“O el Reino de España me protege mientras estoy vivo y libre o no tengo ya más esperanza”, nos dice el empresario Arthur Perepelkin desde algún lugar de Barcelona. Arthur se trasladó a Cataluña hace ahora 10 años con la esperanza de ponerse a salvo del acoso político y empresarial al que, según afirma, le sometían los funcionarios de Moscú. Pero ahora tampoco se siente aquí al resguardo.
El 21 de marzo del pasado año, las autoridades rusas lo declararon en busca y captura tras confiscar sus bienes y el 15 de mayo de este año, la jueza del Tribunal de Distrito Tagansky de Moscú, A.Yu. Timakova, aceptó la solicitud de su detención in absentia. A instancias de su abogado, el requerimiento de búsqueda internacional cursada a Interpol ha sido bloqueado de forma preventiva. La Fiscalía de Rusia no ha cursado todavía oficialmente una petición de extradición a España, pero solo es cuestión de tiempo que lo haga. Ahora está desesperado por conseguir el estatus de refugiado.
Lo que los funcionarios rusos argumentan es que hay abierto contra él un proceso penal por fraude a gran escala. Perepelkin lo niega. “Se trata claramente de una persecución política”, se justifica. “Sus acusaciones no están respaldadas por pruebas objetivas y la razón de ese proceso —una de tantas— es que me negué a pagar cinco millones de dólares estadounidenses a dos agentes del FSB (Servicio Federal de Seguridad) que intentaron extorsionarme. Primero, intentan que pagues. Y si no lo haces, te confiscan los bienes o intentan apoderarse ilegalmente de tu negocio”.
Antes de su caída en desgracia, Perepelkin era uno de esos millonarios rusos con avión privado y yate surgidos de las cenizas postsoviéticas. Su riqueza estimada acostumbraba a precisarse en 180 millones de dólares. Amasó buena parte de ella convirtiéndose en el mayor distribudor de vodka en el país que supuestamente lo inventó (no está del todo claro si en verdad ese destilado alcohólico es ruso aunque su nombre sí lo sea).
Si le preguntas cuánto dinero le ha quedado te dirá que se lo ha quitado (casi) todo el Kremlin por comprometerse con Ucrania y ponerse del lado de Boris Nemtsov, que era, por así decirlo, el político ruso de oposición que más seriamente llegó a desafiar el poder de Putin y que, justamente por ello, fue acribillado a tiros por la espalda en febrero de 2015 cuando cruzaba el puente Bolshói Moskvoretski, a 200 metros del Kremlin.
De su origen al imperio
Su historia se parece a la de tantos chicos listos crecidos durante la Perestroika. Nació en Moscú el 20 de agosto de 1969. Su madre era una educadora moscovita y su padre, un georgiano de Tiflis. Pasó toda su infancia, hasta los 10 años, en Abjasia, una región que a él le recuerda a Cataluña. En 1987, concluyó sus estudios en la escuela de enseñanza secundaria. Luego fue reclutado por el ejército, donde sirvió dos años. Y tras cumplir con sus obligaciones militares, se graduó en la especialidad de Finanzas y Crédito de la Academia de Negocios de Moscú. Aprendió cómo ganar dinero en pleno tránsito del comunismo a la economía de mercado gracias a unos amigos de Berlín occidental cuyos padres habían emigrado durante los 70 desde la Unión Soviética.
“Un viaje a Alemania me ayudó a comprender cómo funcionan los negocios en Europa”, nos cuenta. “En la época de Gorbachov, exploré también la experiencia de la vecina Polonia, donde se estaban produciendo cambios económicos significativos. Y cuando se legalizó la empresa privada en Rusia, comencé un negocio serio. Primero, abrí tiendas de bebidas al por mayor. En 1993, cuando las empresas extranjeras comenzaron a incorporarse activamente en el mercado ruso, se suscribió un acuerdo exclusivo no oficial para distribuir vodka de la marca Finlandia en Rusia, lo que me permitió transformar aquel almacén mayorista convencional en una red de distribución nacional”.
La cartera de Perepelkin se amplió con las marcas de Allied Distillers, que posteriormente se fusionó con la española Pedro Domecq. Fue entonces cuando el empresario comenzó a venderle a los rusos productos tan icónicos como la ginebra Beefeater, el whisky Ballantine's, la tequila Sauza y o el coñac Courvoisier. Paralelamente, firmó un acuerdo con la empresa estadounidense Seagram (ahora desaparecida). Para entonces, Arthur se había convertido ya en uno de los jugadores titulares de excepción en la primera liga rusa de distribución de bebidas alcohólicas. Al igual que su antiguo socio Yuri Shefler (el productor del famoso Stolichnaya), Perepelkin solía ser mencionado en su país como “el rey ruso del vodka”.
Aquello, sin embargo, no duraría mucho. El 9 de noviembre de 2000, el Gobierno de la Federación de Rusia creó la empresa estatal federal Rosspirtprom. En teoría, su función era controlar la producción y venta de alcohol. En la práctica, la sociedad comenzó a competir activamente en condiciones no comerciales con los productores y distribuidores independientes como el mismo Perepelkin o su socio Shefler.
“Organizaban inspecciones repentinas o se incautaban por la fuerza de los negocios. Un buen ejemplo de ello es lo que sucedió con las marcas Stolichnaya y Moskovskaya de Yuri Schefler, a quien yo apoyé”, asegura Perepelkin. “Las agencias gubernamentales le vieron como un competidor y no escatimaron esfuerzos para recuperar los derechos de las marcas legendarias de vodka bajo su control. Otras sociedades privadas se vieron obligadas a abandonar el mercado o a vender sus activos a grandes jugadores como el propio Rosspirtprom. Participar en este conflicto me permitió ver desde dentro cuán cruel e injusta es la maquinaria del estado cuando se trata de grandes empresas y símbolos nacionales. Aquello me enseñó una lección importante: incluso los proyectos más exitosos en Rusia pueden ser víctimas de intrigas políticas si sus actividades comienzan a amenazar los intereses de los más cercanos al Kremlin”.
Yuri Shefler —el principal implicado en los conflictos con Soyuzplodoimport y las autoridades estatales— abandonó Rusia en 2002, pero no sin antes enfrentar una larga serie de juicios y acusaciones. Más tarde obtuvo asilo político en Gran Bretaña. En 2024, un tribunal ruso designó su negocio como extremista y confiscó sus activos, incluida la destilería Amber Talvis en la región de Tambov y otras empresas. Le acusaban de financiar organizaciones que apoyan a las fuerzas armadas de Ucrania a través de sus organizaciones extranjeras.
“Mi apoyo al grupo de Shefler atrajo la atención de las fuerzas del orden”, continúa Perepelkin.“Como resultado, consciente de lo que está sucediendo en el país y en vista también de mis propias perspectivas desfavorables, en 2005 tomé la decisión de abandonar el negocio del alcohol y vendí la compañía”.
Extorsiones, presiones...
Cinco años antes, en 2000, el empresario ruso afincado en España había adquirido la totalidad de las acciones de la refinería de petróleo de Mari, situada en la ciudad de Hoshkar-Ola. A su vez, en 2008, comenzó a trabajar en la creación de un banco digital al que, en 2010, renombró como Banco-T. La refinería fue incautada y declarada en quiebra y la licencia del banco fue finalmente revocada tras redadas sucesivas en represalia por la colaboración del antiguo rey del vodka ruso con la oposición y por su negativa a ‘resolver la situación’ sobornando con cinco millones de dólares a dos altos funcionarios del Servicio Federal de Seguridad (FSB), Dmitry Zakharchenko y Kirill Chekalin.
“Como me negué a pagarles, hicieron todo lo necesario para que me quitaran la licencia”, afirma. “Posteriormente, ambos fueron acusados de extorsionar grandes sumas a otros empresarios y banqueros, así como de usar su posición para presionar a las entidades financieras. Hoy en día, en Rusia, el problema de la redadas llevadas a cabo con la participación de los organismos encargados de hacer cumplir la ley se ha vuelto sistémico. El uso de las estructuras de poder para destetar negocios se ha convertido en una de las mayores amenazas para los empresarios, especialmente para aquellos que trabajan en industrias rentables y estratégicamente importantes”.
Al decir del empresario moscovita, el esquema de esa variante de bandidaje estatal es muy simple: “Se inician casos criminales inventados contra el propietario de la empresa, se realizan numerosos controles, se bloquean las cuentas y se crean obstáculos administrativos artificiales. Paralelamente, comienza la presión sobre la administración y los accionistas de la compañía para obligarlos a abandonar el negocio o venderlo a un costo subestimado. Hay casos en que las empresas han perdido el control de sus activos con el pretexto de luchar contra la corrupción, las infracciones fiscales o la protección del interés público. En realidad, el objetivo final que persiguen es redistribuir la propiedad en favor de personas cercanas a Putin y sus acólitos”.
Perepelkin culpa también de su caída en desgracia y de las acusaciones de fraude que se le dirigen a su apoyo a los líderes opositores. “Las víctimas de los ataques son empresarios que no quieren hacer tratos con el estado o se niegan a participar en esquemas de corrupción”, asegura. “Los que tienen conexiones internacionales o apoyan iniciativas políticas o públicas independientes también están bajo ataque. A los ojos de las autoridades rusas, yo soy culpable de todos estos crímenes a la vez: no solo traté de defender la independencia de los negocios, sino que también apoyé a la familia del político Boris Nemtsov después de su asesinato”. Boris fue y sigue siendo un símbolo de resistencia al gobierno autoritario de Putin.
“También me acusaron de financiar a la oposición, incluido Alexei Navalny con su FBK”, apunta Perepelkin. “Como resultado, me enfrenté a una presión deliberada sobre mi negocio en forma de controles, obstáculos creados artificialmente e imputaciones sin fundamento real. Las autoridades rusas utilizan cada vez más las acusaciones de extremismo para confiscar los activos de los empresarios que han abandonado el país y continúan operando en el extranjero”.
Su 'exilio' en España
Hace 10 años, tras esa cadena de reveses y de enfrentamientos con las autoridades rusas, el antiguo rey del vodka decidió mudarse a Europa occidental. “Por un lado, necesitaba protegerme de la insoportable situación política que prevalecía en ese momento en Rusia y de la arbitrariedad de las autoridades. Pero por otro lado, mi esposa civil, Olga Bogdanova, ciudadana rusa, se había mudado a España en 2014. Al principio, Olga solo planeaba viajar aquí para parir, pero luego, cuando nació en Barcelona nuestra hija Bárbara Perepelkina Bogdanova, decidió quedarse en España. Actualmente trabaja en el Instituto Clavel, un centro de neurocirugía de renombre internacional especializado en cirugía de columna y cráneo”.
“Mudarme a España fue una salvación para mí y para mi familia”, prosigue el empresario. “Regresar a mi país es peligroso no solo para mi libertad, sino incluso para mi vida debido a que he criticado abiertamente al régimen de Putin y sus actos criminales en reiteradas ocasiones”.
Mientras Perepelkin insiste en el carácter político de la persecución, las autoridades rusas lo reclaman como autor de una estafa a gran escala, en relación a la causa penal abierta el 4 de enero de 2020 contra Shatilovich S.A. y personas no identificadas. ¿Podría ser devuelto a su país en el caso de que finalmente lo reclamen? En contra de lo que pueda suponerse, España no dejó de cooperar judicialmente con el Kremlin tras el comienzo de la invasión a gran escala, ni de extraditar a Rusia a personas reclamadas.
El verano del pasado año, la propia Fiscalía General de Rusia mostró a modo de un trofeo en su canal de Telegram las imágenes de una delincuente de su país, condenada hace 10 años por estafa, en el instante justo en que abandona el aeropuerto de Barcelona con destino a Moscú. En un vídeo registrado el 6 de julio, podía verse a Feruza Tairova avanzando junto a un agente de la Policía Nacional a través de un corredor del Prat hasta alcanzar la escalinata del avión donde le aguardan funcionarios de la oficina rusa de Interpol y el Servicio Penitenciario Federal. El Tribunal Municipal de Ramensky la había declarado culpable de cometer un fraude de 2.339.274 euros.
Otro caso notorio de extradición a Rusia posterior al comienzo de la guerra es el de Innesa Brandenburgo, una glamurosa directiva de un banco ruso a la que se acusó de robo. El crimen por la que se la juzgó en Rusia se cometió en enero de 2018, que es cuando los perplejos empleados del Banco Siberiano para la Reconstrucción y el Desarrollo de Tyumen comunicaron a la policía que Brandenburgo había sustraído algo más de ocho millones de euros de la bóveda del banco y lo había reemplazado por papeles de oficina. Brandenburgo fue localizada y detenida en España en septiembre de 2021 y fue entregada el 27 de julio de 2022. Es decir, cinco meses después del comienzo de la invasión.
También en julio de 2022, la Audiencia Nacional extraditó a otro ruso arrestado en Sevilla en diciembre de 2021. La Fiscalía de la Federación lo reclamaba por tráfico de drogas. Al igual que en los dos casos precedentes, los magistrados españoles argumentaron que había quedado acreditado que la demanda de las autoridades judiciales rusas no enmascaraba una persecución política. El propio auto judicial de la Audiencia Nacional establecía que, en ausencia de un tratado bilateral, los intercambios se regulan por el Convenio Europeo de 13 de diciembre de 1957 y mediante los protocolos del 15 de octubre de 1975 y del 17 de marzo de 1978, así como por la Ley 4/1985 de Extradición Pasiva.
Lo que Perepelkin afirma justamente es que lo suyo sí es un caso de represalia políticamente motivada. “Ninguno de los cargos en mi contra están respaldados por pruebas objetivas”, insiste el rey del vodka destronado. “En la Rusia moderna, la conexión con Boris Nemtsov —su nombre, ideas o legado— se convierte en una especie de estigma. todos los que estamos conectados con él nos hemos enfrentado a grandes problemas. Esto puede manifestarse en forma de presión profesional, represión, amenazas o enjuiciamiento. La misma suerte corre para sus familiares y amigos cercanos, así como para aquellos que apoyaron sus ideas o colaboraron con él.
“Mi conexión con la familia Nemtsov se convierte no solo en una declaración política, sino también en un desafío para el sistema de Putin, que ve en el legado de Boris Efimovich una amenaza para su existencia. En cuanto a mí, siempre me he opuesto a la guerra y al terror ruso, y he seguido y sigo apoyando los ideales de la democracia y los derechos humanos. Pero si llego a una prisión de mi país, la probabilidad de que me envíen por la fuerza a combatir a Ucrania es extremadamente alta”, alega.