"Como te coja fuera, te mato"; "Te vas a enterar". Son dos de las frases que han sufrido trabajadores del Ayuntamiento de Sevilla mientras ejercían sus funciones. Sobre todo, en puestos de trabajadores sociales o educadores sociales. 

Cada año hay hasta 60 agresiones verbales -de más o menos gravedad- que reciben los empleados públicos municipales. A eso se suman "entre cuatro y cinco" de carácter físico, según datos del sindicato CSIF. "Son más seguro pero no se denuncian", indican.

Dicha organización quiere que estos casos tengan el respaldo del Ayuntamiento de Sevilla, al que exige dos cosas: primero, que denuncie las agresiones y no tenga que hacerlo el empleado; y segunda, que ponga un letrado al empleado agredido para que no le cueste el dinero al trabajador ir a juicio. 

El caso es que el Ayuntamiento de Sevilla tiene un protocolo anti agresiones. Lo reconocen desde el propio sindicato CSIF pero señalan que no es suficiente porque no llega a todos los servicios y no contempla la asistencia jurídica, que es lo que ellos reivindican. 

También hay vigilancia. Personal de seguridad. Pero creen que "escaso" y "limitado". Y no siempre, señalan. Ponen de ejemplo un episodio en el barrio de Los Carteros, donde una trabajadora municipal fue apedreada y le tiraron huevos. 

En todo caso el problema no es de ahora. Lo sufren hace años. Lo reclamaron al entonces alcalde, Juan Espadas (PSOE) y a Juan Muñoz (PSOE). Ahora piden a José Luis Sanz (PP) que les atienda.

Barrios con necesidades

La mayoría de las agresiones, señalan desde CSIF, se producen en los barrios "con más necesidades". Es el caso de las áreas sur y norte de la ciudad, detallan. Allí el trabajo de los trabajadores sociales y los educadores sociales es más intenso. 

"Además, en estos barrios hay mucha gente que en vez de pedir cita para acudir al distrito va y hace cola y eso genera tensiones que, a veces, acaban en agresiones a los empleados públicos que quieren mediar", explica Rafael Román, de CSIF.

En muchas ocasiones las agresiones tienen lugar cuando el ciudadano está pendiente de recibir una ayuda. Hay más nervios, señalan los profesionales que trabajan en este ámbito. "Hay violencia verbal, física, amenazas...", relatan. 

Casos más graves

Los casos suelen ser más graves donde hay que empadronarse para pedir asistencia social, donde se decide las pérdidas de tutelas de menores, donde se piden las ayudas de agua o luz, indican en el sindicato. 

Lo más grave, entienden estos trabajadores, es que no ven que haya represalias contra los agresores. Los vuelven a tener en la oficina del padrón al día siguiente. Temen denunciar. 

Los servicios que tienen contacto directo con las familias son los que están más desprotegidos, señalan desde el sindicato. Sobre todo los que acuden a los domicilios. "Imagina que tienes que evaluar a un padre por si hay violencia para una retirada de sus hijos", señalan fuentes de los trabajadores. "Te expones y, si hay agresión, estás solo". 

Agresión en Amate

Desde CSIF señalan que van a por todas. Quieren que el Ayuntamiento les dé asistencia y, si no es así, apuntan a una denuncia al Consistorio por abandonar a sus trabajadores. 

El caso más reciente, recuerdan empleados municipales es el de "un compañero que fue a casa de una familia en Amate y el usuario le pegó". Aseguran que llamaron a la Policía Nacional, pero nadie puso una denuncia en la Fiscalía. El caso se dejó ir. 

Por eso exigen que el Ayuntamiento sea el que denuncie y ponga el abogado. Además, quieren que los empleados de municipales tengan tratamiento psicológico en caso de agresiones. 

Responsabilidad del Ayuntamiento

Según CSIF Sevilla “si el trabajador ha sido agredido en dependencias municipales, tiene que ser atendido por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, al estar en su puesto y como trabajador público que es, por lo que el Consistorio no debe desentenderse".

Cabe destacar que numerosas agresiones “no se llegan a contabilizar, porque ni llegan a denunciarse; tienen que ser los propios abogados de nuestro sindicato los que acaben haciendo las labores que en realidad competen al propio Ayuntamiento", explica Rafael Román.

Entre dichas medidas se encontraría la posible solicitud de órdenes de alejamiento y la atención psicológica necesaria en estos casos.