Una de las curiosidades que no muchos conocen muchas personas es que la Dirección General de Tráfico no puede interponer sanciones por las infracciones que se cometen en todas las carreteras españolas, ya que hay tres comunidades en las que no tiene competencias para ello. En concreto, son Cataluña, País Vasco y Navarra las únicas comunidades autónomas en las que la DGT no puede multarte.
Dado que estas comunidades poseen las competencias de tráfico, los agentes de la Guardia Civil, cuya Agrupación de Tráfico tiene asignadas las materias de tráfico, transporte y seguridad vial en el resto de las regiones del país, no pueden sancionarte en el País Vasco, Cataluña y Navarra, tres territorios en los que son las policías autonómicas las encargadas de sancionar a quienes incumplan la legislación vigente en materia de tráfico.
La primera de las comunidades autónomas mencionadas que comenzó a disfrutar de sus propias competencias en el ámbito de tráfico fue el País Vasco, en el año 1983. Posteriormente, fue Cataluña, tras los pactos del Majestic, en 1998, y, por último, la Comunidad Foral de Navarra, que obtuvo las competencias el 1 de julio del presente año 2023.
Hay que tener en cuenta que la Dirección General de Tráfico (DGT) sí tiene presencia en estos territorios, debido a que continúa siendo el órgano competente en aspectos como la revisión de las normas o el cobro de las sanciones.
Las instituciones que hacen la función de la DGT en Navarra, País Vasco y Cataluña
En el País Vasco, desde que se transfirieron las competencias, es Trafikoa, que se refiere al Departamento tráfico vasco, quien hace la función de la DGT, por lo que realmente es su policía autonómica, la Ertzaintza, la que se encarga de las regulaciones en materia de tráfico.
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Por su parte, en Cataluña se encarga el Servicio Catalán de Tráfico, que se muestra en las carreteras de la mano de los Mossos d’Esquadra, mientras que en la Comunidad Foral de Navarra se encuentra con la Jefatura Provincial de Tráfico, estando apoyada en la Policía Foral para hacer cumplir la normativa en la red de carreteras de esta región.
¿Cuánto dinero recaudan estas comunidades autónomas en multas de tráfico?
Aunque se desconoce la cifra total que han ingresado las mencionadas comunidades autónomas de acuerdo a las sanciones en materia de tráfico, sí que se puede conocer el dinero recaudado a través de sus radares de velocidad.
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En este sentido, en Cataluña, durante el año 2022, se ingresaron un total de 83 millones de euros por multas por exceso de velocidad en sus carreteras, mientras que, en el País Vasco, el montante total por el mismo motivo fue de 13,1 millones de euros. En el caso de Navarra, al haberse traspasado las competencias este año, aún no hay datos que nos puedan llevar a conocer los ingresos que puedan tener por este concepto.
Las ventajas y desventajas de la transferencia de las competencias de tráfico
La transferencia de competencias de tráfico a comunidades autónomas como País Vasco, Navarra o Barcelona puede tener distintas ventajas y desventajas. Entre las primeras se deben destacar:
- Adaptación a las necesidades locales: cada región cuenta con sus propias necesidades y desafíos en materia de tráfico. Cuando se tiene el control local, las propias autoridades tienen la posibilidad de adaptar las diferentes regulaciones y políticas de tráfico a las mismas para poder así satisfacer las demandas que necesitan para un área determinada de su competencia.
- Respuesta más rápida: ante los problemas de tráfico y seguridad vial que puedan surgir, las autoridades tienen la capacidad de poder disfrutar de una respuesta más rápida, en gran parte por la cercanía que existe con la comunidad. Además, tienen un mayor conocimiento y comprensión acerca de las dinámicas de sus carreteras.
- Más flexibilidad: las comunidades autónomas con competencias en materia de tráfico pueden experimentar con soluciones y programas piloto que podrían no ser posibles o prácticos a nivel nacional por la existencia de algunas diferencias regionales, por lo que se disfruta de una mayor flexibilidad en este sentido.
- Participación ciudadana: las decisiones tomadas a nivel regional pueden suponer que haya una mayor participación ciudadana, consiguiendo de esta forma que las comunidades puedan tener influencia directa en las políticas de tráfico y seguridad vial que les afectan en el día a día.
Sin embargo, también tiene una serie de desventajas, siendo las principales las siguientes:
- Falta de uniformidad: las regulaciones de tráfico que pueden ser diferentes en las distintas regiones pueden llegar a provocar confusión, sobre todo entre aquellas personas que viajan de un lugar a otro o que se mudan entre diferentes regiones, ya que pueden encontrar importantes diferencias entre una comunidad autónoma con competencias de la DGT y una que tiene las suyas propias.
- Coordinación limitada: la coordinación entre las diferentes regiones puede ser un desafío, sobre todo en aquellas cuestiones que involucran a diferentes áreas geográficas.
- Diferencias de calidad: la calidad de las carreteras, señales de tráfico y otros elementos de la seguridad vial pueden variar de manera notable entre las distintas regiones.
- Riesgo de politización: las decisiones relacionadas con las regulaciones de tráfico podrían llegar a estar sujetas a la politización local, lo que podría derivar en políticas inconsistentes basadas en agendas políticas, en lugar de en la propia seguridad vial de los ciudadanos.
- Recursos limitados: algunas regiones podrían tener recursos técnicos y financieros limitados para poder gestionar de una forma eficaz las competencias de tráfico que les hayan sido transferidas.