Este es el multazo que le ha caído a un propietario por alquilar un piso a turistas en Ibiza

La lucha contra el alquiler turístico ilegal continúa con su particular cruzada en Baleares, en general, y en Ibiza, en particular. En esta última, y según los datos aportados por el Departamento de Lucha Contra el Intrusismo del Consell d’Eivissa, se han impuesto cinco nuevas multas por la comercialización de viviendas turísticas ilegales.

Dichas multas van desde los 16.000 hasta los 40.000 euros. En total, los infractores han tenido que desembolsar 113.000 euros tras haberse descubierto una serie de infracciones relacionadas con la publicidad, contratación y comercialización de viviendas turísticas que no tenían los permisos necesarios.

“Antes lo hacían porque sabían que no les iban a detectar pero ahora ya tienen claro que tarde o temprano les detectaremos”, ha afirmado Mariano Juan, vicepresidente en funciones del Consell d’Eivissa, en declaraciones recogidas por El Periódico de Ibiza y Formentera.

Un millón en multas

La lucha contra el alquiler turístico ilegal ha sido una de las prioridades que ha llevado a cabo el gobierno insular durante la legislatura que acaba de concluir. Y buena prueba de que ha sido así está en el número de expedientes llevados a cabo respecto a la anterior legislatura así como la cuantía de las sanciones aplicadas.

Según Mariano Juan, en la anterior legislatura se abrieron únicamente ocho expedientes por este motivo, que se tradujo en una recaudación de 50.000 euros. Sin embargo, el salto en la actual legislatura ha sido exponencial: más de 160 expedientes que se han traducido en multas que han superado el millón de euros.

Cortar el “chorro” de dinero

De cara a la nueva legislatura, el Consell d’Eivissa pondrá ‘deberes’ al nuevo Govern de Marga Prohens. De hecho, piensa solicitar la activación de una legislación a este respecto para que puedan adoptar “medidas cautelares inmediatas y cortar el chorro de dinero para los infractores”.

Porque, desde que se abre un expediente hasta que se cierra, transcurre más o menos un año. Tiempo en el que la vivienda sigue alquilada de forma irregular beneficiando, por tanto, al propietario.

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Otra de las medidas que tiene en mente el Consell es pedir el respaldo del Govern para que la Unión Europea (UE) lleve a cabo nuevas directivas “que obliguen a las plataformas como Airbnb a tener datos más fiables sobre las personas que alquilan ilegalmente estas propiedades”. A la par, que se comprometan “a comprobar que aquello que se anuncia es legal”.

Conviene recordar que, según la legislación vigente en Baleares, es ilegal alquilar este tipo de viviendas si no se dispone de una licencia de alquiler turístico. Licencia que es expedida por los consells insulares.

Otra de las labores de dichos consells es sancionar la propiedad del inmueble. Algo a lo que se llega a través de dos vías diferentes: por un lado, por iniciativa de los propios consells tras llevar a cabo la inspección de los portales web donde se ofrecen este tipo de viviendas, o de la inspección de inmuebles denunciados por las policías locales. Por otro, por denuncias de los ciudadanos en las webs insulares oficiales.

Con todo, las inspecciones que se llevan a cabo en Ibiza son insuficientes para controlar el fraude en el alquiler turístico. Fraude en el que la táctica más común es la utilización de nombres falsos para no ser detectados. Y la consecuencia es que, al subir el precio del alquiler, se expulsa no solo a los residentes, sino que es una traba para la llegada de trabajadores de temporada.