La posible integración de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) en el sistema de salud público ha despertado recelos en el funcionariado español.

La posible integración de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) en el sistema de salud público ha despertado recelos en el funcionariado español.

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Los funcionarios, indignados con el plan del Gobierno de quitarles Muface: "Nos están dejando tirados como colillas"

David G. Maciejewski
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La posible integración de los 1,52 millones de adscritos a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) en el sistema de salud público ha supuesto un terremoto en el funcionariado español. Existe una fuerte división entre quienes abrazan la iniciativa del Ministerio de Sanidad y la ven como una buena noticia y los que, por el contrario, creen que sus privilegios se verán reducidos.

Los funcionarios adscritos a Muface tienen derecho a elegir de forma anual entre dos sistemas de cobertura sanitaria: por un lado, se les permite estar integrados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de cada una de sus respectivas comunidades autónomas; por otro, pueden escoger tener un seguro privado con una serie de coberturas que reducen considerablemente la carga asistencial de la pública y favorecen el acceso rápido y personalizado a los tratamientos médicos.

"El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable", detalla Sanidad, que propone que los funcionarios que usan la mutualidad pasen al sistema público tras una prórroga de nueve meses del actual convenio. Para los de Mónica García, una mejora de la oferta del próximo concierto es negativa y la tildan de "insuficiente, insostenible e inequitativa".

EFE/Javier Lizón

Del total del millón y medio de beneficiarios de Muface, casi 1,06 optan habitualmente por la privada. Sin embargo, dos tercios de los nuevos mutualistas –en esencia, los jóvenes– prefieren de entrada estar integrados en el SNS. Esa es una de las justificaciones en las que se ampara el Ministerio de Sanidad para señalar la obsolescencia de la Mutualidad. El otro argumento reside en que la mayoría de comunidades autónomas ya ofrecen tratamientos a los pacientes más graves a través del sistema de salud público porque sus respectivos seguros privados no ofrecen coberturas integrales para sus tratamientos.

No obstante, sindicatos como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) y la Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) critican la decisión y solicitan al Gobierno que realice una nueva licitación en materia de servicios sanitarios para salvar el modelo de Muface. Lo contrario "va a suponer que las aseguradoras no continúen prestando dicho servicio sanitario, lo que va a redundar que las comunidades autónomas asuman toda la carga asistencial. Y eso va a suponer un gran coste económico y de personal", afirma Jesús Prieto, portavoz de Fedeca.

Manifestación convocada por CSIF.

Manifestación convocada por CSIF. CSIF

"Provocará una hecatombe"

Adrián de Vera es funcionario de nuevo ingreso y está a la espera de tomar posesión en la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior. "A todos los efectos soy ya funcionario. Al afiliarme a Muface, he tenido que elegir entre estar en la privada o en el régimen de sanidad pública. Yo elegí la pública. Creo que es una cuestión de mentalidad generacional. Los de nuevo ingreso solemos tomar esa decisión; los más veteranos, que en su momento temían las deficiencias de la pública, siguen tirando hacia la privada", asegura en conversación con EL ESPAÑOL.

"Yo pienso que Muface no debería existir. Es una institución que sólo favorece a las empresas privadas", considera De Vera. "No por ser funcionarios tenemos ese 'derecho' de poder ir a una sanidad privada. Por coherencia, al ser servidores públicos, debemos creer en el sector público. Por eficiencia del sistema, quien quiera una privada, que la pague de su seguro". De la misma opinión es Beatriz, una joven profesora. "Que seas funcionario no implica que escojas la sanidad privada de golpe. Yo confío en lo público. Si somos trabajadores del Estado, no entiendo por qué no hacemos uso de los servicios que tiene", narra a este diario.

Elena Fernández - Europa Press

María Cabrera, funcionaria jubilada, forma parte del cupo de funcionarios que entró en Muface hace décadas "y no le dieron a elegir", por lo que pasó directamente a la mutualidad privada. Aunque considera que Muface tiene sus deficiencias y es "un animal a extinguir que nunca desaparece", seguir la estrategia propuesta por el Gobierno para integrar a todos los mutualistas en la pública de un plumazo podría "provocar una hecatombe". "Va a ser tremendo. Nos están dejando tirados como a colillas. Esto va a perjudicar a la propia Seguridad Social", considera.

Similar caso es el de Rafael Fuentes, técnico comercial y economista y funcionario del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa destinado en Budapest, Hungría. Él está adscrito a Muface y tiene un convenio con DKV International, que presta servicios en el extranjero. "Estamos cubiertos para cualquier cosa que tengamos que hacer. Envías una factura a DKV y ellos te cubren la atención médica al 100 %, o al menos un porcentaje alto de lo que gastes. Hoy nadie nos explica qué va a pasar. El Ministerio de Sanidad debe determinarlo", critica Fuentes.

"Si a todos nos meten en el Sistema Nacional de Salud habría que tirar de los convenios que este tenga con países terceros, y quienes estamos en el extranjero acabaríamos en el sistema sanitario de cada país. Hay algunos cuyo estándar es similar al español, pero en otros habría problemas, porque no te pueden atender de manera conveniente. Imagínate a alguien que esté en un país africano o en Estados Unidos, que no existe un sistema público eficiente. Estamos sumidos en la incertidumbre y eso nos provoca un gran malestar. Muface funciona bien. No entiendo por qué lo quieren cambiar. Hay argumentos potentes para mantenerlo tal y como está".

"No podemos empezar de cero"

El padre de María Concepción (Conchi) es Guardia Civil jubilado. Durante toda su vida, ambos han sido mutualistas de Muface y, ante esta situación de incertidumbre, están, literalmente, "muy asustados". Su madre, de 82 años, necesita asistencia médica desde siempre, y una posible reintegración en la sanidad pública podría suponer un posible retroceso en los tratamientos que requiere.

Tiene problemas en su sistema endocrino, está operada de tiroides, tiene mala circulación y una válvula del corazón que no le funciona correctamente, es decir, sus visitas al médico son más que frecuentes. "No nos podemos permitir empezar de cero", exclama, preocupada. A muchos de los funcionarios y familias asegurados por Muface les preocupa su posible desaparición o ineficiencia de asistencia por "el colapso" que se puede producir cuando se incorporen los beneficiarios de las mutualidades. "Si desaparece, intentaremos buscar un seguro privado, no podemos dejar que mi madre tenga plazos de espera muy grandes", asegura Conchi.

Miriam Chacón / ICAL

Los sindicatos de funcionarios como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) afirman que "el gobierno no sabe a lo que está jugando". El Estado no ha conseguido renovar el concierto y, pese a que abogan por "la tranquilidad" y aseguran que los funcionarios seguirán cubiertos, las primeras incidencias no están tardando en aparecer. "Los hospitales de los asegurados ya están denegando citaciones, autorizaciones de operaciones e intervenciones. Tenemos el buzón de quejas lleno", explica el representante del CSIF.

"Sin dinero no hay sanidad", y no hay una financiación segura. "Hay pacientes oncológicos o con tratamientos muy específicos que si tienen que volver a la sanidad pública después de una vida entera fuera van a generar un papeleo horrible. Muchos de ellos son muy mayores y no saben lo que está pasando, no lo entienden", resalta. Esa misma idea defiende María Cabrera: "Nosotros no estamos digitalizados para nada".

IDIS.

Dentro del millón y medio de asegurados por Muface, hay muchos funcionarios que tiene "ese derecho adquirido" cuando aprueban su oposición y que ahora se enfrentan a "una situación complicada". "Si desaparece la mutualidad, todo va a colapsar".

Magdalena Serrano, miembro de CSIF Guadalajara, siempre ha hecho uso de la sanidad pública. Al inicio de la carrera como trabajador del Estado puedes elegir entre la asistencia médica privada o pública, y Serrano tenía clara que opción quería. "En la seguridad social es donde he estado siempre y donde me siento a gusto", informa. Aún así, defiende a capa y espada la permanencia de Muface para evitar posibles aglomeraciones en las listas de espera. "Si eliminamos la mutualidad, también eliminamos la capacidad de elegir de los funcionarios".

Una asistencia deficiente

Elena González es otra funcionaria jubilada, pero ella siempre ha optado por la sanidad pública y tiene claro una cosa: "Muface no va a desaparecer". Al ser el organismo al que los funcionarios tienen que cotizar, su permanencia continuará, solo que pueden hacer modificaciones en su estructura para integrarla en la asistencia sanitaria social que, según entiende, es lo que está pasando.

"En mis inicios como funcionaria estaba en Adeslas. No estaba mal porque eran cuestiones médicas rutinarias, cosas esporádicas", explica. Pero cuando la salud se complica, la historia es bien distinta. Con la llegada del hijo prematuro de González, las especializaciones médicas que requería no estaban cubiertas por la mutualidad. Fue entonces cuando decidió irse a la sanidad pública "para siempre".

Google Maps

La Seguridad Social se financia a través de las cotizaciones de los trabajadores. Gran parte de esas cotizaciones se destinan a la asistencia sanitaria, otras van dirigidas a prestaciones como el paro, pensiones... Paralelamente, los funcionarios cotizan a su propia mutualidad, en este caso Muface, que se compone por aseguradoras privadas como Adeslas, Asisa y DKV, las mismas que no se han presentado al nuevo convenio.

La funcionaria jubilada considera que si se incorporan los beneficiarios de las aseguradoras a la sanidad pública, el dinero que se empleaba para financiarlas tendría que usarse para la contratación de nuevos profesionales, así se evitaría la congestión del sistema sanitario. "Al final las aseguradoras son empresas, y cuando no les sale rentable, ya no quieren jugar".