La Asociación de Profesionales de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Andalucía (AVVA Pro) ha solicitado una "reunión urgente" con el Ayuntamiento de Sevilla con el fin de analizar las diez medidas anunciadas por el alcalde José Luis Sanz ante la lucha contra los pisos turísticos ilegales, entre las que figura cortar el agua a quienes operen sin licencia.

La patronal sostiene que quiere "colaborar" y aportar su granito de arena para que las iniciativas que se pongan en marcha "sean lo más eficaces posibles". Asimismo, ha insistido en que están a favor de regular la vivienda turística.

Con ese espíritu piden el encuentro. De no ser posible, Juan Ignacio Chaves, vicepresidente de AVVA Pro, propone que se convoque "con la máxima celeridad a la Mesa de Calidad de Destino". ¿La razón? "Este es un problema general de la ciudad que no tiene que ver sólo con las viviendas de uso turístico", ha argumentado.

Al respecto, Chaves ha afirmado que para AVVA Pro "sería necesario incorporar también a los vecinos" en esta Mesa de Calidad de Destino, donde se sientan las distintas áreas municipales que intervienen en la regulación de los modelos alojativos, como otras Administraciones públicas (la Junta y la Diputación), la Policía Nacional, el Colegio de Administradores de Fincas y las patronales de los hoteleros y los profesionales de viviendas de uso turístico. 

Los empresarios del sector recuerdan además su propuesta de creación de un registro municipal de viviendas de uso turístico regladas, un instrumento del Ayuntamiento de Sevilla que "permita conocer mejor la realidad de esas viviendas en los barrios".

"La publicación de este listado aportaría transparencia al recoger cuántas viviendas de uso turístico están operando realmente y poder actualizar en tiempo real las plazas, así como las altas y bajas en cada barrio", esgrime la patronal de las viviendas turísticas.

Así, AVVA Pro ha apostado por "herramientas para ser más eficaces en el cumplimiento de este principio" de convivencia entre la actividad turística y los derechos de los lugareños, defendiendo el "compromiso del sector de las viviendas de uso turístico legales con la calidad en destino, tanto de las viviendas como de los servicios que se prestan".

"Nuestra intención es colaborar para que esto sea posible y que propietarios y profesionales puedan trabajar con seguridad jurídica dentro de la legalidad", añade Chaves.