Cuatro juzgados de Madrid investigando un fraude en el sistema de ayudas al cine, con al menos 10 películas cuyas cifras de taquilla están bajo sospecha. Productoras y exhibidoras implicadas e investigadas por la Fiscalía de Madrid. Expedientes incoados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a otros 32 títulos, que podrían haber incurrido también en fraude. Compra de entradas. Proyecciones inexistentes y salas vacías que se convierten, en los informes de las salas, en sesiones llenas de espectadores para poder cobrar la subvención del Ministerio de Cultura... El sistema de ayudas al cine ha demostrado tener agujeros por los que se han colado los oportunistas habituales. 

Pero ese sistema de ayudas, que desde ayer tanto está dando que hablar, ya no está vigente. A mediados de este año se reformó en un giro que los productores llevaban tiempo demandando y que puede resumirse en una línea: se ha pasado de las ayudas a posteriori, cobradas tiempo después de ser estrenada la película, a las subvenciones a priori a la producción.

“Efectivamente: una de las cosas que resuelve es eso: la posibilidad de defraudar en el sentido de las entradas vendidas”, explica a EL ESPAÑOL el presidente de la principal federación de productores de cine, Ramón Colom. “Una de las cosas básicas, cuando me tocó empezar la presidencia de FAPAE y se lo hicimos saber a Cultura, era que necesitábamos incrementar la seguridad jurídica. Uno de los puntos era en ese tema. Los productores tienen derecho a cobrar la ayuda sin que haya un prorrateo y la administración a que esas ayudas sean lo más justas posibles”, explica el productor.

Reforma buscada 

La reforma legal en realidad no nace de los posibles fraudes -que aunque están siendo investigados desde 2012 y se han hecho públicos ahora, eran ya vox populi hace tiempo- sino de la necesidad expuesta por el sector -la producción en concreto- de reformar el sistema de financiación: era insostenible, en muchos casos, esperar dos años para cobrar la ayuda.

En el mejor de los casos, aunque un productor pudiera financiar la película, eso implicaba unos costes finacieros que la reforma reduce. Pero también reduce el máximo coste que un productor puede compensar: 1,3 millones, cuando hace cuatro años eran 2. Para los productores es un borrador "cortoplacista", explicaba hace poco Colom. El plazo de alegaciones se cerró el pasado 18 de noviembre.

Los exhibidores recuerdan que las salas no reciben subvenciones del ICAA ni de otros organismos en función de la recaudación

Colom fue el único representante de las tres grandes áreas del sector que ha atendido a EL ESPAÑOL. Tanto los representantes de FECE (exhibidores), Juan Ramón Gómez Fabra, como los de Fedicine (distribuidoras), Estela Artacho, han preferido no expresar su opinión. Los primeros emitieron un comunicado en el que matizan que "las salas de cine son uno de los sectores culturales mas transparentes, sometido a rigurosos controles" y recuerdan que "no reciben ningún tipo de subvención por parte del ICAA u otro organismo en función de si una película obtiene más o menos espectadores". La nota no entra sin embargo en las prácticas de algunas exhibidoras, sin las cuales el fraude no habría sido posible, si bien es cierto que se trata, en principio de sólo dos compañías.

"Si alguna empresa ha actuado de forma incorrecta, serán los tribunales quienes tengan que decidir su grado de responsabilidad, pero no por ello se puede poner en duda el comportamiento global de un sector que siempre ha cumplido, y seguirá cumpliendo, con las amplias obligaciones impuestas por el ICAA", subraya la misma nota de los exhibidores.

Incluir la postproducción

Con el nuevo reglamento, matiza Colom, “las ayudas se conceden durante el proceso de producción”. Esto, a su juicio, elimina la posibilidad de fraude que propiciaba la subvención a posteriori determinada por el número de espectadores. ¿Por completo? "No es prudente decir algo tan rotundo". Pero, sin duda, es un paso importante. Y lo reconoce, pese a que el borrador no acaba de convencer a los productores en otros criterios, como los requisitos de presupuesto de una película para el acceso a las ayudas.

El cambio no es perfecto, insisten los productores. “Durante mucho tiempo, el ICAA ha considerado que el periodo de producción termina en el momento en que acaba el rodaje. Esto no es así: falta la postproducción, montaje, sonido, banda sonora… A veces, eso hay que hacerlo en París o en Polonia, y eso son viajes que deberían estar incluidos en las legislaciones. Ha habido momentos que el Ministerio ha tenido dificultades para comprender esto", explica Colom.

El 20% de las ayudas se cobrará ahora con la adjudicación, el 50% al inicio del rodaje y el 30% una vez reconocidos los costes 

El pasado 4 de noviembre, Cultura publicó el borrador de la Orden Ministerial que regula las ayudas, un cambio anunciado ya desde el verano. El nuevo modelo obliga a que el proyecto tenga un coste mínimo de un millón de euros, 700.000 en el caso de las películas en lenguas cooficiales. Pero, sobre todo, el nuevo sistema divide el pago en tres fases: un 20% con la adjudicación de la subvención, un 50% al inicio del rodaje y un 30% con el reconocimiento de los costes. Con el sistema anterior, las ayudas se dividían en general y complementaria, siendo ésta la de mayor cuantía y la que en mayor medida dependía del número de espectadores que hubieran visto el filme (60.000 como mínimo en doce meses, 30.000 para películas en lenguas cooficiales).

Se pasa por tanto de un sistema de pago a posteriori y condicionado al resultado comercial -o a las trampas que, como se ha visto, se hicieran para falsearlo- a uno en el que el fraude de taquilla no tiene sentido. "Sin duda, es un cambio clave. Pasar a un modelo en el que la taquilla no es un factor determinante evitará los problemas derivados del actual sistema de ayudas a la amortización", explica una fuente de Cultura a EL ESPAÑOL. Desde el ICAA no se ha querido profundizar en el análisis de las ventajas o inconvenientes del nuevo reglamento. 

La reforma fija algunos requisitos para acceder a estas cantidades: el 50% del gasto del filme debe revertir en España y el 40% de la financiación de la película ha de estar asegurado mediante contratos con televisión o distribuidores. ¿Cabe aquí la primera fisura del sistema? ¿Podrían un productor y un distribuidor pactar un contrato ficticio? Quien hace la Ley, hace la trampa. Otro requisito es que el 15% del presupuesto esté destinado a copias y publicidad, "para asegurar que no sólo se produce sino que se invierte en la difusión de la película". Un último punto obligatorio exige que el estreno sea simultáneo en al menos 40 cines de España. Un punto que parece llamar, de nuevo, a la picaresca. 

El sector sabe cuándo una legislación deja abiertas puertas a los más vivos del lugar. Ocurrió con el anterior modelo de ayudas. "Se ha sabido desde el día en que se puso en marcha todo eso", reconoce Colom.