Detienen a 5 trabajadores de un centro de menores en Zaragoza por torturas y agresión sexual

La Guardia Civil ha detenido al director y a otros cuatro trabajadores del centro de menores del municipio de Ateca, en Zaragoza, por supuestos delitos de lesiones, torturas, agresión sexual y pertenencia a grupo criminal.
La investigación, a cargo del área de delitos contra las personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Zaragoza, se inició tras varias denuncias presentadas por la madre de uno de los menores del centro ante la Policía Nacional por las supuestas lesiones que, de acuerdo con la Guardia Civil, se habrían llevado a cabo por parte del personal.

Nada más conocer los hechos, los especialistas de Policía Judicial de la Guardia Civil iniciaron una investigación para verificar lo ocurrido y tomaron declaración tanto a empleados del centro como a la supuesta víctima. Como resultado, determinaron que los educadores habrían estado llevando a cabo acciones contrarias al protocolo con el conocimiento del director del centro.

Entre las actuaciones denunciadas, han informado este viernes desde la Benemérita, habría episodios de aislamiento y tratos degradantes y vejatorios, además de lesiones producidas por determinados educadores que habrían golpeado a la víctima en el interior de una habitación cerrada con llave y con las ventanas tapadas. Los agentes también pudieron constatar que se habían hecho una serie de contenciones -inmovilizaciones físicas- de las que no se tenía constancia oficial. De ellas, sin embargo, sí tenía conocimiento el responsable del centro, que indicó expresamente que no fueran registradas.

Todos estos comportamientos se intensificaron a finales de junio, provocando en la víctima sentimientos de “inseguridad y temor por su vida”. Fue entonces cuando el menor se lo comunicó a otra de las trabajadoras, que dio parte al director del centro. Sin embargo, este no observó que el procedimiento fuese contrario al protocolo. Es más, según indican fuentes de la Guardia Civil, el propio director pidió en una ocasión a un empleado sanitario que hiciese un informe falso en el que mostrase que el joven no presentaba ningún tipo de lesión, solicitud a la que el trabajador se negó en rotundo.

Durante el transcurso de la investigación, los guardias civiles descubrieron que había más víctimas y obtuvieron indicios sobre una posible agresión sexual, así como de un delito de corrupción de menores llevado a cabo “por varios de los educadores” durante los últimos meses.

Recabadas todas las pruebas por parte de los especialistas de Policía Judicial, durante la mañana de este jueves, 1 de agosto, la Guardia Civil procedió a la detención de los trabajadores y del director, a los que se les imputan supuestos delitos de lesiones, torturas, contra la integridad moral, agresión sexual, corrupción de menores y pertenencia a grupo criminal. Todos han quedado este viernes por la mañana a disposición judicial.

Traslado de los menores

El Gobierno de Aragón ha procedido a trasladar a los menores tras el cierre provisional ordenado por la jueza de Calatayud y se va a personar en la causa como perjudicado.

El Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) -en concreto la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela y la Dirección Provincial del IASS en Zaragoza- ya está trabajando para planificar la reubicación de los jóvenes en otros recursos.

Horas antes, el propio Ejecutivo regional había emitido un comunicado en el que recalcaba que “la principal preocupación del IASS es garantizar el bienestar y la seguridad de los menores que permanecen en este centro”. “En eso estamos trabajando con la entidad gestora desde la Subdirección de Protección a la Infancia y Tutela y la Dirección Provincial del IASS en Zaragoza”, agregan.

A este respecto, subrayan que “tanto el IASS como la DGA” están a disposición de cualquier instancia o institución que pueda requerir de su colaboración en las investigaciones en curso.

Este centro de atención a menores, recuerdan, está concertado y ofrece un programa especializado de apoyo intensivo a menores -preferentemente hasta 17 años- que presentan conductas disruptivas recurrentes y con nulo o escaso apoyo familiar. “Por tanto, están dentro de este recurso por autorización judicial y debido a un trastorno de conducta grave diagnosticado ante el que un juez estima que no puede permanecer en su entorno primario, con su familia”, dicen.