La doble suerte de los menas a los 18: el 60% tiene trabajo y el resto, o se va o está en exclusión
Tras la reforma del Reglamento de Extranjería los extutelados se integran más, aunque dependen de programas de acompañamiento dispares entre CCAA.
24 julio, 2024 02:00Después de la modificación del Reglamento de Extranjería en 2021, la suerte de los menores extranjeros no acompañados (menas) cuando dejan de serlo ha cambiado radicalmente en España. Antes de esa reforma, un mena que cumplía 18 años tenía un permiso de residencia pero con el que no podía trabajar. Para renovarlo, tenía que acreditar sus propios medios de vida, lo cual, en la mayoría de los casos, sin permiso de trabajo, provocaba que terminasen en situación irregular.
Sin embargo, con la introducción de esa reforma, los extutelados pueden mantener, pasada la mayoría de edad, un permiso laboral que se les concede de los 16 a los 18 años, a partir de cuando llegan. Esto implica que, con trabajo e ingresos, pueden renovar sus permisos de residencia hasta vivir cinco años de forma legal en España, lo cual allana el camino para permisos de mayor duración sin pasar por situaciones de irregularidad.
En plena polémica por la reubicación en las diferentes comunidades autónomas de los 6.000 menas de Canarias y después de que Junts, PP y Vox tumbasen este martes la reforma de la Ley de Extranjería con el fin de dar luz verde a un reparto solidario, la situación de quienes pasan por la tutela de las comunidades ha cambiado profundamente desde la reforma del Reglamento.
Según datos del Ministerio del Interior, a 31 de diciembre de 2023, el 60% de los exmenas tutelados en España con autorización de residencia estaban en alta laboral en la Seguridad Social. "Ganas de trabajar no les faltan", dice Jordi Salvia, de la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA), que entre sus principales labores está el acompañamiento de jóvenes extutelados en sus primeros años tras la mayoría de edad.
Según la FEPA, en España hay todos los años 4.000 jóvenes tutelados que cumplen la mayoría de edad y que entran en sistemas de protección. En total, desde que existen estadísticas, hay entre 25.000 y 30.000 exmenas en todo el país.
El 40% restante no trabaja, o bien porque está en itinerarios de formación, o bien porque se han terminado yendo del país o se encuentran en una situación de exclusión social. Para reducir este porcentaje, para organizaciones como la FEPA es "esencial" que se cumplan y mejoren los programas de acompañamiento a la emancipación de cada comunidad autónoma.
Estos programas son diferentes medidas que varían entre cada comunidad, como ayudas económicas a través del ingreso mínimo vital, formación, pisos en los que los extutelados puedan vivir o seguimiento por parte de trabajadores especializados. Los programas de acompañamiento se suelen prolongar de los 18 a los 23 años, cuando se considera que los exmenas ya pueden valerse por sí mismos y están integrados en la sociedad.
La realidad, sin embargo, es que, mientras hay comunidades autónomas con planes integrales y efectivos para este período post mayoría de edad, como es el caso de Cataluña o la Comunidad de Madrid, otras tienen las medidas sobre el papel, pero el acompañamiento termina siendo casi nulo.
"No hay una ley que obligue a las comunidades autónomas a tener sus propias políticas de emancipación que en algunos casos son inexistentes. Existe mucho margen para la mejora", asegura Salvia.
Esto también es un elemento de tensión para aquellas comunidades que mejores programas tienen, porque son las que al final reciben más menas, dado que les ofrecen mejores perspectivas de futuro.
"Emancipación forzosa"
El recorrido de un mena en España comienza con su llegada al país siendo menor de edad. Por ley, las comunidades autónomas tienen que hacerse cargo de su tutela y documentarlos con el fin de que puedan obtener un permiso de residencia y de trabajo simultáneos. Sin una estadística clara, Igor Sánchez Álvarez, de la Fundación ISOS, también encargada de ayudar a jóvenes en riesgo de exclusión a abrirse paso en la edad adulta, afirma que "un 99% terminan teniendo este permiso".
Los casos en los que no se produce la documentación suelen darse por menores que están muy cerca de la mayoría de edad y a la administración no le da tiempo de tramitar su documentación, con lo cual, estos jóvenes pasan a la situación irregular de cualquier migrante mayor de edad que ha llegado a España de forma ilegal. No obstante, son una mínima excepción.
La duración de estos permisos iniciales tiene una duración que varía también según la comunidad autónoma de acogida. Por ejemplo, en Madrid, es de dos años, y éstos se cumplen en su totalidad, independientemente de que los tutelados pasen de la mayoría de edad. "Es decir, que si un menor recibe el permiso a los 17 años, lo mantiene hasta los 19", explica Sánchez.
Lo que cambia con la mayoría de edad es que los jóvenes pasan de la tutela al acompañamiento hacia la emancipación. En este nuevo estado, tienen que conseguir un trabajo que acredite que pueden subsistir en España por sus propios medios para poder renovar sus permisos de residencia y trabajo. Normalmente, la referencia es la totalidad del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), fijado en 600 euros mensuales.
"Normalmente, de los 18 a los 23 años se producen dos renovaciones del permiso, siempre con un contrato de trabajo de por medio. Una vez pasan cinco años de residencia legal en España, obtienen ya un permiso de larga duración", explica Sánchez. Con la reforma del Reglamento de Extranjería de 2021, las condiciones para acreditar un trabajo también son más "laxas y comprensivas" con la situación de cada joven.
Según Sánchez, en consonancia con los datos de altas en la Seguridad Social del Ministerio del Interior de finales de 2023, "la tasa de empleabilidad de los exmenores no acompañados se ha triplicado" desde la reforma del Reglamento. "La evolución ha sido espectacular", dice, aunque también subraya que no todos lo logran.
Sánchez se refiere a quienes generan antecedentes o están fuera de los programas de acompañamiento, quienes, en la mayoría de los casos no pueden renovar sus permisos de residencia y trabajo, y terminan viviendo en la irregularidad y el sinhogarismo.
Otro punto a destacar entre los extutelados es que, con tal de vivir legalmente en España, están obligados a emanciparse de los 18 a los 23 años, de forma que no pueden elegir, por ejemplo, estudiar. "La reforma del Reglamento para que puedan trabajar ha sido un gran paso, pero queda mucho por avanzar para dar a estos jóvenes más posibilidades y que puedan elegir su futuro", dice Sánchez.
"Hay que recordar que la edad de emancipación en España está en los 29 años y a estos jóvenes no les queda otra que hacerlo mucho antes. Si no hay acompañamiento, se produce una emancipación forzosa y vulnerable", concluye.