José Luis Sanz, alcalde de Sevilla ha confirmado la intención del Ayuntamiento de Sevilla de cortar el agua a aquellos alojamientos turísticos que operen de forma ilegal. Se estima que son más de 5.000. Para ello, el primer paso del Consistorio será "reforzar la policía turística".

Actualmente, esta unidad de la Policía Local cuenta con 34 agentes tras la última reorganización acometida por el equipo municipal anterior. Parte de este personal está especializado en gestión turística y en idiomas. Entre otras tareas, vela por el cumplimiento de las normativas de turismo. También ejercen como mediadores entre particulares.

Ahora, serán los encargados de asumir la inspección de las cerca de 5.000 viviendas turísticas ilegales que hay en la ciudad, según la estimación del Ayuntamiento, a los que el equipo municipal pretende cortar el agua. Es la más llamativa de las diez medidas anunciadas para acabar con este tipo de alojamientos.

Para ello, tal como ha reconocido José Luis Sanz en declaraciones para la Cadena SER, el primer paso será ampliar la plantilla de esta unidad. En esta tarea está immersa la Gerencia Municipal de Urbanismo, que antes de final de año también prevé aprobar una nueva RPT para la Policía Local que sirva de base para pasar de 1.259 a 2.000 agentes.

Una vez quede reforzada la policía turística habrá que seguir un procedimiento para proceder a los cortes de agua en las viviendas ilegales. Como ha detallado José Luis Sanz, no será inmediato y requerirá hacer muchas inspecciones a la semana.

"Primero habrá que hacer una inspección para comprobar si está funcionando ilegalmente. Después habrá que ordenar la paralización del uso de la vivienda. Tendrá que volver la policía turística para comprobar si se cumple y si hay alguien domiciliado en la vivienda. En ese caso, se podrá contactar con Emasesa para que proceda al corte de agua", ha explicado el alcalde.

Sanz ha insistido en que esta intervención entra dentro de la legalidad, ya que así lo acredita la asesoría jurídica de la empresa municipal de aguas. "Sí hay que tener claro que no haya nadie domiciliado y si lo hay, confirmar que esté utilizando la vivienda como fin de uso turístico", ha añadido.

Tres líneas de trabajo

En cualquier caso, el alcalde hispalense insiste en que "en Sevilla no cabe ni un piso turístico más". Para ello su equipo se mueve en tres líneas de trabajo. Primero, en el caso de las licencias legales, "hay que buscar medidas que mejoren la convivencia". Entre ellas, destaca la ordenanza que endurece las sanciones a aquellos visitantes que no depositen sus residuos correctamente.

La segunda línea de trabajo es la de limitar las licencias de uso turístico al 10 por ciento respecto a los residenciales en aquellos barrios ya saturados como Triana o el Casco Antiguo. "Lo seguiremos llevando a Pleno", dice después de que la oposición haya rechazado la propuesta, a la que pide "alternativas".

Por su parte, la tercera línea se centra en la persecución de las viviendas turísticas ilegales. En este punto, anticipa "mucho control, mucha firmeza y muchas sanciones".

Sobre la posibilidad de revocar licencias turísticas, al estilo de Barcelona, Sanz asegura que va a hacer "todo lo que esté dentro de la legalidad". Asegura que los asesores jurídicos del Ayuntamiento están estudiando todas las medidas que han llevado a cabo las capitales europeas en los últimos años.

En cualquier caso, ha insistido en que la moratoria para las viviendas turísticas que reclaman varios grupos de la oposición "no es legal". "Tengo que acogerme al Decreto de la Junta de Andalucía. Cuando la asesoría jurídica me diga que esa moratoria está dentro de la legalidad, estará el Ayuntamiento al frente para seguir poniendo medidas", ha zanjado.