El "trato discriminatorio" de Adif en su convocatoria para dircom: obliga a tener un C2 en cualquier lengua cooficial

Ahora, el Colegio de Periodistas de Andalucía ha presentado un recurso de reposición contra la convocatoria. Hoy lo hará el Colegio de Castilla y León. ¿El motivo? La plaza convocada por la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) exigía estar en posesión de un C2 en una lengua cooficial, algo que, según el órgano andaluz, "no se ajusta a derecho y es lesiva" para los intereses de sus colegiados... y de todos los periodistas que, cumpliendo el resto de requisitos, no tengan un C2 -un nivel superior- en catalán, gallego, euskera, o valenciano. 

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La convocatoria de la empresa pública, que depende del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente, "vulnera los artículos 70 y 76 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, al exigir Nivel C2 en otras lenguas cooficiales del Estado español diferentes al castellano", detalla el colegio profesional.

En cuanto a sueldos, Almenar cobrará, según las bases, una retribución "básica" por importe de 83.747,40 euros a la que hay que añadir "el complemento de puesto por importe de 20.338,80 euros", además de un segundo complemento "variable en función de cumplimiento de objetivos". En total, 104.086,2 euros brutos anuales mas ese segundo complemento variable.

Cobrará, por tanto, casi como el propio ministro de Transportes, cuya retribución anual bruta es de 79.415,16 euros. A esta cifra se le añaden los 28.257,74 euros que cobra Puente como diputado: 107.672,90 euros.

"Establecer como mérito obligatorio esta titulación para un puesto con base en la Comunidad de Madrid carece de base jurídica, y supone un trato discriminatorio para los candidatos pertenecientes a Comunidades Autónomas que no poseen lenguas cooficiales". Es decir, andaluces, extremeños, canarios, castellanomanchegos, castellanoleoneses, murcianos, asturianos, cántabros, riojanos... 

"Igualdad"

Pese a ello, las bases publicadas en la web de Adif recogen textualmente que "la presente convocatoria y el proceso de selección previsto en la misma se rigen por los principios de igualdad de trato y de oportunidades, así como no discriminación por razón de sexo en lo que se refiere al acceso al empleo conforme el artículo 14 de la Constitución Española".

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Fuentes del colegio profesional andaluz detallan que el origen del recurso está "en una denuncia que nos trasladó una colegiada", por lo que se le dio traslado a los servicios jurídicos del Colegio. Por su parte, el decano del Colegio de Periodistas de Castilla y León, Pedro Lechuga Mallo, subraya que la interposición del recurso se ha aprobado ya en la Junta de Gobierno del colegio de periodistas castellanoleonés. La plaza ya se ha adjudicado, por lo que el decano ha ironizado: "Ojalá todas las administraciones públicas funcionen tan rápido". 

La convocatoria, abundan desde el colectivo profesional andaluz, "contraviene también la Ley para la Reforma de la Función Pública de 1984, que en su artículo 19 indica que en las convocatorias para el acceso a la función pública, "las Administraciones públicas (...) deberán prever la selección de funcionarios debidamente capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las Comunidades Autónomas que gocen de dos lenguas oficiales".

Es decir, podrá exigirse el dominio de una lengua cooficial "en el ámbito concreto de cada Comunidad Autónoma y solo respecto a la lengua cooficial que corresponda a cada territorio, pero no exigir dicho requisito", inciden, puesto que aunque la titulación de C2 se contemple dentro del apartado 'méritos', "se establece como deber de los candidatos", en una convocatoria que no es de ámbito autonómico, sino nacional.

También aluden a la Constitución "El artículo 3 de la Constitución estipula que la única lengua oficial en todo el Estado español es el castellano, respecto de la cual se impone el deber de conocerla y el derecho a usarla a todos los españoles, sin que sea posible, por tanto, su exclusión por parte de la normativa autonómica". Así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en reiteradas ocasiones con respecto a las lenguas cooficiales "respecto a las cuales no se prescribe constitucionalmente tal obligación".

A diferencia de lo que sucede en el sector privado, la selección de los empleados públicos ha de realizarse "en virtud de criterios objetivos, pues todos los ciudadanos son iguales ante la Ley y ante su aplicación, de manera que la Administración no puede establecer preferencias discriminatorias o fundadas en razones subjetivas de unos sobre otros".

Así las cosas, el colectivo considera innecesario "exigir la titulación nivel C2 en cualquier lengua cooficial del Estado", sin existir un "criterio objetivo" que lo justifique. El decano del colegio profesional de Castilla y León, Pedro Lechuga, incide igualmente en que "no hay justificación objetiva alguna que determine esta exigencia, más allá de que supone que no se puede concurrir en igualdad de condiciones". 

Sobre la persona designada, Salvador Almenar, "no estamos en contra (de ella). Lo que decimos es que no hay que llegar a esta situación", la cual, además, "es la primera vez que nos pasa", puesto que "si se trata de un puesto a nivel nacional, pero la sede de Adif estuviera en el País Vasco, en Cataluña, en Galicia o en Valencia, se puede entender ese C2. Pero si es en Madrid, y que además puntúe igual el catalán, el vasco o el gallego... No sabemos quién habrá hecho las bases, pero debería explicar el motivo". 

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Entre los requisitos obligatorios figura el grado o licenciatura en Periodismo, así como una experiencia mínima de 4 años en el sector público, y una trayectoria y experiencia laboral "mínima" de 5 años en puestos de responsabilidad en funciones relacionadas con el ámbito de la comunicación. También, haber ocupado "puestos directivos en el ámbito de la Administración pública, asumiendo funciones en el ámbito de la comunicación y especialmente como director de comunicación", así como una experiencia mínima de un año "como responsable de gabinete en el ámbito de la
Administración pública".

Por el contrario, la convocatoria no exigió titulación alguna en idiomas como el inglés, pero sí ese C2 en lengua cooficial. También priorizó la experiencia profesional en administraciones públicas frente al ámbito privado. La anterior directora de comunicación de Adif, Susana Sanjuan, ha durado dos años en el puesto. Provenía, precisamente, del sector privado, y concretamente, de Iberdrola. A principios de septiembre se anunció su fichaje como directora de comunicación de Kutxabank.

Quién es Salvador Almenar

Al puesto concurrieron 12 personas, de las cuales se rechazaron 5 por no tener años de experiencia en una administración pública o la titulación. De las 8 candidaturas restantes, se designó a Salvador Almenar, quien cumple holgadamente con todos los requisitos.

Graduado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos, durante 15 años trabajó en Diari Gara, RAC 1, El Metropolità y À Punt Mèdia, además de dirigir la cabecera Diari La Veu, el único medio de comunicación escrito 100% en valenciano, que cerró en 2019.

En 2020 ocupó primero el cargo de director de comunicación en la Societat Valenciana de Gestió Integral d’Emergències. Después, entre 2020 y 2022, fue jefe de gabinete de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, y luego fue designado director general de Interior. Dejó el puesto en 2023, cuando el PP de Carlos Mazón ganó las elecciones autonómicas. Desde entonces hasta hace escasos días ha sido asesor político de la delegada del Gobierno de la Comunitat Valenciana, la socialista Pilar Bernabé. 

Cabe reseñar que dentro del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente también provienen de la etapa socialista en la Comunidad Valenciana el director de comunicación del ministro, Pere Rostroll, quien fue responsable de comunicación de la Generitat con Ximo Puig, según Europa Press. De hecho, el 18 de septiembre, cinco días después de que se publicase la convocatoria, PRNoticias recogió que "fuentes cercanas al ministro apunta a la búsqueda de alguien con experiencia en puestos directivos en el ámbito de la administración pública y que sea, a la vez, una figura cercana al exresponsable de comunicación Pere Rostroll". 

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Adif, es decir, con el propio Salvador Almenar, para recabar la postura de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias con respecto a las denuncias de los colegios profesionales de Andalucía y Castilla y León con respecto a la convocatoria. Al cierre de esta edición no ha habido respuesta.