La sede central de Muface en Madrid ha sido este sábado un hervidero de descontento. Miles de funcionarios convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) han clamado por la supervivencia de la mutualidad de los trabajadores públicos, en riesgo por la falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras privadas, que demandan más financiación.
El Paseo de Juan XXIII estaba lleno hasta la bandera de personas venidas de todas las partes de España. De los altavoces salían proclamas que auguran lucha por parte de los funcionarios si el Gobierno y las aseguradoras no encuentran una solución para su situación sanitaria.
“Volveremos otra vez, si Muface no se arregla, volveremos otra vez”, coreaban unas 35.000 personas, según el portavoz de CSIF. Una estimación que la Delegación del Gobierno en Madrid ha rebajado hasta los 6.500 asistentes.
Entre la muchedumbre ha estado Antonio Dordio, de 78 años. Tras años de trabajo para la Policía Nacional y ahora como jubilado, la incertidumbre se cierne sobre el tratamiento contra el cáncer de su mujer, de 76 años, adscrita a Muface a través de él.
“Hemos recibido un mensaje de Adeslas [una de las tres aseguradoras privadas que dan servicio a Muface, junto a DKV y ASISA] diciendo que el 31 de enero se acababa el concierto que tenía con nosotros”, explica el hombre.
El ministro de Función Pública, Óscar López, negocia desde noviembre con las aseguradoras para que este acuerdo no termine. Las empresas sanitarias piden una subida de la financiación superior al 40%, mientras que el Gobierno ofreció en una primera licitación una subida de la prima del 14%. Una oferta que López se ha comprometido a subir antes de fin de año.
El acuerdo sigue sin llegar y Dordio teme que su mujer tenga que ser traspasada a la Seguridad Social, a pesar de que confía en el sistema público de salud. “Una persona que tiene un tratamiento cada 21 días, al llegar a la Seguridad Social, lo que va a ocurrir es que va a tener que esperar, que los médicos de la privada le hagan un expediente y cuando ese expediente lo tengan ellos a bien, seguir con el tratamiento”, explica el expolicía.
El presidente nacional del CSIF, Miguel Torra, ha pedido al Gobierno una licitación suficiente para que las aseguradoras privadas puedan prestar su servicio a través de Muface: "Está jugando [el Gobierno] con la salud de 1,5 millones de personas", ha explicado frente a los micrófonos.
Lo más grave, según las declaraciones de Torra, es que como en el caso de la mujer de Dordio, “centenares” de pruebas médicas a funcionarios o sus familiares están siendo rechazadas o demoradas por parte de Muface.
Varios manifestantes en la protesta convocada este sábado por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios.
“Por desgracia, los tratamientos de cáncer son carísimos”, dice el jubilado sobre la posibilidad de que su mujer pague el seguro privado de su bolsillo en vez de a través de Muface. La contribución de los trabajadores públicos a la mutualidad es de 478 euros al año de media, una cifra que varía según el régimen de cotización.
Movilizaciones como la de este sábado pueden volver a repetirse. El sindicato ha amenazado incluso con un paro nacional. "No descartamos ninguna medida, incluyendo una huelga en las Administraciones públicas", ha anunciado Borra. La pelota queda ahora en el tejado de las aseguradoras y el Gobierno.