La ira del mariscal libio Haftar contra Pedro Sánchez por una redada de la Guardia Civil: "Tendrá consecuencias"

Además, comenzó a someter a vigilancia internacional a su hijo de 34 años, Saddam Hafter, y a su círculo cercano, mientras, al mismo tiempo, la diplomacia española en Libia se esforzaba en cuidar las relaciones con el gobierno de los Hafter y anunciaba en una carta la aprobación de la apertura de un consulado honorario en Bengasi.

Hace sólo dos semanas, el presidente del Consejo de Diputados de Libia, Aqila Saleh Issa, con sede en Tobruk y no reconocido como legítimo por Naciones Unidas, redactó una carta incendiaria a la que ha tenido acceso en exclusiva EL ESPAÑOL. Según afirma, esta carta se entregó estas Navidades tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La carta de la discordia

La primera crisis, motivada por la actuación de la Guardia Civil, se saldó en agosto del pasado año con el cierre del principal yacimiento de una petrolera española en Libia. Ahora advierten de nuevo que entienden que el comportamiento de los agentes españoles "es inaceptable y su continuidad tendrá un impacto negativo en las relaciones bilaterales entre ambos países".

¿Qué es lo que ha irritado tanto al comandante en jefe del autodenominado Ejército Nacional Libio (ENL) y a los miembros de su séquito y su dinastía? El hijo de Jalifa, el también teniente general Saddam Hafter, al que su padre nombró recientemente comandante en jefe de las fuerzas terrestres, se quedó perplejo el pasado 2 de agosto cuando la policía italiana lo retuvo en el aeropuerto de Capodichino (Nápoles).

La situación geopolítica de Libia es un caos desde que descarriló la transición a la democracia tras la caída de Moamar Gadafi en 2011.

La retención se debió a un señalamiento introducido meses antes por la Guardia Civil en el Sistema de Información Schengen por su supuesta implicación en un caso de contrabando de armas. Los funcionarios italianos se limitaron a hacerle unas preguntas y dejaron que regresara en su jet a Bengasi. No habían transcurrido ni unas horas desde su regreso cuando las autoridades bajo el control de su padre ordenaron reducir a mínimos la producción del yacimiento petrolero de Al Sharara, el mayor del país, operado por la petrolera española.

La misiva remitida a Sánchez por la cámara de diputados controlada por los Hafter aclara ahora el verdadero alcance de la investigación llevada a cabo por la Benemérita. "La última transgresión de la Guardia Civil ha sido el envío de memorandos a Brasil y a la Interpol para incluir los nombres de varios libios en las listas de la fiscalía", asegura el presidente del Consejo de Diputados, Aqila Saleh Issa, en la carta.

"Asimismo, hemos tenido conocimiento de que han solicitado a los Estados Unidos realizar un seguimiento y vigilancia del personal de seguridad que acompaña al comandante en jefe, el mariscal de campo Jalifa Haftar, así como de los escoltas del jefe del estado mayor de las fuerzas terrestres, teniente general Saddam Haftar. Esta institución armada también ha hostigado a ciudadanos libios y a sus familias, sometiéndolos a vigilancia, interrogatorios, juicios y difamación ante varios países", prosigue la misiva.

El complicado tablero geopolítico

La situación geopolítica de Libia es un verdadero polvorín desde que descarriló la transición a la democracia tras la caída de Muamar Gadafi en 2011. En la actualidad, existen dos gobiernos y dos aparatos administrativos: uno en Trípoli, reconocido por Naciones Unidas, y el otro controlado por el clan de los Haftar, cuyo poder se extiende desde el este al sur, donde se encuentran la mayoría de los yacimientos petrolíferos en los que tienen intereses las empresas españolas.

Cierto es que, en las catacumbas de la realpolitik y los intereses económicos y políticos que a menudo se solapan sobre las legislaciones internacionales que la Guardia Civil asegura defender en este caso, tampoco España ha tratado precisamente al mariscal como a un leproso de las relaciones internacionales. Al contrario, existen pruebas de que se ha cultivado y trabajado su amistad, sin descuidar tampoco la de sus enemigos de Trípoli.

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"Resulta llamativo que algunos funcionarios españoles como su embajador en Libia (se refieren a Javier García Larrache Olalquiaga, que ejerció como tal hasta mayo del pasado año), hayan expresado en repetidas ocasiones su deseo de visitar y reunirse en Bengasi con el mariscal de campo Jalifa Haftar, lo que genera interrogantes sobre la contradicción entre el proceder de la Guardia Civil y el del Gobierno de España", prosigue Aqila Saleh Issa en su carta a Sánchez.

Y, en efecto, existe una misiva a la que ha tenido acceso este diario en la que el exembajador español en Libia se refería de manera entusiasta a la colaboración empresarial de sociedades procedentes de nuestro país con el gobierno del mariscal.

Presencia empresarial española

"Se ha ido incrementando la presencia empresarial española, en algunos casos con material de alta tecnología, como es el caso de la empresa Medusa, que tiene un proyecto de conexión submarina desde Bengasi a Europa […]. A ello se suma, por supuesto, la continuada presencia de la petrolera española", escribía el diplomático español el pasado mayo. Es decir, tres meses antes de que la transnacional petrolífera española fuera 'castigada' por los Hafter a raíz de lo sucedido en Nápoles.

Al mariscal y a su gobierno les molestó también que el informe de la Benemérita se refiriera al Ejército Nacional de Libia como un grupo de irregulares. "Rechazamos categóricamente los repetidos intentos de la agencia de desacreditar a las Fuerzas Armadas Libias, y especialmente, su mención del 87º Batallón de Intervención Rápida como 'milicia'. Este es una unidad que, bajo el mando del teniente general Amraj Al-Amami, se encargaba de proteger los campos petrolíferos, incluido el de Sharara, operado por la petrolera española, así como las misiones diplomáticas, incluida la de Naciones Unidas".

La carta redactada por Javier García- Larrache Olalquiaga.

Claro que lo que cuestiona, sobre todo, es la investigación llevada a cabo por la Unidad Especial Número 3 (UCE-3) de la Guardia Civil, que impidió que se consumara por completo una operación de venta a Libia de 44 drones, en la que estaban involucradas tres empresas españolas: la valenciana Shadow Linx, Aeronáutica DTS y Duma Engineering. De acuerdo a un informe divulgado el mes pasado por El Independiente, el acuerdo se hizo con una compañía pantalla del Ejército Nacional Libio llamada AHM Investment, con sede en Emiratos Árabes, e incluía también el envío de especialistas para el montaje de las aeronaves y para adiestrar al personal local en su uso. Varios de los drones fueron ya enviados a Libia desde Valencia a través de Barcelona.

La Guardia Civil argumenta que el material exportado violaba el embargo internacional que pesa sobre Libia. Sin embargo, el gobierno de los Hafter insiste en que estos drones y equipamientos se destinaban exclusivamente a usos civiles, como el control fronterizo y las operaciones humanitarias.

El material incautado

"En contra de lo que se ha dicho, la investigación de la Guardia Civil no ha sido asignada a ningún juez para su revisión ni ha alcanzado el nivel de caso pendiente", precisa Aqila Saleh Issa en el documento remitido a Sánchez. "Queremos expresar nuestro total rechazo a los abusos cometidos por la Guardia Civil, incluyendo la apertura de los archivos de correo electrónico de la empresa Shadow Lynx, que era la encargada de fabricar unos drones adquiridos por las Fuerzas Armadas de Libia con fines legítimos, como el control de fronteras, la protección de campos petrolíferos y la lucha contra organizaciones criminales. También se utilizaron en labores humanitarias durante las inundaciones causadas por el huracán Daniel".

Por el contrario, de acuerdo al informe de la Benemérita, el contrato entre Shadow Lynx y la empresa pantalla del Ejército Nacional Libio consistía en el envío de tecnologías con usos claramente militares. Y eso incluye especialmente 12 drones Zarek V-350, dos Zarek V-600 y tres packs de 10 Bluefish, aeronaves no tripuladas descritas como drones suicidas de uso militar.

Miembros de las Fuerzas Armadas Árabes Libias.

En el intento de rebatirlo, el Gobierno de Tobruk encargó un peritaje al que también ha tenido acceso EL ESPAÑOL. No hace mención directamente a los drones, pero sí a cierto material como cámaras térmicas supuestamente destinadas a las aeronaves.

El informe pericial, datado el pasado 3 de diciembre, ha sido elaborado por el criminalista José Cabrera López a petición de Rodríguez Marqueta abogados. Más concretamente, el peritaje intenta demostrar que los objetos incautados por la Guardia Civil en mayo de 2023 en el puerto y el aeropuerto de Valencia no pueden ser descritos como material de defensa de doble uso y, por lo tanto, su venta no constituye delitos de contrabando de géneros prohibidos (armas) ni pertenencia a un grupo criminal.

El citado peritaje es igualmente interesante porque abunda en los detalles de una parte de la operación frustrada por la Benemérita que tanto ha indignado al mariscal y su hijo. "Tenemos constancia de que, en fecha 24 de mayo de 2023, fue investigado por parte del Servicio Fiscal de la Guardia Civil del puerto de Valencia, el contenedor número DSFU-1216127, con supuesto destino a Libia a bordo del buque Ningbo Express", se señala en el informe.

Según los atestados policiales, en el interior de este contenedor había cascos militares, hológrafos (visores), unidades de montura (rieles para visores y miras telescópicas), uniformes, mochilas militares y sudaderas. Anteriormente, con fecha 7 de mayo de 2023, se había interceptado también a una persona en el aeropuerto de Manises con otros cincuenta rieles para visores, ochenta visores térmicos y 103 unidades de hológrafos (miras réflex).

Al Sharara, el mayor yacimiento de petróleo del país.

El encargo técnico en cuestión sólo contemplaba la verificación, reconocimiento y circunstancias relativas a las 350 unidades de los cascos militares, las 200 unidades de hológrafos, las 350 unidades de rieles y los 80 visores térmicos. Claro está, de acuerdo al informe hecho a instancias de los Hafter, "ninguno de los elementos incautados pueden ser consideradas armas ni material de defensa o doble uso, ya que no tienen capacidad lesiva alguna". El problema es que la Benemérita no traga.

A principios de esta semana, el mismo día de Nochevieja, saltaba igualmente a la palestra una noticia que todavía hace más confusa la interpretación de toda esta rocambolesca cadena de episodios. Dos semanas después de que se redactara la misiva en la que se advertía al Gobierno de "las repercursiones" que podría tener la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, se anunciaba sorpresivamente que la compañía energética española acababa de reanudar sus perforaciones en Libia, en un pozo exploratorio situado a 800 kilómetros de Trípoli y a tan sólo 12 del campo Al Sharara, que es donde fue obligada a detener sus operaciones en castigo por la inclusión del heredero del mariscal en el Sistema de Información Schengen.

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En relación a lo ocurrido el pasado mes de agosto en Nápoles, es sin duda significativo que, de una parte, los funcionarios italianos informaran a Sadam de que la razón por la que le retuvieron cerca de una hora eran las acciones realizadas por los españoles y, de otra, y en contra de lo que dicta el protocolo, no le siguieran en sus desplazamientos por el país.

Que los Hafter controlen junto al gobierno de Tobruk buena parte de los recursos petrolíferos o que tenga las llaves de buena parte de la migración irregular guarda sin duda relación con el trato amable que le viene brindando al mariscal la primera ministra italiana Giorgia Meloni o los propios funcionarios de Asuntos Exteriores de nuestro país. El castigo a la petrolera española fue interpretado el pasado año como una clara extorsión política. Lo que se desconoce es qué ha propiciado ahora el 'levantamiento de la pena'.