"Quieren solucionar un problema generando otro", dice uno de los cientos de afectados por el anteproyecto de Ley Orgánica para la Ampliación y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal. La reforma propuesta por el Gobierno, con la que pretendería "afianzar la gran transformación de la Justicia junto a los principios de digitalización, modernización y vocación social", ha levantado el grito de protesta de jueces y fiscales que se oponen a ella. Las "víctimas" de esta modificación consideran que tiene "más sombras que luces", ya que va en "detrimento" de los mismos profesionales.
Si bien la reforma pretende garantizar la "igualdad de oportunidades en el acceso", la "pluralidad", la "transparencia" y la estabilización de casi 1.000 interinos para "dotar de recursos humanos suficientes" a la Administración de Justicia y satisfacer la demanda de togados — entre otras medidas —, los jueces y fiscales que han entrado a la carrera por turno libre tachan estos cambios de "injustos" y "preocupantes", pues el acceso a la Judicatura "requiere de una formación específica que solo se acredita a través de las vías de acceso existentes en la actualidad", vías a las que no van a tener que someterse los interinos.
Íñigo Errejón ya planteó en el 2020 una reforma del Poder Judicial con las siguientes cuestiones: "¿De dónde provienen los que pueden acceder a la carrera judicial? ¿Qué familia puede permitirse diez años de estudios sin becas?". A esta filosofía ha querido adherirse Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, con la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para conseguir más "diversidad de perfiles" y que los opositores no vengan "solo de padres ricos".
Entrega de despachos de la promoción 73 de jueces.
EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con jueces y fiscales de orígenes humildes que están "insatisfechos" con estas modificaciones legislativas, ya que, ahora, después de "años de sacrificio y esfuerzo", se pueda dar lugar a "una justicia más injusta" por la renovación de un sistema de acceso en la que no se prima la "excelencia y mérito".
"La carencia evidente de personal que sufre la Administración de Justicia en España — la quinta peor ratio de jueces de la Unión Europea, 11 por cada 100.000 habitantes, siendo la media europea de 24 — se debe solventar aumentando el número de plazas en el turno libre, es decir, por oposición, garantizando que se cumplan los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad que deben presidir siempre el acceso a la función pública", explican.
Los togados "humildes"
Alba Fernández (28 años) es una de los miles de jueces que no vienen de una "familia de clase alta o de grandes empresarios". Es más, sus padres tienen una pequeña frutería en un pueblo de Galicia que durante seis años se convirtió en su biblioteca personal. Aunque la reforma alega pretender que se garantice el acceso a clases con menos recursos, la califica como un "despropósito absoluto con alguna que otra pincelada de color".
"Me parece perfecto que se fortalezcan las becas, así más personas y de distintas clases sociales van a poder permitirse estudiar la oposición. Siempre estudié en instituciones públicas y me hubiera gustado contar con esta medida cuando estaba opositando. Pero, ¿por qué me van a obligar a desplazarme cuando ascienda a magistrada? ¿Por qué un sustituto que no tiene la oposición va a tener más antigüedad que la que tiene un juez de carrera recién promocionado? ¿Por qué un interino puede aspirar a un puesto al que podría ir alguien con carrera?", se pregunta molesta.
Entre las medidas planteadas, "consolidar y proteger las Becas SERÉ para darles un rango legal" es una de ellas, una propuesta con la que está conforme la mayoría de las asociaciones de jueces. Sin embargo, el anteproyecto también plantea el restablecimiento del traslado forzoso a los tres años de ascender a las categorías de magistrado o de fiscal, una medida suprimida en el 2009.
El traslado forzoso después de tres años de ejercicio profesional provoca "importantes perturbaciones en la vida personal y profesional". Esta es una medida que no se aplica a ningún otro funcionario público y la definen como "anacrónica, injusta e injustificada". "¿Cómo voy a tener una estabilidad personal o familiar si estoy obligada a ir donde me digan?", dice Fernández. "Si se suspendió por considerarse inadecuada, ¿por qué la traen de vuelta?", añade.
Promoción del 72. EFE
El comunicado difundido por las últimas promociones de jueces y fiscales ya cuenta con más de mil firmantes que no entienden cómo se va a "adecuar la realidad de los profesionales del servicio público" si se obliga a una movilidad geográfica que no se ajusta con las realidades de los togados actuales. Raúl Fernández (26 años), juez en expectativa de destino en la provincia de Girona, tilda esta reforma como un "retroceso en los avances conseguidos y que va en contra de las conciliaciones sociales".
"Mi padre es camarero, mi madre celadora, y durante muchos años han luchado económicamente para que yo pudiera ser juez. Después de años de trabajo me encuentro con que, quizás, no pueda tener ningún tipo de estabilidad. Si me tengo que estar desplazando no sé cómo voy a formar una familia", resalta Raúl. "Los continuos cambios de destino obstaculizan la consolidación de equipos de trabajo estables y la necesaria coordinación entre los órganos judiciales, generando ineficiencias que repercuten directamente en la ciudadanía".
Jueces y fiscales vs interinos y sustitutos
"Van a conseguir que la oposición por turno libre no valga para nada", exclama este juez. La pretensión de integrar en la Judicatura a casi un millar de interinos provoca un contundente rechazo.
La reforma plantea una convocatoria extraordinaria de estabilización, por la que se crea "una nueva vía de acceso" añadida a la del cuarto turno, por la que una de cada cuatro plazas está cubierta por juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio, y que ahora se instaura también en la carrera fiscal.
"Estas propuestas vulneran de manera flagrante los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que presiden el acceso a las carreras judicial y fiscal, los mismos principios que están consagrados en el artículo 103 de la Constitución Española y que proveen el rigor necesario para desempeñar funciones de tan alta responsabilidad", detalla la promoción 73 de la Carrera Judicial.
En este sentido, la problemática se agrava aún más, ya que más de la mitad de la promoción 73 se encuentra en expectativa de destino, es decir, sin plaza en propiedad. "Si no hay plaza para nosotros, ¿cómo pretenden integrar a tantos sustitutos?", se pregunta María Escolano, adscrita al Juzgado de Instrucción 2 de Algeciras, que aún está esperando destino propio.
Escolano es otra de las juezas humildes. De barrio obrero, la granadina señala que "se ha tirado muchos años" de su vida sumida en la incertidumbre y sacrificio para ahora verse en la misma posición que un sustituto, que no ha superado ninguna oposición no ha tenido el coste personal que conlleva. "No se puede solucionar un problema con otro, son propuestas discriminatorias que tiran por la borda años de estudio, sacrificio, renuncias y dedicación, tanto de nosotros como de quienes nos acompañan", comenta.
Una fotografía del juez Raúl Fernández.
"Injusticia en la justicia"
Las promociones afectadas etiquetan como "aberrante" la idea de poder ser miembro de uno de los poderes del Estado mediante la estabilización, con la que se quiere acabar con la temporalidad en la administración pública.
A su vez, el anteproyecto pretende computar a los sustitutos la antigüedad de su ejercicio, lo que supondría una modificación en el escalafón perjudicial para aquellos que entraron a la carrera por turno libre. "La estabilización no puede realizarse a costa de quienes han superado un proceso selectivo altamente exigente, pues las posibilidades de acceso de los opositores actuales se ven significativamente mermadas" argumenta.
"Se me queda cara tonta. Si estabilizan a tantos interinos y les computan la antigüedad desde que empezaron a sustituir. ¿Qué vamos a hacer las últimas promociones? Hay algunos interinos que llevan trabajando 20 años, y nosotros nos acabamos de incorporar a la carrera, no tenemos antigüedad. ¡Nos pueden adelantar por todos los lados, nos arrasan si se aprueba!", explica Fernández.
La falta de objetividad
La posible entrada de un caso práctico en sustitución de uno de los ejercicios memorísticos también ha sido motivo de controversia. Hay quienes lo ven como "un avance para el razonamiento", pero otros se muestran recelosos con esta propuesta. "La memorización te permite tener un mapa global objetivo de todo el ordenamiento jurídico, si nos ponen una prueba práctica podría convertirse todo en razonamientos más subjetivos", dice Raúl Fernández.
Raquel Tormo, actualmente en la Audiencia Provincial de Valencia, también se ha criado en un pequeño pueblo y se ha formado en instituciones públicas, al igual que el resto de jueces con los que ha contactado este diario. A su parecer, todo lo que ha conseguido ha sido por sus propios "méritos y capacidad", dos principios que "se esfuman con esta reforma".
"El anteproyecto acrecienta la injusticia. Un sistema práctico puede llevar a procesos arbitrarios. Los criterios de selección existentes ya son objetivos y transparentes, son exámenes frente a una audiencia pública. Además, esta medida cuestiona la labor de la Escuela Judicial", dice Tormo.
Las asociaciones y sus discrepancias
Las diferentes asociaciones de fiscales y jueces no han tardado en manifestarse ante las medidas que se quieren imponer. A grandes rasgos, todas las asociaciones se muestran a favor del "blindaje legal de las becas" como método para garantizar un acceso más factible a las carreras judicial y fiscal. Con el resto de medidas, no pasa lo mismo.
Una fotografía de la juez María Escolano.
La propuesta para la formación pública de opositores en el Centro de Estudios Jurídicos y los jueces en la Escuela Judicial ha levantado reticencias entre las entidades. Desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) se preguntan "¿quién va a decidir quién entra?" y desde el Foro Judicial Independiente (FJI) ven la posibilidad de "filtros de control ideológico" y "favoritismos". Por su parte, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) considera este cambio como un "notable avance".
Las reformas adoptadas para la transformación de la Comisión de Ética Judicial del CGPJ también es motivo de conflicto. El Gobierno pretende integrar a "cinco miembros que serán jueces o magistrados, elegidos por la carrera; y otros cuatro serán elegidos por las Cortes Generales entre catedráticos de Ética, Filosofía del Derecho o Filosofía Moral". La Comisión de Ética es un organismo independiente del CGPJ compuesto actualmente por siete miembros, seis jueces elegidos directamente por los miembros de la carrera y un académico experto en las cátedras anteriores.
La JJpD califica de "acertadas" a estas modificaciones, mientras que la APM las juzga como una "barbaridad". Su presidente, María Jesús del Barco, señala que "están pidiendo despolitizar la Justicia y ahora vuelven a meter a las Cortes". Una reforma que junto al FJI la ven de tintes "cínicos" y que podría servir para "amordazar" a la judicatura.
En cuanto a la prohibición de la financiación privada de asociaciones, la APM ha defendido que no se pueda dar la imagen de que su financiación viene mayoritariamente de fondos privados. De hecho, ha destacado que gran parte de las subvenciones que reciben vienen de sus asociados y del mismo Consejo General del Poder Judicial.
La promocion venidera, la 74, aún en fase de prácticas tuteladas, también se ha sumado a los comunicados de protesta de la 72 y 73, al "coincidir plenamente y en su totalidad con la preocupación expresada". Las promociones "exigen" que se las escuche y se tengan en cuenta sus consideraciones antes de que el Parlamento apruebe esta reforma. "Si todo sigue adelante, tendremos una justicia con menos garantías", sentencia Escolano.
