La oposición se puso de acuerdo para votar contra la normativa que limitaba los pisos turísticos. Este lunes también se ha puesto de acuerdo para criticar la petición de eliminar 715 de estos alojamientos en la ciudad.
Para el PSOE, pedir la reducción de más de 700 pisos turísticos es una medida que ya pidió al Gobierno local. Para IU-Podemos, es obligación del equipo de Gobierno municipal, por lo que se niega a "aplaudir" la medida. Vox, por su parte, está estudiando el informe que les han presentado y aún no han valorado la iniciativa.
Así, los socialistas han denunciado que "sólo intereses ocultos" de Sanz con las plataformas y grandes propietarios "justifican que abra la puerta a 23.305 viviendas turísticas más en Sevilla y desacredite la alternativa socialista para que no haya ninguna más", destacan.
El concejal socialista Francisco Javier Páez ha explicado que el 10% de pisos turísticos sobre el total de viviendas residenciales que propone Sanz "lo decidió una consultora privada contratada por Emvisesa". Por tanto, "depende de su voluntad política rebajar ese porcentaje y que no haya ni una sola vivienda turística más atendiendo, como dice el decreto andaluz, a la razón imperiosa de interés general".
Páez recuerda que el PSOE ya reclamó al Gobierno local "que controlara y que se diera orden de cerrar los pisos turísticos que no respetaban la citada normativa urbanística, cuestión que hoy ha atendido con un informe firmado minutos antes de comenzar la segunda reunión" que ha mantenido el equipo de gobierno y los grupos de la oposición, critica el concejal socialista.
Control
"Si ha habido algo positivo de la reunión de hoy, ha sido ese control sobre las normas urbanísticas que le habíamos exigido desde el PSOE", según ha abundado el concejal. "Lo que no puede ser es que la Junta siga inscribiendo viviendas turísticas sin el menor rigor ni control y sin tener en cuenta las normas locales", ha añadido Páez.
Pero ni uno ni otro informe de Urbanismo "dice nada al respecto de las restricciones legales para rebajar del 10 por ciento al 2,5 por ciento el límite de viviendas de uso turístico en relación con el total de viviendas residenciales disponibles por barrio". Ese 2,5%, al aplicarse al barrio y, a la vez, al conjunto de la capital, "supondría impedir que abriera ni una sola vivienda más y, además, que sobraran 995 pisos".
Según la portavoz de IU-Podemos, Susana Hornillo, su grupo que no van a agradecer al Gobierno municipal del Partido Popular "que haga cumplir la ley", señalando en este sentido que la eliminación de viviendas turísticas "no es la solución al problema".
Hornillo
Así lo ha manifestado Hornillo en un audio remitido a los medios tras el anuncio del Gobierno local sobre la petición que ha hecho a la Junta de Andalucía para eliminar 715 viviendas turísticas en Sevilla. Ante lo cual, la líder de la formación de Podemos ha dicho que "solicitar que se descalifiquen una serie de viviendas turísticas que obtuvieron la licencia sin cumplir con los requisitos legales, es lo mínimo que se le pide a un gobierno".
No obstante, ha explicado que esto "no resuelve la situación de estrés turístico que sufre Sevilla", y en este sentido ha abogado por implantar una moratoria, "como así lo hemos hecho llegar desde nuestro grupo municipal, reduciendo al mínimo posible el porcentaje de viviendas de uso turístico en los barrios, y a partir de ahí iniciar un diálogo con la oposición y con la sociedad sevillana para explotar todas las competencias municipales y elaborar una ordenanza que ponga solución a la situación que vive Sevilla".
Por último, ha subrayado que dicha moratoria "puede obtenerse de facto estableciendo un límite máximo inferior al 1%" para todos los alojamientos turísticos, incluyendo establecimientos hoteleros, viviendas y apartamentos turísticos.