Horacio y los riders que quieren ser autónomos, contra Yolanda Díaz y Glovo: "Antes ganábamos 6.000 €, ahora ni 1.200 €"
- Crecen las críticas en el sector afín a los autónomos ante la decisión de regularizar los contratos en el marco de la Ley Rider promovida por Trabajo.
- Más información: La reconversión de Glovo deja a Uber Eats como única empresa de reparto con autónomos tres años después de la Ley Rider
Tras tres años desde la entrada en vigor de la Ley Rider promovida por Yolanda Díaz y el Ministerio de Trabajo, Glovo ha cedido ante las presiones legales y ha aceptado regularizar a su plantilla. Cambiará el modelo laboral y empezará a trabajar tan sólo con repartidores contratados, prescindiendo de los autónomos. Una decisión que se ha tomado un día antes de que el CEO de la empresa, Oscar Pierre, entrara a declarar en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona al ser acusado de un delito penal contra los trabajadores.
Los sindicatos y la propia ministra han visto con buenos ojos la decisión tomada por Glovo de "mantener una mesa de diálogo con los agentes sociales para dotar al proceso de todas las garantías", tal y como anunció la empresa en un comunicado. Así lo han hecho también colectivos como Riders X Derechos, la plataforma sindical estatal de los repartidores que, desde hace años, lucha por unas condiciones de vida dignas para este tipo de trabajadores. No obstante, RXD ha llamado "a mantener la calma y los ojos bien abiertos, pues el propio historial delictivo de la empresa dice que uno no se puede fiar de su actuar".
Por otro lado, la medida ha incomodado a un sector díscolo y ya descontento formado por cientos de repartidores que, como Horacio Gómez, consideran que estas medidas van a reducir –aún más– los beneficios de los repartidores a fin de mes. Algo que ya venían notando en sus nóminas desde la implementación de la Ley Rider en agosto de 2021 y desde que Glovo aumentara su plantilla de repartidores para cubrir el aumento de la demanda a costa de reducir sus salarios.
"Es la consolidación de una tendencia que nos afecta para mal", asegura el propio Gómez, uruguayo afincado en Barcelona que trabaja con Glovo desde 2019. "Es cierto que éramos autónomos y que pagábamos la cuota máxima de 380€, pero eso nos permitía poder trabajar para Glovo, Uber, Amazon Flex y Deliveroo y sacarnos fácilmente entre 3.000 y 4.000 € al mes si le echábamos 10 o 12 horas al día. Yo he llegado a ganar 6.000 € en un mes".
"Un chico que trabaja con la bicicleta y con un teléfono puede no ser un empresario, pero sí un autónomo que va a ganar más que un mero asalariado", continúa el rider. "Si asalarias a alguien, va a ganar entre 1.100 y 1.200 € y, además, lo vas a obligar a trabajar forzosamente en un horario laboral concreto. Con una serie de normas establecidas y esos salarios, no te da para poner una olla igual de buena encima de la mesa como cuando ganabas 4.000 €. Antes, si se esforzaba, un rider recibía más que un diputado; Yolanda Díaz se ha encargado de acabar con eso".
Horacio Gómez asegura que la regularización de los contratos está bien porque existe un amparo legal, pero al tiempo, denuncia, "lleva a la precarización total, porque el repartidor que trabaja con sueldo es el que menos gana". Glovo, aduce, no era tampoco ningún ángel de la caridad, pues "se ahorraba igualmente pagar a la Seguridad Social, pero al menos permitía que los chicos se sacasen su dinero con los pedidos. El problema es cuando entran los gobiernos. Dicen que te ayudan, que te pagan la salud y las vacaciones, pero ¡con 4.000 € al mes me pago yo todo, sin jefes que me digan qué hacer!", denuncia.
Gómez, por supuesto, tiene en cuenta que no todos los repartidores ganaban esos salarios, y que la medida puede beneficiar a quienes buscan una estabilidad laboral. Por eso buscan volver al modelo de hace unos años, pero con garantías jurídicas. "Si repartiendo un pedido vas de A a B y ganas 15 euros por hora y trabajas 8 a 10 al día, ganas un dineral. Pero los políticos prefieren que ganes menos y que esa empresa pague a tres por el precio de uno, metiendo a esas tres personas en la cotización social".
El uruguayo es portavoz de la Asociación Autónoma de Riders (AAR) de España. Su presidente es Badr Eddine Hilali, alias Naruto. Este último asegura a EL ESPAÑOL que, "por culpa de la mala gestión de Yolanda Díaz, más de 30.000 repartidores perdieron sus trabajos en España. Se fueron a Reino Unido y a otros países donde se paga mejor los pedidos, y los que se quedaron aquí, por culpa de la Ley Rider, están una situación aún más precaria de lo que ya era por culpa de la ministra. Antes de legislar debía haberse sentado con los representantes de los riders, nosotros, y no con unos sindicatos que no tienen ni idea", denuncia Eddine.
"Lo ideal es hacer un modelo híbrido. La mayoría queremos trabajar como autónomos, pero con seguridad jurídica, algo que nunca hemos tenido tanto por parte de la administración pública ni por las plataformas de reparto".
Por su parte, Horacio Gómez recuerda que, tras la aprobación de la Ley Rider, se celebraron numerosas manifestaciones en Madrid, Valencia, Sevilla y Barcelona porque muchos repartidores no querían el modelo de asalariado, sino el de autónomo. "Tú te dabas de alta y trabajabas para cinco empresas. Glovo siguió con el modelo a pesar de la legislación, pero se aprovechó de las circunstancias y metió a más chicos a trabajar, por lo que empezaron a pagar menos". Si se volviese al modelo previo a la Ley Rider, asegura Gómez, "con 8 o 10 horas de trabajo ganaríamos muchísimo más".
La eterna batalla de Glovo
Glovo ha enfrentado numerosos juicios relacionados con sus prácticas laborales previas a 2021, obteniendo fallos tanto a su favor como en contra. Uno de los más relevantes fue el del Tribunal Supremo en 2020, que determinó que la empresa no era simplemente un intermediario, sino que existía una relación laboral directa entre la plataforma y los repartidores.
En enero de 2024, una inspección de Trabajo lanzó su primera advertencia de sanción contra Glovo al considerar que el modelo de la empresa violaba los requisitos establecidos por la Ley Rider. Como resultado de estos procesos legales, Glovo ha acumulado sanciones que superan los 200 millones de euros, incluyendo multas, cotizaciones impagadas e intereses.
Además, el Ministerio de Trabajo calcula que las cuotas no abonadas por la empresa desde agosto de 2021, relacionadas con unos 60.000 trabajadores, ascienden a aproximadamente 267 millones de euros.
Tal y como explicó EL ESPAÑOL-Invertia, en 2023, el Gobierno añadió una nueva vía de presión para las plataformas como Glovo que modificaba el Código Penal. En su artículo 311, añadía que se podía castigar con "penas de prision de seis meses a seis años y multa de seis a doce meses a los directivos que impongan condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo".