataciones públicas a empresas".

El Grupo de Acción Ciudadana también mostraba un discurso duro contra el empresariado que trabaja para la Comunidad Autónoma: "En el primer documento de GAC, vemos que sitúa como objetivo de la 'organización armada' a los empresarios que contratan con el Gobierno regional, y por tanto, a las licitaciones públicas de las cuales se 'lucran ostentosamente', pidiendo para ellos una 'expropiación económica', expropiación exigida al propietario de la mercantil [al que extorsiona]...".

"La licitación y la contratación pública es, a juicio de esta instrucción, el principal objetivo o el tema más recurrente de la plataforma PCR, y es también el motivo principal por el cual el grupo GAC exige 100.000 euros a la empresa 'X' [...]".

Cuando la Policía Nacional entró en la casa que tiene el político en la pedanía murciana de Sangonera la Seca encontraron un arsenal distribuido por toda la propiedad, por tres cobertizos y en una caja fuerte. Había artefactos explosivos de fabricación casera que contenían tornillos y tuercas como metralla; un rifle semiautomático; una pistola del calibre 9 Parabellum; una escopeta carabina; una pistola marca Valtron; una placa de la Guardia Civil; 889 cartuchos de diferentes calibres... 

La Brigada de Información también halló un par de balizas de geolocalización que utilizó para hacer los seguimientos a la familia del empresario; un móvil Alcatel con el que telefoneó el 9 de mayo a la esposa del industrial; el sello que figuraba en la carta amenazante del 14 de abril; un dispositivo para distorsionar la voz; documentación relativa a subvenciones concedidas a empresas por parte de la Administración regional…

Tal era la cantidad de evidencias que Juan Antonio Carrillo comenzó a confesar: "Soy el fundador y presidente de la Plataforma Ciudadana de Resistencia desde el 2020 y su objetivo ha sido señalar a políticos y empresarios corruptos. La plataforma fue creada con la intención de presionar contra las injusticias ".

"Del mismo modo, reconozco la creación del Grupo de Acción Ciudadana como medio de presión sobre empresarios que se han podido enriquecer mediante licitaciones sin control alguno", según prosiguió admitiendo Juan Antonio Carillo.

También detalló que las tarjetas SIM que había utilizado para los dispositivos electrónicos GPS, se las compró a un marroquí que se ponía en la esquina de un Cash Converter: "Reconozco que desde mayo del 2023 he estado de manera más o menos constante, siguiendo y vigilando a toda la familia del denunciante y que para facilitar mi 'trabajo' he utilizado dos dispositivos con tecnología GPS, para tener balizadas a las víctimas durante el seguimiento y control al que han sido sometidas".

La investigación de la Policía Nacional se saldó con otros tres detenidos, a los que Carrillo no acusa de participar en esta extorsión durante su declaración en sede policial. Se trata de un compañero de trabajo, J. R. M. (Sevilla, 1986); del secretario de la Plataforma Ciudadana de Resistencia, R. D. R. (Pontevedra, 1967), y del testorero de la citada plataforma, J. M. M., (Argentina, 1955), estos dos últimos con antecedentes.

Durante el registro, se intervinieron numerosos cohetes, tantos como para hacer una buena mascletà. Además, en la parcela de la casa, los agentes encontraron restos de metralla de detonaciones que había realizado con artefactos de fabricación casera y que eran similares a los explosivos que se incautaron para que los TEDAX los analizasen. 

"El motivo por el que almaceno tanta munición y artefactos explosivos caseros, es porque mi padre era pirotécnico y desde pequeño me ha gustado esa afición", tal y como se justificó Juan Antonio Carrillo ante la Brigada de Información. Pero no coló. Y por eso ingresó en prisión este político que en la actualidad se ganaba la vida asesorando en la instalación de alarmas y cámaras de vigilancia y al que su hija apodaba 007.