Según el auto judicial, fechado el 5 de febrero, la magistrada Inmaculada Iglesias considera que dicho informe "no llevó a cabo una verdadera labor inspectora" y que la subinspectora que lo firmó ni siquiera visitó el centro de trabajo.
La decisión supone un nuevo revés para Cano, quien en cada una de sus apariciones públicas ha esgrimido el informe de la Inspección como prueba de su inocencia. La jueza, sin embargo, subraya que el documento se elaboró sobre información parcial y que no se tuvo en cuenta la investigación policial, que apuntaba a una estrategia premeditada para introducir a los becarios en España como turistas sin los permisos correspondientes.
El informe ahora cuestionado por la jueza descartaba que los 17 becarios mexicanos tuvieran una relación laboral encubierta, concluyendo que se trataba de "prácticas no laborales" dentro de la empresa Malinche The Musical Spain S.L. Sin embargo, la magistrada pone en duda la solidez de estas conclusiones, señalando que la subinspectora "reconoció que ni visitó el centro de trabajo ni ha tenido acceso a las actuaciones judiciales en las que constan las investigaciones llevadas a cabo por el Grupo de Extranjería de la Policía Judicial".
Nacho Cano, con los becarios mexicanos, en su comparecencia pública en julio tras su detención.
Formación sin clases
Según el atestado policial, sin embargo, la formación que los becarios debían recibir se limitó a ensayos del musical, sin que ninguno de ellos recibiera clases teóricas ni prácticas por parte de la escuela Jana, la institución que supuestamente debía expedir los títulos acreditativos de la beca. En este punto, EL ESPAÑOL desveló en julio de 2024 que los becarios ensayaban cada día en una parroquia y no en la misma escuela.
La investigación también apunta a que los propios becarios han admitido que entraron a España como turistas para luego solicitar una estancia por estudios. Uno de los testimonios más reveladores es, de hecho, el de una becaria que declaró como testigo el pasado 9 de enero. No sólo negó cualquier irregularidad en su estancia en España, sino que también reconoció que era menor de edad cuando llegó al país y que desconocía que era beneficiaria de una beca de la Fundación Casa México por valor de 13.000 euros.
Por si fuera poco, la jueza también ha puesto la lupa sobre el administrador de la escuela Jana, Javier Alfonso Muñoz, imputado recientemente en la causa. Muñoz, quien debería acreditar la existencia de un proyecto formativo real, no ha aportado la documentación requerida ni ha identificado a ningún profesor que impartiera formación a los becarios.
Un informe clave
Hasta ahora, la defensa de Nacho Cano había utilizado el informe de la Inspección de Trabajo como pilar central de su argumentación, insistiendo en que la jueza estaba actuando de manera irregular al continuar con la investigación. Ahora, sin embargo, la propia magistrada ha desmontado esa narrativa al cuestionar la validez del documento y ordenar una investigación más rigurosa.
Lejos de disiparse, las dudas sobre la legalidad del sistema de becas promovido por Malinche continúan creciendo. El relato de Cano sobre una "cacería política" se tambalea ante la acumulación de pruebas en su contra: la investigación policial demostró en diligencias previas que la denunciante Lesly Ochoa y otros 17 bailarines habían sido instruidos para entrar en España simulando ser turistas en diciembre de 2023.
Mientras que la Delegación de Gobierno en Madrid denegó en varias ocasiones el visado de estudios de los becarios porque el curso en el que alegaron que se iban a formar no sólo estaba homologado sino que había constancia de él. A pesar de ello, los 17 restantes completaron su formación y regresaron a México el pasado mes de septiembre, donde esperan comenzar a trabajar formalmente en el musical de Malinche.