Antonio Maestre, alcalde de Los Palacios y Villafranca durante los años 2004 y 2011, ha sido condenado a 14 meses de prisión y a dos años y nueve meses de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de fondos públicos que provenían de los ERE fraudulentos.
Además, el juez le ha impuesto una pena de inhabilitación para el empleo o cargo público de un año y once meses por prevaricación. El exceso de tiempo a la hora de la resolución judicial (dilaciones indebidas) ha servido como atenuante para ambas sentencias.
El magistrado también le ha impuesto una pena a la interventora del ayuntamiento de un año de cárcel, dos años y medios de inhabilitación absoluta y un año y nueve meses de inhabilitación especial por los mismos delitos. En su caso, el juez ha considerado los atenuantes de dilaciones indebidas y reparación del daño.
Por otra parte, el exalcalde de la localidad Emilio Amuedo, quien desempeñó este cargo durante los años 1994 y 2004, ha sido absuelto de los mismos delitos por considerarse prescritos.
La Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular ejercida por el PP, pedían para los tres acusados cuatro años y un mes de cárcel y la inhabilitación absoluta durante 11 años por el delito de malversación, así como la inhabilitación de cualquier cargo público de ocho años por el de prevaricación.
Por otra parte, la Junta de Andalucía solicitó para cada uno una pena de cuatro años de cárcel y una día, además de 15 años y un día de inhabilitación absoluta por dichos delitos.
A raíz de la aprobación en 2003 de un protocolo de colaboración entre Amuedo y el director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, esta se comprometía a pagar seis millones de euros, como ayuda excepcional, para la construcción de un espacio dedicado a actividades ecuestres que, finalmente, no llegó a realizarse.
La cantidad máxima establecida que se debía abonar en la cuenta del Ayuntamiento era de 901.508 euros. Sin embargo, el importe total que se ingresó en esta cuenta fue de 750.000 euros.
Se desconoce el destino del dinero
Actualmente, no se sabe cuál ha sido el destino de este importe a excepción de una factura por importe de 10.440 euros para la ejecución de un estudio del terreno en la ubicación prevista
El primer pago fue de 50.000 euros, cuando el alcalde de este municipio era Emilio Amuedo. Los dos restantes, de 200.000 y 500.000 euros, se abonaron en 2005, ya con Antonio Maestre al frente de la alcaldía. Maestre, que había formado parte del equipo de su sucesor, era conocedor del acuerdo que este había llevado a cabo.
Para la resolución de la sentencia, el juez ha tenido en cuenta la falta de todos los procedimientos administrativos a la hora de abonar el dinero en la cuenta.
Además, ha considerado que no se había justificado la circunstancia de excepcionalidad ni determinado cuales eran las actividades que la entidad beneficiaria iba a realizar ni en qué plazos.
Después de enumerar más irregularidades, los magistrados sostienen que los acusados "eran plenamente conscientes de que se había incumplido la legalidad" a la hora de realizarse los pagos.