De la famosa 'ley Sara' a una simple orden ministerial, convertida en papel mojado por un auto de la Audiencia Nacional que deja retratado al Gobierno, en su intento de regular el sector de la estética que cada año realiza más de 204.000 intervenciones en España: el 85% a mujeres, de entre 30 y 44 años, y el 15% restante, a hombres.
Este ha sido el varapalo judicial que ha recibido el gran trabajo desarrollado por los familiares de Sara Gómez, fallecida por una lipoescultura realizada por un cirujano cardiovascular sin la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética. Los padres y hermanos de Sara, en vez de hundirse en la tragedia, iniciaron una campaña que logró que el PSOE aprobase en el Congreso una Proposición no de Ley contra el intrusismo en la cirugía estética. Pero aquella norma quedó reducida a una orden del Ministerio de Sanidad, publicada en el BOE, y cuya aplicación solo ha durado 51 días hasta que la Audiencia la ha suspendido cautelarmente.
No es de extrañar la "indigación" que ha invadido a los familiares de Sara Gómez, cuyo caso desveló EL ESPAÑOL desde que esta agente inmobiliaria ingresó en la UCI del Hospital Santa Lucía de Cartagena en diciembre de 2021. Este diario informó en exclusiva sobre la instrucción judicial durante meses, desvelando la precariedad del sector de la cirugía estética española y aportando argumentos para su regulación a nivel estatal, con el seguimiento que hizo de la campaña emprendida por Felisa y Damián, los padres de Sara, así como por sus dos hermanos, Rubén y Nora.
"La familia siente mucha rabia y frustración", tal y como subraya Rubén, hermano de Sara, tras conocer este martes el contenido de la medida cautelar adoptada por Fernando Luis Ruiz Piñeiro, magistrado ponente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. "Este auto ha sido una decepción tremenda".
Prueba de ello es el vídeo que Felisa -la madre de Sara- le ha enviado a EL ESPAÑOL, para pedir públicamente a la ministra de Sanidad, Mónica García, que recurra ese auto. "Estamos desesperados y con ganas de llorar, esto se ha llevado mucho tiempo de nuestras vidas", subraya esta madre, luciendo un luto riguroso desde que su hija mayor murió el 1 de enero de 2022. "Ministra, por favor, rectifique, haga lo que sea, pero haga que la 'ley Sara' salga adelante".
Felisa, la madre de la difunta Sara Gómez, este martes, valorando el auto de la Audiencia Nacional.
El Ministerio de Sanidad ha recogido el guante y un portavoz confirma a este diario que sus técnicos ya están "en contacto" con la Abogacía del Estado: "Estamos trabajando en un recurso de reposición".
Rubén Gómez, portavoz de la familia, también reclama al Ministerio que recurra ante la Audiencia Nacional: "La propia ministra Mónica García, se dirigió a nosotros cuando se publicó en el BOE la 'ley Sara', hace mes y medio. Ahora somos nosotros quienes nos dirigimos a ella, para pedirle, por favor, que siga adelante con la 'ley Sara'". Este guardia civil de profesión se niega a rendirse: "No nos entra en la cabeza que costase tanto poner sentido común y lógica en este sector, para salvar vidas. Y encima, ahora tenemos enfrente a los propios médicos".
De hecho, esta paralización cautelar, se debe al recurso de la Sociedad Española de Cirugía Estética y de un particular contra la orden que el Ministerio publicó en el BOE del 21 de septiembre.
La clave de este asunto es que la 'ley Sara' nunca ha sido una ley, a pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a aprobar por decreto una norma contra el intrusismo médico. Lo hizo en un encuentro que mantuvo con Felisa y Damián, los padres de la difunta Sara, en un mitín de precampaña que ofreció el PSOE, el sábado 6 de mayo de 2023, en el Pabellón Príncipe de Asturias de Murcia.
Aquel sábado, ya habían pasado la friolera de 233 días desde que el Congreso de los Diputados había aprobado una Proposición no de Ley sobre cirugía estética y lucha contra el intrusismo y las pseudociencias, con 292 votos a favor y la abstención de Vox, pero la conocida popularmente como 'ley Sara' no entraba en vigor.
La promesa de Pedro Sánchez tampoco se cumplió y la legislatura acabó sin que el texto de la PNL se publicase en un Real Decreto, como avanzó la entonces diputada socialista, Marisol Sánchez, encargada de defender la famosa norma en la Cámara Baja.
Sánchez recibe a la familia de Sara Gómez antes del mitin en Murcia
De forma que de una ambiciosa ley se pasó a un simple real decreto y al final, el caso Sara Gómez quedó reducido a una orden ministerial, paralizada en un recurso que saca los colores al Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Todo ello, debido a que el argumento nuclear de los recurrentes consiste en exponer ante la Audiencia Nacional que el Ministerio de Sanidad ha usado una medida de rango inferior, para modificar otra de rango superior, que afecta a las clínicas de estética: un sector privado que anualmente factura 3.500 millones de euros.
Así lo recoge el auto al que ha accedido EL ESPAÑOL: "La parte actora alega que la orden carece del rango normativo suficiente, y del propio enunciado de la orden impugnada resulta un indudable fumus boni iuris, ya que se está modificando un Real Decreto por una orden ministerial, lo que en principio, y sin prejuzgar en modo alguno el fondo del asunto, parece ser contrario al principio de jerarquía normativa".
Tal dato es considerado como "relevante" por el magistrado Fernando Luis Ruiz Piñeiro, a la hora de establecer la "suspensión de la ejecución" de la orden del Ministerio, bautizada de forma coloquial como 'ley Sara', debido a que así se gestó un 15 de septiembre de 2022 en el Congreso. Sin embargo, 2 años, 2 meses y 26 días después, la familia de Sara Gómez ha visto que su trabajo se ha convertido en un parche normativo paralizado a la primera, por un recurso de la Sociedad Española de Cirugía Estética.
La difunta Sara Gómez, en la playa, en una imagen cedida por su familia.
"Los cirujanos estéticos que no los plásticos, optan por llenarse los bolsillos antes que se reduzca el intrusismo y las negligencias médicas", según reflexiona Rubén Gómez. "Hace un mes y medio, entrar a un quirófano en España era más seguro por la 'ley Sara', pero desde hoy no. Tristemente gana el corporativismo y el intrusismo". Las palabras de este guardia civil se deben a que este auto es una victoria de aquellos profesionales que carecen de la especialidad de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética, como el cirujano cardiovascular que operó a su hermana y que será juzgado por la muerte de esta agente inmobiliaria, madre de dos hijos.
El Ministerio ha modificado con una orden, compuesta por un único artículo, el anexo II del Real Decreto 1277/2003, de 10 de octubre, donde se recogen las definiciones de centros, unidades asistenciales y establecimientos sanitarios. De modo que la citada orden establecía que los médicos solo tenían competencia para ejercer la cirugía estética, de acuerdo con el contenido de sus respectivos programas formativos de sus respectivas especialidades quirúrgicas.
En la práctica, desde el 21 de septiembre, un otorrino podía realizar intervenciones en las orejas o una rinoplastia, pero no podía entrar al quirófano para un implante de pechos a una mujer.
Todo ello, a raíz de la orden ministerial publicada en el BOE, acotando la oferta asistencial de la Unidad U-47 de cirugía estética de las clínicas privadas. "U.47 Cirugía estética: unidad asistencial en la que un médico con la especialidad en cirugía plástica, estética y reparadora, u otra especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica en el ámbito y competencias indicadas en el programa oficial de su especialidad, es responsable de realizar tratamientos quirúrgicos, con finalidad de mejora estética corporal, facial o capilar".
La ministra de Sanidad, Mónica García.
Una fuente de la Audiencia Nacional insiste en que la paralización de esa orden ministerial, redactada por el departamento de Mónica García, se debe a su contenido y rango frente al Real Decreto que ha modificado: "Indican que el fin de esta orden es impedir o dificultar el ejercicio profesional en la Unidad U-47, a titulados en medicina y cirugía que no sean especialistas, lo que no estaba contemplado en el Real Decreto, pues no contenía previsión alguna sobre competencias profesionales".
Un portavoz del Ministerio de Sanidad defiende la validez del trabajo desarrollado desde este área del Gobierno central: "La modificación de la orden ministerial que ponía coto al intrusismo en la cirugía estética, pasó todos sus cauces reglamentarios y recibió el visto bueno sin observaciones del Consejo de Estado". De modo que presentarán un recurso de reposición contra la suspensión cautelar adoptada por la Audiencia Nacional para la aplicación de la 'ley Sara'.
"Estamos estudiando con la Abogacía del Estado la posibilidad de recurrir estas medidas cautelares. El intrusismo en el ámbito de la cirugía estética es un problema real y podemos garantizar que vamos a trabajar para solucionarlo de la manera que sea necesaria", tal y como subrayan desde Sanidad. "Nos parece lamentable que haya colectivos defendiendo como derecho el realizar unos procedimientos para los cuales no tienen formación reglada especializada".