La oposición tumbó este miércoles la propuesta de regulación de los pisos turísticos en Sevilla, que el Gobierno municipal llevó al Pleno de la Comisión de Urbanismo. De hecho, el punto del día ni siquiera se debatió porque PSOE, Vox y Podemos-IU decidieron votar en contra.
Desde el equipo del alcalde, José Luis Sanz, no se entendió esta actitud. Porque, señalan, los mismos partidos que se negaron siquiera a discutir una posible solución a los pisos turísticos son los mismos que luego exigen medidas urgentes sobre la cuestión.
La cuestión es que, tras tumbar la propuesta, la norma que regula los pisos turísticos en la capital andaluza debe andar un camino para su aprobación que se hace algo más cuesta arriba.
Hay dos posibles caminos: aprobación en julio o que la cuestión quede, como las asignaturas a los malos estudiantes, suspensa para septiembre. Ambas son posibles en este momento aunque el Gobierno local insiste en que van a negociar y hablar hasta el último minuto.
La primera opción pasa porque esas negociaciones consigan acercar posturas con, al menos, un grupo político de la oposición. Entonces se podría convocar un Pleno extraordinario de la Comisión de Urbanismo "hasta media hora antes del Pleno municipal".
Pleno del jueves
Eso da margen. Porque dicho Pleno no es hasta el próximo jueves, dentro de una semana. Siete días donde los grupos políticos pueden acercar posturas y conseguir un acuerdo que salve la norma.
Si la idea cuaja, la norma quedaría aprobada -en los términos pactados, no los que ahora se manejan- el próximo jueves, 18 de julio. Eso quiere decir que, es mismo día, se pararían las licencias para pisos turísticos en las zonas donde se supere el máximo que plantea la norma.
Ahora mismo ese tope es del 10 por ciento. Sin embargo, en ese esfuerzo negociador del que habla el Gobierno de Sanz, se han abierto a estudiar que, en determinadas zonas, sea más bajo.
Sería el caso de las zonas acústicamente saturadas, las de zonas protegidas y donde las familias hacen un esfuerzo superior al 30 por ciento de su renta en vivienda. Pero esa revisión no sería automática, puesto que desde el Gobierno local insisten en que cualquier norma que se apruebe tiene que tener seguridad jurídica. No puede estar basadas en cifras aleatorias sino en informes bien sólidos.
Segunda opción
Pero está el segundo camino. Llegará si el primero no prospera. Si no hay acuerdo. Entonces la norma tendrá que ir a septiembre, a ver si entonces se aprueba. Eso deja más tiempo para la negociación, pero menos para los vecinos, puesto que se seguirían dando licencias.
En todo caso, PP y PSOE al menos, parecen estar en el primer escenario. La negociación sigue. De hecho, los socialistas trasladaron este miércoles una nueva propuesta al equipo del alcalde.
En la misma plantean un cambio en el PGOU de Sevilla que limite el número de pisos turísticos. Y, mientras, la suspensión total e inmediata de la concesión de licencias en toda la ciudad amparados por el "interés general".
Contraoferta
Es, en realidad, una contraoferta. Porque el PP ya había puesto sobre la mesa una oferta por escrito. Es en la que se abrían a reducir el 10 por ciento inicial fijado por barrios. Un 10 por ciento, insisten, que avala el informe de una consultora externa en base a criterios científicos y legales, no a propuestas personales.
Mientras los grupos se ponen de acuerdo -o no-, el reloj avanza. Y hay dos metas flotantes que cruzar: un eventual Pleno del Consejo de Urbanismo, donde la norma que se pacte alcance algún acuerdo. Y el Pleno ordinario de julio, donde se apruebe de forma definitiva.
¿Y si no hay acuerdo? Lo dicho, a septiembre, como los malos estudiantes. A estudiar duro en verano para sacar la materia en otoño.