El padre Casado no podrá ejercer en 3 años e irá a juicio por darle medio millón de euros de la parroquia a una mujer

Una pequeñísima parte de esta historia comenzó a saberse un tórrido 15 de agosto de 2018, cuando el párroco de la Parroquia del Divino Pastor de Vejer de la Frontera, Antonio Casado, no ofició la misa en honor de la patrona, la Virgen de la Oliva, protagonista de las fiestas locales. El hombre no apareció en todo el día. A la feligresía, sobre todo a la que no iba mucho a misa, le extrañó, pues el sacerdote, muy querido en Vejer, no había faltado ni un año desde 2012, cuando llegó a la localidad. Luego se enterarían de que se había marchado tiempo atrás, sin dar ningún tipo de explicación. Lo cierto es que cesó como párroco en mayo de aquel mismo año.

El cura ya había solicitado su renuncia ante el obispo, Antonio Zormoza. Su abogado, Antonio García-Berbel, contaría luego que lo hizo porque estaba "pendiente de una operación quirúrgica". La versión luego la cambiaría el propio sacerdote, asegurando que el obispo lo había apartado. Lo cierto es que el prelado, tiempo después, lo apartó cautelarmente hasta que se dirimiera la causa canónica que ya se le había abierto abierto en su contra. Fue cuando el ecónomo diocesano de aquel entonces inspeccionó las cuentas parroquiales. ¿El motivo? La desaparición de 517.000 euros, en centenares de movimientos bancarios efectuados por el sacerdote, el único que tenía facultad para hacerlo.

Esta parte todavía no se sabía. Se fueron conociendo otras, con cuentagotas. Tampoco, que el destinatario de esas transacciones era una mujer, Miguela Domingo, quien incluso habilitó al sacerdote como titular autorizado en una de sus cuentas, según el informe de diligencias previas de la Fiscalía, al que ha tenido acceso este periódico.

Las explicaciones que no dio en Vejer las fue dando meses después: contaría, como hizo a EL ESPAÑOL en 2020 y a otros muchos medios, que el obispo lo había apartado cautelarmente, y que todo se debía a que había hecho uso del dinero parroquial, cuyo negando que hubiera hecho un uso personal del mismo: "Para mí no. Nada. Para pobres, puede ser". Fue en aquella época cuando narró que había sido víctima de una extorsión de ciudadanos guineanos tras adoptar a un niño durante su etapa como misionero en Malabo, entre 1999 y 2005, y que al regresar a España, comenzó a recibir anónimos y amenazas: había utilizado el dinero de la Iglesia para pagar a sus extorsionadores.

Fernando Ruso EL ESPAÑOL

El infierno del cura Casado y su hijo guineano: los 800.000€ que le pide el obispo de Cádiz por robo

Los hechos

Lo que se sabe ahora es que el sacerdote acaba de ser condenado por el Tribunal de la Rota en respuesta al recurso de apelación que interpuso ante una primera sentencia canónica del Tribunal Metropolitano de Sevilla por aquellos hechos. El tribunal eclesiástico ha ratificado el fallo de la instancia inferior, que fue aun más severa, y lo considera culpable. Ha reducido su pena de 5 a 3 años en los que no podrá ejercer el sacerdocio; tendrá que pasar cinco años recluido en un convento y tiene prohibido ejercer "cualquier oficio canónico que conlleve la administración de bienes eclesiásticos", según la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico. También lo condena a restituir el dinero sustraído. 

Pero ¿cómo es posible que una parroquia de un pueblo gaditano posea tanto dinero? Pues porque no es simplemente una iglesia en un pequeño pueblo. Posee tierras, cuyos alquileres, denominados en lo que eclesiásticamente se conoce como rentas de capellanía, hacen que sea una de las más pudientes de la provincia de Cádiz. Posee el cementerio y terrenos, uno de ellos, alquilados a un parque eólico. Las rentas de capellanía, además, pasan en un 90% a sustentar el fondo de sustentación del clero, una bolsa común que se reparte en equidad entre otras parroquias de las diócesis, para que las más pobres no lo sean, y las más ricas, tampoco.

Germán Mesa

El milagro del padre Anthony: sobrevivió al desierto, llegó en patera, se hizo católico y dejó su empleo para ser sacerdote

En 2018 tampoco se sabía que, en paralelo, el sacerdote, además de renunciar ante el obispo en mayo, había acudido cuatro meses después al cuartel de la Guardia Civil de Barbate para denunciar que, durante años había sido, según manifestó, víctima de una extorsión de una mafia guineana, y que por ello "había sustraído" desde seis años atrás dinero de la parroquia. Que inicialmente le exigían 300.000, y que en principio, abonó 100.000 euros, que tardó cuatro años en reunir, llevándolos personalmente y poco a poco, a Guinea. Para ello, aseguró que pidió préstamos a una mujer, y el resto, lo completó mediante aportaciones voluntarias. Que tenía tres créditos bancarios y debía efectuar devoluciones de dinero a aquella mujer, por lo que comenzó a usar el dinero de la parroquia... desde 2012.

En su declaración contó, con más detalle, la misma historia que empezaría a desgranar públicamente a partir de entonces, llegando incluso a narrarla en los medios de comunicación nacionales. No contó que, conforme iba hablando en el cuartel, el agente instructor de la denuncia no daba crédito. Según fuentes de toda solvencia vinculadas al Instituto armado, tuvieron que decirle que era mejor que guardara silencio: se acababa de incriminar en un presunto delito de apropiación indebida, por lo que a continuación le leyeron sus derechos.

El padre Antonio Casado, en julio de 2020. Fernando Ruso

No fue esa la versión que contó el sacerdote a este periódico. "Ellos (Los agentes de la Guardia Civil) me contestaron que no había ninguna ilegalidad. No era delito. Que yo era el administrador de ese dinero y que podía hacer con él lo que me diese la gana. Salvo que el obispado me denunciase", sostuvo el cura. Lo cierto es el obispado no lo denunció jamás por la vía ordinaria. En enero de 2019, la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz ya había buceado lo suficiente para determinar la existencia de un supuesto delito de apropiación indebida.

En estos años, en las diversas entrevistas que concedió, atacaba al obispo por apartarlo, y abundaba que éste se ha ganado la enemistad de muchos sacerdotes y religiosos en Cádiz. "(...) ha vivido siempre en el barrio de Salamanca. Sus amigos son la Koplowitz, Rato, Florentino Pérez… Es el típico rico madrileño que no ha salido nunca de esa zona. Nunca había estado en Cádiz. Su criterio es empresarial y se ha encontrado con el carácter gaditano. Piensa que somos todos unos indígenas y quiere poner orden y hacer lo que le dé la gana", denunció entonces el cura Antonio a El ESPAÑOL.

El modus operandi

La causa abierta por la vía penal nunca la contó el sacerdote hasta que la Agencia EFE se hizo eco de ella a través de fuentes de la investigación, algo que no hubiera trascendido de no haber adquirido el sacerdote una enorme trascendencia mediática por mor de sus continuas apariciones en prensa como víctima de una extorsión... y del obispo. Su abogado, Antonio García-Barbel, incluso entonces, negó en 2019 y mediante un comunicado, la mayor: que el páter hubiera ido a denunciar al cuartel de Barbate en agosto de 2018.

Las sustracciones, apunta la Fiscalía, comenzaron el 28 de enero de 2014 y finalizaron el 15 de mayo de 2018. "Ha destinado las cantidades (...) desde las cuentas bancarias de la Parroquia (...)  a las suyas propias, sin ningún tipo de justificación y para destinarlo a sus propios fines, no para los establecidos en el derecho canónico, normativa infringida, y también destinándolo a las cuentas e intereses de la otra acusada". 

El Padre Casado durante la oración de la tarde, en julio de 2020. Fernando Ruso

Ahora la Fiscalía, en su escrito, pide 8 años de prisión para él, y otros 6 para la mujer que recepcionó en sus cuentas bancarias el dinero que sustraía el sacerdote de la parroquia. Considera a la mujer, Miguela Centeno, "cooperadora necesaria". Centeno es doctora en Ciencias de la Educación y Filosofía, y también en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Fue responsable de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Junto con el sacerdote escribió, en 2009, 2010 y 2011 una serie de tres artículos publicados en el Boletín de Estudios e Investigación.

El modus operandi del sacerdote era transferirse dinero de las cuentas parroquiales a las dos que tenía personales, al figurar como autorizado para operar. A una traspasó, en 144 transferencias, 337.780,1 euros, entre enero de 2014 y mayo de 2018. En la segunda, se transfirió 25.740,9 euros entre diciembre de 2017 y mayo de 2018. "Una vez que que las transferencias eran abonadas en la cuenta corriente de Antonio Casado, este disponía los fondos a favor de Miguela Domingo". La Fiscalía abunda incluso que el sacerdote estuvo como autorizado, durante un mes, en una cuenta cuya titular era Miguela Domingo, "según el Fichero de Titularidades Financieras", indica en el escrito.

El sacerdote realizó 235 transferencias en favor de la mujer, "por un total de 389.975 euros, y 64 ingresos en efectivo, por un total de 123.140 euros, lo que sumaría un total de 513.115 euros lo recibido por Miguela Domingo". Las cantidades eran cifras "redondas", entre los 400 y los 4.500 euros, tanto a cuentas de la mujer como a otras dos de familiares de la misma y en la que ésta figuraba como autorizada.

El cura y su hijo, nacido en Guinea Ecuatorial, cogidos de la mano, durante su entrevista con EL ESPAÑOL, en 2020. Fernando Ruso

Destaca el informe de la Fiscalía que la facultad que tenía sobre las cuentas corrientes como párroco "en ningún caso puede suponer libre arbitrio como se ha llevado a cabo", y apunta que "no es lícito destinar por propia iniciativa recursos de la parroquia en beneficio personal, de amistades o familia". La actuación del acusado "es completamente anormal e injustificada", y que además. "incumplió gravemente la normativa canónica al destinar los fondos o bienes de la Parroquia para fines personales o distintos al culto". 

La Fiscalía le imputa al sacerdote un delito de administración desleal, y "alternativamente", el de apropiación indebida. Lo sitúa como autor, y estipula que procede imponerle una pena de 8 años de prisión. A la mujer, Miguela Domingo, seis años y nueve meses de prisión. La responsabilidad civil, para ambos, consiste en devolver a la parroquia cantidad sustraída: 513.115 euros. 

EL ESPAÑOL ha intentado recabar alguna valoración del Obispado, renunciando a hacer declaraciones al respecto "como nunca hemos hecho a lo largo de estos años". También ha contactado con el abogado del sacerdote, Antonio García-Berbel, quien no ha respondido a los requerimientos de este periódico. Asimismo, con el propio sacerdote, Antonio Casado, sin éxito.