La Fundación Igualdad Animal ha hecho unas aportaciones al proyecto del Real Decreto que establece las bases de desarrollo de la normativa de la Unión Europea de sanidad animal, sobre sus obligaciones de vigilancia de la persona titular de la explotación, y que modifica varias normas en materia ganadera, alertando del gran retroceso de las medidas que se tratan.
El ministerio de Agricultura se encuentra trabajando en un nuevo Real Decreto que deroga completamente el anterior, el RD 364/2023, que fue aprobado hace año y medio. El nuevo modifica varias normas relativas a la protección de los animales en las granjas y, entre ellas, elimina la figura del veterinario de explotación, que pasa a tener un carácter voluntario.
Según el texto, este puesto se mantendrá en las explotaciones que “deseen adoptar un enfoque más avanzado en la gestión sanitaria y el bienestar animal”, “reconociendo su compromiso por la excelencia en la gestión sanitaria y del bienestar animal”.
La condición de veterinario de explotación es reconocida como garante de la sanidad y bienestar animal, y responsable de la elaboración del Plan de Bienestar Animal. Este incluye una descripción de las condiciones estructurales y ambientales de la explotación, el plan de acción con medidas a adoptar sobre los riesgos identificados y una evaluación de los factores de riesgo para el bienestar de los animales (como los desastres naturales), teniendo en cuenta las características del lugar donde se encuentra la explotación.
El nuevo Real Decreto convierte este Plan de bienestar animal en algo opcional, según denuncia el grupo animalista, y sujeto a la existencia de un veterinario de explotación, o bien en algunas ocasiones somete la exigencia de dicho plan a futuro desarrollo reglamentario.
En el texto lega, sin embargo, siguen siendo obligatorias las visitas zoosanitarias periódicas realizadas por un veterinario autorizado, para verificar la salud del animal, el bienestar y las condiciones de bioseguridad en cada explotación. Pero estas visitas no pueden equipararse a las funciones del veterinario de explotación, que se encarga de elaborar ese Plan.
Para los animalistas, "el bienestar animal no puede ser tratado como una mejora en la gestión ordinaria de las explotaciones ganadera, sino como un requerimiento mínimo". "Pero además, las funciones y responsabilidades de la persona veterinaria de explotación se han visto reducidas de manera significativa respecto las actuales contempladas en el Real Decreto que se pretende derogar", dicen en una nota de prensa.
Cerdo en una granja
“Si no se reconduce este proyecto de real decreto, acudiremos a las instituciones de la Unión Europea para poner de manifiesto el incumplimiento de legislación europea que resulta imperativa para España”, manifiesta, por su parte, Anna Mulá, Gerente de Incidencia Legislativa de Igualdad Animal.
Por todo esto, la Fundación Igualdad Animal ha alertado del gran retroceso que supone convertir la figura del veterinario de explotación que era obligatoria en optativa, lo que compromete las actuaciones sanitarias, de higiene, bioseguridad y bienestar animal. Además, rechaza rotundamente la supresión generalizada del Plan de Bienestar animal en las explotaciones ganaderas y solicita que sea obligatoria en cualquier caso y tipo de granja, a partir de 2025.
En concreto, hace apenas unos días la Fundación Igualdad Animal ha denunciado a dos granjas de cerdos de Aragón que tenían a los animales en un estado de abandono y hacinamiento extremo, con lesiones no tratadas, deformidades y prácticas de canibalismo. Todo esto incumple la normativa de bienestar y sanidad animal. Situaciones como estas podrían agravarse ante la posibilidad de suprimir los mecanismos que garantizan la implantación del bienestar animal en las explotaciones ganaderas.
La Fundación Igualdad Animal es una organización que defiende los animales de granja y que está presente en España, Inglaterra, Italia; Estados Unidos, México, Alemania, Brasil e India.
En 2023, en España, solo fueron inspeccionadas el 0,98% de las explotaciones ganaderas. Estas inspecciones se realizaron solo en 2.846 de las 365.616 explotaciones ganaderas existentes. Además, estos controles son avisados con un plazo de hasta 72 horas de antelación.