Parte del material incautado por la Guardia Civil. Sevilla
Interceptan 4,5 toneladas de pescado caducado que "podrían estar destinadas para la Feria de Sevilla"
La Guardia Civil cazó a unos operarios 'in fraganti' reetiquetando la fecha de consumo preferente.
13 abril, 2024 14:43La Guardia Civil ha interceptado cuatro toneladas y media de pescado y marisco caducado en una empresa de Alcalá de Guadaira (Sevilla). Cazó ‘in fraganti’ a sus operarios reetiquetando las fechas de consumo preferente.
El Instituto Armado “no descarta” en su comunicado que “parte de los productos podrían estar destinados para la Feria de Sevilla”.
La operación ha sido desarrollada por el SEPRONA y estaba enmarcada en las tareas preventivas para evitar que se consuman en el recinto ferial productos no aptos.
Según ha indicado la Guardia Civil, “el pescado contaba con un etiquetado falso que indicaba una fecha de consumo preferente posterior”. Algunos llevaban caducados dos años.
La cantidad interceptada supera las cuatro toneladas y media. Había cangrejos, bogavantes, bacaladilla, potón y chanquetes.
Caducidad falsa en 2026
La inspección de los agentes comenzó varios días atrás. En el almacén de esta empresa de Alcalá de Guadaira encontraron pallets de lomos de bacalao congelado. Su fecha real de consumo preferente era junio del 2022, pero ya presentaban nuevas etiquetas con el año 2026 como límite.
A partir de ahí, la Guardia Civil llevó a cabo una investigación más profunda. Así, acabó encontrando el resto de productos caducados. Algunos de ellos ya estaban reetiquetados con una fecha posterior.
Los veterinarios del área de Salud Pública de Alcalá de Guadaira decretaron la mercancía como no apta para el consumo. Quedó precintada en las mismas instalaciones. Una empresa autorizada se encargará de su destrucción, según apunta la Guardia Civil.
Seis implicados
Las pesquisas del Instituto Armado apuntan a que la empresa compró los productos y ya conocía que la fecha de consumo preferente estaba superada desde hace dos años.
Hasta el momento hay seis personas implicadas en la operación. Se les investiga por supuestos delitos de falsedad documental y contra la salud pública.
No obstante, el SEPRONA no descarta que haya más responsables. La operación sigue en marcha con la instrucción de diligencias y el estudio de la documentación.
