Cuando se hacían obras faraónicas en la localidad sevillana de Burguillos entre las décadas de los 90 y la primera de los 2000, pero no se pagaban, gobernaban en la Junta de Andalucía los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. A ambos precisamente el Tribunal Constitucional se dispone este martes a anularles sus condenas por el caso ERE.

Y de forma velada, el hombre que gobernó el municipio en aquellas fechas, el socialista José Juan López, ha intentado lavar su imagen de no gestionar correctamente varias ayudas concedidas por el Gobierno andaluz de entonces para hacer varias de estas obras, al asegurar que la Junta no le reclamó esas ayudas, ni tampoco que las justificara.

Se trata de la localidad en la que KSAC Europe Investments, un fondo buitre que pertenece a la americana King Street, se hizo con la deuda de 27 millones de euros del Ayuntamiento, aunque solo pago siete.

Con esta cantidad se hicieron con las tierras de cultivo, secano y de monte que rodean al pueblo, confirmaron entonces desde el Consistorio. También con los solares y cualquier bien que no sea de servicios públicos. Eso incluye las viviendas públicas.

Sentado en el banquillo de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, junto a Mariana Pérez, quien le sucedió en la Alcaldía en 2009 al recibir su primera condena de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio, López solo ha respondido a las preguntas de la fiscal y de su defensa.

El exedil ha encuadrado esta situación en el marco del "bestial caos" derivado de la quiebra de la sociedad municipal Burguillos Natural, promotora de la actividad urbanística y que él presidía. Por ello cobraba 100.000 euros anuales.

Los trabajos con José María del Nido

De este extremo también ha culpado a la Junta tras "suspender sin previo aviso" el desarrollo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), para lo que contó con los servicios del abogado y expresidente del Sevilla FC José María del Nido, condenado por el caso Minutas.

Finalmente, este también acabó denunciándole al reclamarle una deuda de 400.000 euros, que pagó el actual equipo de gobierno tras alcanzar un acuerdo y reducirla a 100.000.

José Juan López ha apuntado a que la quiebra llegó fundamentalmente por la decisión autonómica de paralizar la materialización de dicho planeamiento con relación a dos parcelas donde se preveían unas nuevas 2.300 viviendas, extremo finalmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según ha recordado.

López, que cuenta con antecedentes por varias condenas e incluso ingresó en prisión en 2016, esta vez se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, falsedad en documento oficial y por fraude de subvenciones. Su sucesora a dos también por este último delito.

En concreto, esta la causa deriva del presunto uso "fraudulento" de varias ayudas que suman un montante de un millón de euros. Estas fueron solicitadas para varias obras como el arreglo de las averías de "unas instalaciones de biomasa que no existían".

También para la compra de mobiliario de oficina para la empresa Burguillos Natural por valor de 269.806,75 o de más de 600.000 euros para la construcción de una guardería municipal que "nunca se hizo y que nunca se justificó a la Junta".

"Lo primero, las nóminas"

Por su parte, la exalcaldesa Mariana Pérez, su sucesora en la Alcaldía, ha contestado que los fondos autonómicos concedidos para la construcción de una guardería municipal se usaron para la gestión convencional de los pagos e ingresos del Ayuntamiento. "Lo primero era pagar las nóminas".

También ha recordado que fueron solicitadas "dos prórrogas sin que contestase la Junta", porque había "problemas" con el diseño técnico del proyecto de obras.

Además, la exalcaldesa ha asegurado que ni la Intervención municipal ni la Secretaría General le elevaron "aviso" alguno por el hecho de que el dinero fuese aplicado en los gastos corrientes del Ayuntamiento y que la Junta "para nada" solicitó el reintegro de los fondos concedidos para este proyecto.

Cuando ella dejó la Alcaldía en 2011, según ha dicho, la "intención" política era construir en efecto la citada guardería pública. Sin embargo, el actual alcalde del PP, Domingo Delgado, que ha declarado como testigo, sí ha asegurado que la Junta "solicitó la justificación" de esa ayuda y que el interventor dijo lo que se preveía: "El dinero no estaba en la caja, ni tampoco había sido acometido el proyecto".