Continúa el conflicto entre la Justicia y los agentes de Policía Local que obtuvieron su plaza en 2008 gracias a la oposición filtrada e impugnada por esta razón. Mientras el Ayuntamiento, la Policía, e incluso el denunciante particular que dio origen al caso defienden que la sentencia es "inejecutable", los juzgados abogan por anular el resultado del examen y convocar uno nuevo.
La solución del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número siete de Sevilla propone celebrar la oposición con el mismo tribunal, el mismo temario, y el mismo reglamento. Los agentes, sin embargo, rechazan la propuesta.
"Me he hartado de estudiar", lamenta, en conversación con EL ESPAÑOL, uno de los policías que obtuvo su plaza en este proceso, "y ahora me piden que haga de nuevo" la prueba doce años después.
Es precisamente el largo período de tiempo que ha transcurrido desde que se celebró el examen hacia donde se dirigen las críticas de los agentes. En este sentido, el policía apunta que "no es lo mismo" volver a realizar el examen "un año después", cuando su situación personal apenas ha cambiado, que pedirle que retomen los libros "con mis problemas, mis hijas, mi hipoteca".
Del mismo modo, nada garantiza a los afectados que, de celebrarse de nuevo las oposiciones, puedan volver a su puesto de trabajo. Y, aún superando la prueba, los juzgados apuntan que todos los agentes perderán su antigüedad, y en el caso de aquellos que hayan ascendido, también perderán su mejora laboral.
Es por eso que el agente reconoce a EL ESPAÑOL que la situación es una "tragedia" para el cuerpo de Policía Local, ya que "te juegas tu vida y la de tu familia sin tú haber hecho nada". Y es que, si bien la mayoría de agentes afectados por esta sentencia son inocentes, en el caso del policía que ha atendido a este periódico la situación es aún más grave.
Él, junto a otros cuatro compañeros, logró plaza en dos oposiciones, en la de 2008 –ahora anulada– y en la de 2010. En el momento de acceder al cuerpo, tuvo que renunciar a una de esas dos plazas; sin embargo, ahora tendría que repetir el examen como los otros 43 agentes afectados.
Las oposiciones filtradas
Entre 2008 y 2010 se celebraron sendas convocatorias a la Policía Local de Sevilla que, si bien diferentes, compartían en gran medida tanto el tribunal como las pruebas. En total, había en juego 107 plazas para el cuerpo municipal.
Una vez terminado el proceso de selección, un denunciante lleva a ambas convocatorias ante la Justicia al sospechar que hubo filtraciones tanto en una como en otra. En torno a 45 personas se sentaron en el banquillo, acusadas tanto de filtrar la plantilla de respuestas como de utilizar los datos en el examen. El Juzgado de lo Penal a cargo acabó absolviendo a los acusados por falta de pruebas.
Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número siete retoma entonces el caso al considerar que, si bien en el ámbito penal "entra en juego el principio de presunción de inocencia", en el administrativo se puede fallar con pruebas "fuertes y contundentes" como las del caso.
De este modo, la juez titular de la sala considera que debe velar por la "igualdad, mérito y capacidad" de los opositores, principios que, con la filtración, "no se han dado" en estas oposiciones.
Por este motivo, la sentencia obliga a anular los resultados de la prueba y retirar de su puesto a los agentes que obtuvieron su plaza en el 2008. La medida no solo afecta a los implicados en la filtración, sino también a "40 o 50 personas que no estaban acusadas ni bajo sospecha" de haber incurrido en fraude.
Efectos de la sentencia
Los agentes no están a favor de anular unas oposiciones que se celebraron hace doce años, y por ello recurrirán la sentencia. También lo hará el Ayuntamiento, que ve el fallo "inejecutable" ya que obliga a que se retiren del servicio 44 agentes municipales. El cuerpo policial, al igual que el Consistorio, señala que la sentencia abre una "brecha de seguridad ciudadana", ya que provocará el cese de "casi el 15%" de los agentes de calle.
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Agentes como el que habla con EL ESPAÑOL, que asegura que le "encanta salir a la calle", pero a raíz de esta situación tiene "sentimientos encontrados". Y es que, si bien cree que debe actuar con "profesionalidad", también teme sufrir un accidente que, en el caso de ser cesado, no será recompensado como en un acto de servicio.
Asimismo, en caso de sufrir un accidente, también cabría la posibilidad de que este hombre no pudiera volverse a presentar al examen de oposición, si es que se celebra.
Pone como ejemplo a uno de sus compañeros, que tras sufrir una pérdida física, pasó a ocupar un puesto de segunda actividad. Ahora, este mismo agente con una década de antigüedad no podrá optar a su plaza ya que en la oposición no se puede obtener un puesto de este tipo.
También supone un impedimento que se aplique el mismo reglamento que en 2008. Estas normas no permitirían a una de sus compañeras, que padece diabetes, acceder a la Policía Local. Como señala, esta enfermedad apareció en los últimos años, por lo que, a pesar de cumplir los requerimientos físicos en el momento de su oposición, no los cumpliría hoy bajo esa misma normativa.
Del mismo modo, la sentencia perjudica a quienes hayan logrado ascensos. Como ya se ha apuntado, los agentes con mayor rango profesional perderán su categoría a pesar de haber superado una oposición para obtenerla. En este sentido, ya se consultó a la jueza del caso si debía evitar, de manera cautelar, que los 44 agentes afectados por la oposición filtrada optaran a ascensos. Según relatan a este periódico, "la jueza no aceptó la medida cautelar".
Tampoco se han evitado las permutas, es decir, la posibilidad de que un agente cambie su destino, y venga otro en su lugar. En estos casos, las comisarias de destino perderían a sus agentes, y los policías que se encuentran en Sevilla tendrían que abandonar su puesto.