Este domingo, 13 de octubre, las calles de Madrid acogen una manifestación por la vivienda. Un total de 39 colectivos, liderados por el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas, estarán en las calles de la capital para protestar, entre otros, por las subidas de los precios del alquiler y pedir la dimisión de la ministra socialista de Vivienda, Isabel Rodríguez.
El recorrido está apoyado por Sumar, cuya secretaria de comunicación, Elizabeth Duval, ha asegurado que "nuestro socio de Gobierno tiene que tomarse el problema de la vivienda en serio".
Durante una comparecencia realizada el pasado lunes, Duval cargaba contra la ministra de Vivienda, que semanas atrás apeló al sentido de solidaridad de los propietarios para solventar la problemática de los precios del alquiler.
"La frustración de quienes no llegan a fin de mes no se resolverá apelando a la solidaridad de los propietarios para bajar los alquileres o diciendo que se condicionarán los fondos destinados a Comunidades Autónomas para que estas comunidades apliquen la ley de vivienda, propuestas que colocó Sumar encima de la mesa, para luego decir y suavizar hablando de premios e incentivos pero en ningún caso de castigo", aseveró la responsable de Sumar.
Desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Diego Sanz, miembro de la asociación de Vallecas, asegura que "es un poco raro que desde el Gobierno apoyen, en realidad la han montado, esta manifestación cuando ellos han formado una ley que deja fuera al inquilino. Los propietarios han ganado cantidades millonarias".
El reproche de Sanz continúa: "Los propietarios han ganado cantidades millonarias. Este gobierno ha convivido con la crisis del covid, el escudo social ha sido un fracaso, están subiendo los desahucios, es un Gobierno que ha criminalizado la pobreza y cuya fiscalía está señalando a las organizaciones ecologistas como terroristas".
Desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel tienen claro que "no cualquier fuerza política puede vincularse con la defensa de la vivienda". Lucía Casado, representante de esta organización, advierte en conversación con EL ESPAÑOL: "Nos parece un poco hipócrita de parte del PSOE, no está teniendo ninguna efectividad [la ley de vivienda]. Sigue habiendo desahucios".
Pero no carga únicamente contra los socialistas, sino también contra su socio de Gobierno y Unidas Podemos: "Nos parece que tanto Sumar como Podemos están intentando hacer presión usando esta manifestación y movimientos populares, pero sabemos que es una hipocresía y la crítica va en contra de ellos porque son todo lo contrario a garantizar la vivienda. Es una crítica al Gobierno y las esferas políticas".
Culpas repartidas
Las cargas en esta manifestación, por lo tanto, están repartidas. Las organizaciones señalan también a Isabel Díaz Ayuso y su gobierno regional.
El motivo es la no aplicación de la Ley de Vivienda, solicitándose por parte de los convocantes "expropiar y recuperar" las viviendas "que regaló y vendió el gobierno autonómico madrileño" a los Fondos Buitres. De la misma manera, exigen el cierre de los pisos turísticos, "cifrados en más de 17.000 solo en la capital", para recuperar viviendas habituales.
Los asistentes, por tanto, esperan el reparto de las culpas. "Creemos que si esta manifestación va a servir a señalar a Ayuso es un poco parcial porque el Gobierno está regalando el suelo público. Hay cuestiones que no son competenciales sino que están gestionadas por el Gobierno de la nación", insistía Sanz.
Dimisión de Isabel Rodríguez
El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid ha sido el que ha tomado la voz principal en este asunto. Tal y como han reseñado ellos mismos en comunicados durante este mes, el rechazo del Congreso a admitir a trámite su proposición de ley de regulación de alquileres temporales a mediados de septiembre fue "la gota que colma el vaso de la rabia y la frustración".
La organización pedía la dimisión de la ministra Isabel Rodríguez por su "responsabilidad personal y directa en el absoluto fracaso que ha supuesto la Ley de Vivienda hasta la fecha".
Para el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, la de Vivienda "es una ley diseñada para ser ignorada por la mayoría de las comunidades autónomas; esquivada por los rentistas, incluso en los territorios donde supuestamente se aplica; e incumplida por las inmobiliarias, todo ello con completa impunidad mientras se sigue cargando el peso de esta situación insostenible sobre las espaldas de las inquilinas".
Insiste en todo ello, Lucas Vaquero, portavoz del Sindicato. "Se está exigiendo la dimisión de la ministra de vivienda, Isabel Rodríguez, por la ineptitud de sus políticas. Ya se ha demostrado la ineficacia de la ley de vivienda en aquellos pocos territorios donde ha sido aplicada, por la connivencia que demuestra con el sistema de rentistas y propietarios y por la defensa que hace de los poderosos frente a esas clases inquilinas desprotegidas y totalmente olvidadas por las instituciones".
Cartel de la protesta.
Desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid consideran que la manifestación de este 13 de octubre puede marcar "un punto de inflexión a través del que mostrar una respuesta colectiva y poderosa frente al fracaso con el que políticos e instituciones han manejado el problema de la vivienda en nuestro país en estos últimos años".
Consideran "ilegítimo" el "sistema rentista" sobre el que "se sustenta" el mismo, "puesto que es una minoría de propietarios la que se enriquece y ostenta el poder a través de oprimir a una mayoría vulnerable, que somos todas aquellas personas que no estamos en disponibilidad de poseer una vivienda. Ellos se lucran y hacen sus inversiones con el dinero que obtienen de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo".
Los convocantes pasarán como próxima acción a la huelga. "Creemos que es una huelga legítima porque los políticos nos quieren quitar nuestros derechos", asegura Lucas Vaquero.
"Esta llamada a la huelga que puede parecer un tanto extraña, puesto que no es un derecho actualmente reconocido en nuestro país, pero no resulta tan sorprendente si se considera que en otros muchos países de nuestro entorno sí existe y sí se ha practicado para conseguir mejoras, del mismo modo que sucede en España con las huelgas laborales", finaliza Vaquero.