"He sido buen cliente para no ser pillado", así empieza Luis, nombre ficticio para un soriano de 45 años, su relato. Ha pedido a EL ESPAÑOL no ser identificado. Vino a Madrid en 2022 a buscar trabajo y solo encontró por horas. Como no le daba para vivir, buscó otras alternativas. Usaba los coches compartidos para hacer de 'cunda'.
El soriano alquilaba los coches desde una aplicación de diferentes empresas que ofrecen los servicios de 'carsharing' y los usaba para sus 'trapicheos' (como venta menuda de droga). Los jueves y viernes tenían más movimiento. Podía transportar de dos a cuatro personas por viaje, una ida y vuelta.
La comunicación entre Luis y 'sus clientes' se ejecutaba por mensajes de chat y teléfono. Dependiendo de la persona, cobraba entre cinco o diez euros. Solía recogerlos en zonas cercanas a estaciones de metros, como Atocha, Embajadores, Sierra de Guadalupe, Plaza Elíptica o Villaverde, a partir de las seis de la tarde.
El soriano llevaba a sus 'clientes' a lugares como la Cañada Real, San Cristóbal, Orcasitas, Villaverde y Pan Bendito, en la provincia de Madrid. Zonas consideradas peligrosas, donde la delincuencia y las peleas están a la orden del día. Las empresas de coches compartidos que operan en Madrid son cinco.
"Pagaba mis facturas después de cada viaje y evitaba dar problemas a las compañías, para pasar desapercibido. Antes de devolver los coches, los limpiaba un poco por dentro, quitaba las 'chustas' y los restos que alguien dejaba", explica Luis.
Luis se considera una persona 'espabilada', pero a la que la vida no le ha tratado muy bien. Sus padres, jubilados, no tenían ni idea de a lo que se dedicaba su hijo en Madrid. Durante seis meses lo compatibilizó con un trabajo parcial de los que iba encontrando.
Intercalaba la utilización de vehículos de diferentes empresas de carsharing para no ser localizado y no llamar la atención. Luis cuenta que hace un tiempo conoció una persona, que ahora es su pareja, a partir de lo cual dejó este negocio. Ella le ayudó a encontrar otro tipo de trabajo estable y se marchó a Sevilla.
Los perfiles falsos y carreras ilegales
Los actos ilícitos, como reservar los coches por minutos y quedarse varios días sin avisar a la empresa, dejar facturas pendientes, o hacer carreras ilegales con ellos, empaña la función y la misión para la que los 'carsharing' han sido diseñados.
Según ha podido confirmar este periódico con un extrabajador de una de las compañías de carsharing, que prefiere no ser identificado, cuenta que hay perfiles de personas que han incurrido en faltas que infringen los términos y condiciones, de forma leve hasta grave.
Entre los casos leves, aparecen menores, que no tienen la edad suficiente para conducir, por lo que se registran en las aplicaciones con los documentos de sus padres o abuelos.
Para hacer el selfie, le toman una foto al familiar titular del documento. Si son rechazados por la empresa, lo siguen intentando varias veces, hasta conseguir ser sean validados por el sistema.
Muchas veces el objetivo es celebrar carreras ilegales. Suelen ser jóvenes que se acaban de sacar el carné de conducir y tienen entre 18 y 20 años. Como si se tratara de un 'juego', juntan a un par de personas y se van a zonas sin tráfico para correr con los coches alquilados.
Por ejemplo, puede ocurrir que no se detecte que los coches alquilados se han utilizado para celebrar dichas carreras. Basta con que no ocurra ningún percance y los dejen bien aparcados e intactos.
Pero las infracciones no siempre son leves. También suceden hechos graves. Un extrabajador de estas empresas de movilidad recuerda que en alguna ocasión vandalizaron un coche de carsharing en la Cañada Real.
La última persona que lo usó lo había dejado aparcado allí, reventaron las ventanas y pincharon las ruedas. Se tuvo que rescatar el vehículo con ayuda policial porque es una zona peligrosa de difícil acceso. Desde la empresa, se pasaron los cargos económicos al usuario y bloquearon la cuenta.
El delito y la infracción
El objetivo fundamental de los coches compartidos es ofrecer a las personas una opción sostenible para que se desplacen de manera óptima con comodidad y bajo coste, ya sea para ir a trabajar, salir de paseo en familia, o simplemente para moverse por el centro de la capital.
Fuentes de la Guardia Civil explican a EL ESPAÑOL que no pueden detener a una persona por hacer de cunda porque no es delito; es decir, a menos que se encuentren grandes cantidades de droga dentro del coche. O que, por alguna razón concreta, exista previamente una denuncia interpuesta por empresas por utilización ilícita del vehículo.
"Se considera una infracción, pero no detenemos a una persona por esto a menos que se encuentre algo sospechoso en un control de carretera por ejemplo", aclara la Guardia Civil.
Falsificar documentos, suplantar identidades, robar, portar altas cantidades de droga, es un delito, con pena de cárcel, al violar la ley y amenazar la seguridad del bienestar de una sociedad, según el Código Penal.
En el caso de las carreras ilegales, si no son detectados en el momento de producirse, las empresas solo lo notan cuando cambian los neumáticos y en el corto tiempo que tardan en deteriorarse.
“Para poder detener a una persona que hace mal uso de este tipo de coches sin conductor, es necesario una denuncia formal previa por parte de la empresa, ya sea porque se ha producido un siniestro al conducir el vehículo, o porque haya sido robado o al haber detectado que se ha cometido una operación fraudulenta”, explica la Guardia Civil.
Según el Plan Nacional de Drogas, la mera posesión de drogas por sí sola no es constitutiva de delito. La infracción es una falta a la ley de menor gravedad. Puede acarrear una sanción económica, o una llamada de atención por la autoridad. Por ejemplo, cuando se realizan carreras ilegales o utilizan los vehículos de carsharing como taxi.
Mientras un usuario pague su factura, da igual el motivo de sus desplazamientos. La empresa no tiene motivo suficiente para denunciar. Si dejan impagos por montos inferiores a 400 euros, solo pueden bloquear su cuenta para que no vuelva a hacer reservas. Si es superior a ese importe la denuncia sí será válida.
Esa es la vulnerabilidad que padecen las empresas, razón por la cual los 'clientes trampa' se aprovechan de la situación. Para utilizar un vehículo basta con registrarse en las aplicaciones telemáticamente. Así se pasa el primer filtro.
Las empresas que operan desde 2015 en Madrid son nueve. En 2023 en España había 3.900 vehículos de carsharing. Realizaron más de cuatro millones de viajes, según los últimos datos del estudio de la Asociación de Vehículos Compartidos en España (AVCE) y explicación de su presidente David Bartolomé.
La Operación 'Evoiko'
El pasado 16 de julio de 2023, en una operación denominada 'Evoiko', la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil desmanteló una red criminal de explotación sexual, estafas, robos, ventas de drogas que actuaba en la zona madrileña del barrio de San Fermín, cerca de Caja Mágica, en Madrid. Allí se encontraba el 'piso franco' de la trama.
La investigación comenzó con la detección de su 'modus operandi'. Los delincuentes captaban personas a través de páginas online de contactos sexuales. Las invitaban a un piso en Madrid con la promesa de encuentros íntimos. Una vez en el lugar acordado, las víctimas eran drogadas y, ya en estado de sumisión, ponían en acción la siguiente parte de su plan: el robo de las identidades.
En este caso, usaban documentación doblada, es decir, buscaban alguien con características parecidas a las víctimas para cambiar datos, como nombres, apellidos y fechas. Del original, podían sacar cuatro o cinco identidades. Ponían su rostro con programas informáticos.
Durante más de dos años hicieron el seguimiento a estos delincuentes, relata el jefe del Sector de Madrid de la Agrupación de Tráfico y la Unidad de Investigación a EL ESPAÑOL.
Los integrantes de la banda usaban también motos de alquiler y estafaban con tarjetas bancarias de sus víctimas. Estaban profesionalmente organizados. Para no levantar sospechas, rentaban los carsharing varias veces al día con nombres de diferentes personas y pagaban las facturas con las tarjetas que robaban.
"Cuando los delincuentes hacían carreras no permitidas en la zona de Ensanche de Vallecas, por ejemplo, y tenían siniestros, al ser documentación falsa no se podía localizar", señala el agente de la Guardia Civil.
Estas delictivas actuaciones causan pérdidas económicas para las empresas de los vehículos y un peligro para la seguridad pública. La red criminal estaba integrada por cinco hombres y una mujer, todos españoles, con edades comprendidas entre 25 y 40 años.
Los agentes de la Guardia Civil hablaron con los representantes de las empresas y detectaron e identificaron ese 'modus operandi'. Solicitaron información. Todas las empresas presentaron sus denuncias formales, ya que sin una denuncia los agentes no podían hacer su trabajo.
La Guardia Civil consiguió pruebas de cómo se movían en estos vehículos y de cómo los utilizaban para no ser fácilmente identificados.
Al grupo criminal se le imputan alrededor de 300 delitos. Operaban en varios puntos de España. Sus miembros llevaban una vida como cualquier ciudadano común para pasar desapercibidos. El caso está en los Juzgados de Plaza Castilla de Madrid.
Las autoridades señalan que puede haber más casos de utilización ilegal de estos alquileres 'carsharing'. Han encontrado un hilo del que pueden tirar para nuevos descubrimientos, pero no pueden dar pistas a los delincuentes para que no cambien la forma de operar.
El punto de vista jurídico
Desde el aspecto legal, el letrado Jesús Galán, del bufete Rubí Blanc, precisa que algunas empresas de movilidad compartida se han dirigido a su despacho para solicitar asesoría relacionada al cumplimiento normativo y responsabilidades penales cuando hay hechos ilícitos cometidos a través de los vehículos.
La problemática recurrente es la documentación. Por eso se recomienda trabajar en la prevención y asegurar al cliente la mejor experiencia posible. Un gran aliado sería usar programas más seguros, con inteligencia artificial para la verificación de datos y la trazabilidad de los pagos y movimientos de vehículos.
Dentro de lo que permite la ley, se recomienda detallar en los contratos los términos y condiciones. Lo importante es que la empresa cumpla todo lo que está escrito y pueda aportar toda la documentación posible cuando las autoridades lo requieran. Pero, en ningún caso, serán ellos los responsables de los actos cometidos por el cliente.
Identificación de perfiles
Una de las empresas que prefiere guardar el anonimato destaca la importancia de la valoración manual de los perfiles, como complemento, más allá del sistema informático. Un equipo de trabajadores puede identificar detalles de determinado tipo de clientes.
Cuando surgen este tipo de casos, buscan si existen más vínculos a esa cuenta, ya sea por correos electrónicos o números de teléfono, si son imágenes compartidas, selfies o algo que pueda levantar sospechas, en esos casos, se intenta contactar con esas personas y hacer verificación telefónica.
“En el caso del uso incorrecto del alquiler, mientras no dejen rastros, no hay manera de saber su finalidad. Los coches no llevan cámaras interiores porque está prohibido. Si puede haber ocurrido que lo utilicen para fines no legales, como ir a poblados donde se venden sustancias ilegales, solo se sabrá si ocurre algún siniestro”, insiste una fuente de esta empresa.
"Cuando hay infracciones como las de tráfico, se identifica a la persona que hizo el desplazamiento con fecha, hora y lugar del hecho. Se le notifica y se pasan los cargos correspondientes. El organismo encargado de enviar la multa al domicilio que tiene registrada la compañía de carsharing es el Ayuntamiento", añade.
Recomendaciones del experto
El español experto en ciberseguridad, Juan Ma Perals, conocedor de la temática de este tipo de movilidad, recomienda al sector implementar acciones como:
1. Verificar más exhaustivamente la documentación, mediante sistemas de seguridad online. Sería importante cotejarlos con las bases oficiales como la DGT.
2. Cuando una persona solicite un registro, se podría consultar a la Agencia de Protección de Datos (AEPD), que es un ente regulatorio de supervisión y vigilancia, así como el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), ya que, este 'modus operandi' del delincuente no deja de ser una estafa y compromete la seguridad.
3. Hay empresas de otros sectores que ya implementan la firma digital en el proceso de registro, eso sería un filtro seguro.
4. Existen software que con inteligencia artificial pueden detectar si los documentos son verídicos, para evitar la suplantación de identidad, sin incumplir ninguna normativa, no almacenan datos, es un análisis inteligente.
5. La biometría se puede usar con el programa 'Persona', que lee y analiza las identificaciones.
El crecimiento del sector de la movilidad compartida se acelerará los próximos años y estudiar las estrategias para mejorar los protocolos de seguridad generará más confianza en sus usuarios y la optimización en la calidad del servicio.
Reducir la contaminación con los vehículos eléctricos, ser económicos y descongestionar el tráfico en la ciudad, son los propósitos de este tipo de servicio. Al ser un mercado apetecible para invertir, requiere cuidar los francos vulnerables como los casos presentados en este reportaje.
Este reportaje pertenece a la serie elaborada por los alumnos del Máster de Periodismo de EL ESPAÑOL y la Universidad Camilo José Cela, en su 1ª edición. Una investigación de semanas realizada para sus Trabajos de Fin de Máster.