La Asociación Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha cuestionado la actuación del Cuerpo tras al asesinato del niño de 11 años en Mocejón (Toledo) porque ilustró "las deficiencias en la capacidad de respuesta" y permitió al asesino huir, y hasta el momento, sigue sin ser capturado. La asociación, igualmente, ha pedido reflexionar sobre el modelo de seguridad en las zonas rurales.
En un comunicado, JUCIL incide en que el asesinato del niño de once años en Mocejón ilustra claramente "las deficiencias en la capacidad de respuesta. Aunque se activaron dos patrullas, una desde Seseña, a 39 kilómetros de distancia, y otra desde una localidad cercana, junto con el apoyo del Seprona desde Illescas, situado a casi treinta minutos, el tiempo de respuesta fue de cuarenta minutos".
La asociación abunda en que este intervalo de tiempo "permitió al asesino huir, y hasta el momento, sigue sin ser capturado". No obstante, agentes implicados en el operativo se defienden de las acusaciones de Jucil. Aseveran, en conversación con EL ESPAÑOL, que llegaron al lugar "en 10 minutos".
Además, JUCIL recuerda igualmente el otro asesinato a una menor de 17 años producido en Otero, también en la provincia de Toledo, el pasado 19 de agosto. En este caso "la situación fue aún más grave" puesto que "el primer aviso de la discusión se produjo a las siete, y fue media hora después, según los testigos, cuando se escucharon los disparos, sin que ninguna patrulla hubiese llegado en este lapso hasta el lugar donde se produjo la llamada de emergencia".
La primera patrulla "tardó aún más tiempo en arribar, dejando a la comunidad desprotegida en un momento crítico y en el que una presencia preventiva de los guardias civiles podría haber arrojado un resultado diferente a los hechos".
Por ello, Javier Montero, portavoz de JUCIL, subraya que "estos tiempos de respuesta son inaceptables", abundando en que "en situaciones de emergencia, cada minuto cuenta, y los residentes en las áreas rurales no pueden seguir soportando esta situación de desprotección. No podemos permitir que la distancia y la falta de recursos pongan en riesgo la vida de los ciudadanos".
Déficit de efectivos en Toledo y Castilla-La Mancha
Sostiene JUCIL que el último catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil "revela un déficit significativo de efectivos en la provincia de Toledo, donde se necesitarían al menos 200 guardias civiles adicionales para cubrir adecuadamente las necesidades de seguridad de esta provincia. Este déficit es igualmente preocupante en el resto de las provincias de Castilla-La Mancha y se extiende por toda España. Deja a muchas comunidades rurales en una situación creciente de vulnerabilidad".
Así, la asociación subraya que "como padres y como guardias civiles, compartimos el dolor de las familias y exigimos que los responsables sean encontrados, juzgados y condenados con las máximas penas", sin olvidar que "estos hechos trágicos revelan una grave realidad: el modelo actual de despliegue de la Guardia Civil no ofrece la seguridad adecuada a los habitantes de las zonas rurales de España".