El rapero José Miguel Arenas Beltrán, conocido como Valtònyc, está citado este martes por la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla para rendir cuentas ante la justicia. 

El 31 de marzo de 2018 durante un concierto incitó a "matar a un guardia civil". Pero el hecho tiene un componente más, lo hizo en Marinaleda, el pueblo donde el comunista Juan Manuel Sánchez Gordillo gobernó desde 1979 hasta mayo de 2023, cuando cogió las riendas el también comunista Sergio Gómez.

Sánchez Gordillo se trata de uno de los personajes de la política más conocidos a nivel nacional. Además de por su inseparable pañuelo palestino, por medidas como la construcción de viviendas por sus propios vecinos y a 15 euros de alquiler. Él mismo vive en una de ellas. Además, muchos de los 2.600 vecinos de la localidad trabajan en El Humoso, la finca ocupada a los hijos del duque del Infantado por un pueblo entero.

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Fue la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), que ejerce también la acusación en este caso, quien denunció al rapero por esta frase: "Matad a un puto guardia civil esta noche, iros a otro pueblo donde haya guardias civiles y matad a uno, poned una puta bomba al fiscal de una vez".

Por estos hechos, la Fiscalía le pide cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros por un presunto delito de provocación para cometer un delito de atentado y tres años de cárcel en el caso del posible delito de amenazas agravadas.

Valtónyc llevaba seis años fugado en Bélgica. El pasado 27 de octubre cruzó la frontera española por tierra en La Jonquera, viajó luego a Barcelona y, desde allí, tomó un avión hacia su Mallorca natal tras prescribir la condena de la Audiencia Nacional de tres años y medio de prisión por los delitos de enaltecimiento del terrorismo, injurias graves a la Corona y amenazas a través de sus canciones.

Sin embargo, su llegada a Mallorca fue por poco tiempo: pese a tener plena libertad de movimientos para residir en su isla natal o en cualquier otro punto del territorio español, Valtònyc seguirá con su vida en Bélgica, donde trabaja como informático para CatGlobal.

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Se trata de una entidad sin ánimo de lucro que el también prófugo Carles Puigdemont y sus seguidores crearon en Bélgica para asumir los gastos de su denominado Consell per la República. De hecho, del propio Puigdemont se despidió entre abrazos. No obstante, en un principio, la citación en la Audiencia de Sevilla es para que acuda personalmente, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL.

Tras los hechos, la AUGC interpuso una denuncia por un presunto delito de odio por parte de la AUGC, pues según la asociación, las manifestaciones del cantante "expresaron de manera delictiva una actitud de odio irracional contra los guardias civiles".

Tras la denuncia de la AUGC y la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, el Juzgado número dos de Estepa abrió unas actuaciones, rematadas en mayo de 2022 con el auto de apertura de juicio oral, que señala a la Audiencia de Sevilla como órgano competente para la celebración del juicio.