La Guardia Civil ha detenido en Mallorca a Fernando Blanco y Margarita Garau, condenados en 2018 a cinco y tres años y medio de prisión por estafar 402.000 euros en donativos en campañas de solidaridad para lucrarse con la enfermedad rara que sufría su hija Nadia cuando era menor de edad.



A instancias de la Audiencia de Lleida, que dictó la primera sentencia contra la pareja, el instituto armado ha detenido este miércoles al hombre, de 59 años, en Palma, y a la madre, de 52, en el municipio de Santa Maria.



La pasada semana la Guardia Civil de Mallorca recibió la solicitud de detención del juzgado ilerdense para el cumplimiento de condena de los padres de Nadia, que tenían fijada su residencia en la isla, de donde es natural la mujer.



Ambos han pasado a disposición judicial esta misma mañana para su ingreso en prisión, ha informado la Guardia Civil.



El Tribunal Supremo confirmó en julio del año pasado la sentencia a cinco y tres años y medio de prisión en una resolución en la que rechazaba el recurso del padre, que fue condenado junto a la madre -que no recurrió- por la Audiencia Provincial de Lleida por delito continuado de estafa agravada por aprovecharse de la enfermedad de su hija para enriquecerse de donativos.



A su vez, el Supremo avalaba otra sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que ratificó las penas para los padres de Nadia, quien ya tiene 19 años.



El alto tribunal consideró que los hechos declarados probados por la Audiencia recogen con total claridad que los padres constituyeron la Asociación N.N. para la tricotiodistrofia y enfermedades raras de Baleares -su hija nació en Palma-, que tenía como objeto social recaudar fondos para la investigación y ayudar a familias con niños que tuvieran este problema.



Añadía que sin embargo "en realidad la finalidad era obtener el enriquecimiento personal de los acusados". El padre figuraba en los estatutos de la asociación como presidente y la madre como tesorera.



La resolución detallaba los frecuentes e importantes reintegros de las cuentas bancarias de las asociación para pagar los gastos privados de los acusados, "que llegaron a recibir 402.000 euros de dinero ilícitamente obtenido para su enriquecimiento personal".



En otra resolución más reciente, de noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo confirmó las indemnizaciones que los padres deberán abonar a 65 perjudicados y que suman 62.284 euros, de los más de 400.000 en los que se evaluó la estafa.



La Sala de lo Penal dictó una sentencia que rechazaba los recursos de los padres, quienes deberán ahora afrontar los pagos en concepto de responsabilidad civil.