El Ayuntamiento de Sevilla ha iniciado un proceso para investigar presuntas "irregularidades", tales como "subrogaciones no autorizadas" y "ocupaciones ilegales" en sus 844 viviendas de protección oficial. El objetivo es hacer un "diagnóstico jurídico y patrimonial" para verificar su situación y determinar si existe alguna anomalía administrativa que dificulte su gestión.
En un primer paso, se ha puesto en marcha un concurso público para revisar inmuebles en calles de Triana y la Macarena. En concreto, en las vías Regla Sanz, María Ortíz, Clara Jesús Montero, Manuel Arellano, Ardilla, Bernardo de Toro, Hermanas de la Cruz y Madre San Marcelo. Son un total de 179.
La licitación pretende realizar un "diagnóstico y depuración jurídico-patrimonial de estos pisos. De esta manera, se abordará "la investigación, comprobación, identificación, revisión, actualización y ordenación" de estas viviendas.
Según apunta el pliego técnico del concurso, recogido por Europa Press, dichos pisos podrían estar afectados por diversas irregularidades. El documento puntualiza que "muchos de los contratos que habilitaron el uso residencial de dichas viviendas datan de fechas que rondan 30 o 40 años hasta llegar al actual".
Expone, por tanto, que "de esta circunstancia se derivan diversas implicaciones que complican, o al menos dificultan, una adecuada gestión de las viviendas; actividades como subrogaciones no autorizadas, ocupaciones de viviendas sin título que lo habilite, etcétera".
El documento argumenta que dichas irregularidades "dificultan notablemente adecuar y gestionar estas viviendas para alquileres de carácter social u otros servicios y dotaciones públicas".
Por ello, pone en marcha el citado concurso público destinado al "establecimiento de las condiciones técnicas mínimas que regirán la contratación de los servicios y trabajos precisos para llevar a cabo la investigación, la comprobación, identificación, revisión, actualización y ordenación" de las 179 primeras viviendas.
En busca de un "diagnóstico"
Así, esta actuación "permitirá analizar la situación concreta en la que se encuentran las viviendas municipales desde el punto de vista jurídico-patrimonial". Una vez realizado el análisis, se podrá "diseñar una estrategia que se plasmará en un documento (diagnóstico) el cual marcará la hoja de ruta".
En concreto se persigue, el "conocimiento de la identidad de las viviendas y localización exacta de las mismas", así como la recopilación de datos de las viviendas municipales obrantes en el Catastro y el Registro de la Propiedad.
De esta manera, se podrá "acreditar, en su caso, la titularidad municipal de las viviendas", además de recabar el conocimiento preciso de la situación jurídica y posesoria de las viviendas.
Dichas actuaciones, permitirán, según expone el documento, "la verificación de las viviendas ocupadas, a fin de que, en su caso, se incluyan dichas circunstancias en la documentación que posteriormente se remitirá a los servicios municipales" para acometer posteriormente una valoración de las mismas.
"Trabajo específico nunca hecho"
Según apuntan desde el Ayuntamiento de Sevilla, con este primer lote de viviendas se inicia "un trabajo específico de campo que nunca se ha hecho hasta el momento", el cual les permitirá "identificar" su situación legal.
Tras finalizar la primera remesa, se continuará con las siguientes hasta llegar a las 844. El objetivo principal es "contrastar con rigor la titularidad de los inquilinos, verificar las ocupaciones y diseñar una estrategia para su gestión futura".