La extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) es especialmente conocida por el juicio alrededor de su caja B, que acabó con su director (Fernando Villén) condenado a seis años de prisión por gastar más de 30.000 euros de dinero público en prostíbulos. Aquel juicio se cerró el año pasado, pero el directivo vuelve ahora al banquillo de los acusados. 

Lo hará para dilucidar cómo el exalcalde socialista de Lebrija, Antonio Torres, primer edil de la localidad (1978-2003) y psicólogo de profesión, pudo ganar casi medio millón de euros en ocho ejercicios seguidos -exactamente 491.203,03 euros- ocupando un puesto especialmente creado para él en la Faffe, según la Fiscalía. 

Tendrá que responder por él el mencionado Villén, entonces director, como artífice de ese puesto y orientador del puesto de trabajo, que llegó a considerarse "empleado fantasma". Según el fiscal de Anticorrupción, se produjo "un uso irregular de fondos públicos" y Torres "cobró un sueldo público de la Faffe sin hacer nada, desde su casa y sin trabajar".

EFE

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La Fiscalía les imputa a ambos delitos de prevaricación y malversación derivados de una contratación "injusta y arbitraria", en referencia al trabajo de Torres nada más dejar la Alcaldía de Lebrija. Según Anticorrupción, el empleo se ideó de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola "afinidad y vinculación personal y política" entre ambos.

En el auto de instrucción, el juez precisó que "ni tan siquiera acudía a la sede de la fundación ni desempeñaba trabajo alguno. Era desconocido por otros trabajadores y directivos, aunque se procuró tarjetas de visita o presentación".

En la Alcaldía

Su paso por el Ayuntamiento durante 24 años también dio para mucho. En su propia web aún activa, en la que hace un repaso por su vida hablando de sí mismo en tercera persona, habla de su cercanía moral y política con las clases sociales más desfavorecidas. También recoge su currículum, su licenciatura, másteres y demás cargos, pero en ningún momento habla de su paso por la extinta Faffe.

Es más, Antonio Torres se llega a atribuir la creación del Plan de Empleo Rural (antiguo PER) en Andalucía y Extremadura "como inversión transformadora de los pueblos".

Web personal del exregidor

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"Se puede afirmar que se inventó en Lebrija en base a una propuesta del Ayuntamiento lebrijano planteada en 1983 ante la Junta de Andalucía y el Gobierno de España", indica el exalcalde del citado municipio.

Torres resume aquello en un episodio que recogió la prensa del momento. Ocurrió el miércoles 21 de marzo de 1984 cuando, ya como primer edil de su pueblo, se encerró con medio centenar de jornaleros en las Oficinas del Instituto Nacional de Empleo de la capital andaluza.

El motivo era una protesta por los retrasos en la llegada de los fondos para el pago del subsidio de empleo rural, una reclamación que se haría efectiva dos años después, según publicó el ABC en su edición del día siguiente.

Sin embargo, décadas después de aquellos encierros de los 80, Torres pareció olvidar aquella cercanía que tuvo en su momento con los desfavorecidos al no aparecer por su puesto de trabajo. Un empleo en la fundación que se creó, precisamente, para combatir el desempleo impartiendo cursos de formación.

Cuando finalizó su etapa en la Alcaldía, según el juez instructor, este solicitó al entonces director general de la Faffe que lo recolocara, a lo que Villén accedió. Para ello promovió en su favor "un novedoso cargo directivo, inexistente en realidad", pese a que este "carecía de formación y aptitudes para asumir funciones correspondientes a dicho nivel profesional".

En concreto, fue contratado el 1 de julio de 2003 con un contrato de duración temporal, prorrogado y convertido en indefinido el 1 de diciembre del año siguiente. Ahí le nombraron directivo. Su retribución se cifró de 46.750 euros anuales de la época, que mantuvo hasta la extinción de la Faffe y su integración en mayo de 2011 en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

El juicio proseguirá durante varias sesiones en el mes de octubre. Ya en la primera, los abogados de la defensa denunciaron que se habían vulnerado derechos fundamentales de sus patrocinados.

Vulneración de derechos

Los letrados de la defensa, Adolfo Cuéllar y Pablo Ollero, alertaron de que la causa deriva de una "investigación prospectiva, un trato desigual y una discriminación punitiva".

Todo ello en el sentido de que en un marco de gran "crecimiento de la administración paralela" a la Junta de Andalucía, las pesquisas sobre los empleados incorporados a la Faffe fueron dirigidas curiosamente con relación a personas que militaban en el PSOE.

Del resto de los cerca de 200 empleados incorporados a la Faffe, según señaló uno de los letrados, "nadie ha preguntado". Y es que responsables de la entidad podrían volver a sentarse en el banquillo.

Ayuntamiento de Jerez

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Otro juzgado de instrucción de Sevilla, por su parte, sigue investigando si funcionó casi como una agencia de colocación para familiares, allegados y exdirigentes del PSOE andaluz. No obstante, algunas causas han prescrito, como la del exconcejal de Cultura del Ayuntamiento de Jerez Francisco Camas y el exalcalde de la localidad sevillana de Montellano Francisco Aguilera.

El propio fiscal aseguró que, a diferencia de Torres, ambos sí iban a trabajar con "más o menos rendimiento", aunque recordó que sus compañeros de entonces decían que se dedicaba a "dormir y a leer la prensa" durante la jornada laboral.

Para el abogado Alfonso Martínez Escribano, que representa al PP en la causa, no se han vulnerado los derechos fundamentales. La clave para el letrado es demostrar si Antonio Torres prestó o no sus servicios en la fundación y si hubo o no contratación ilegal.

En total, la Fiscalía pide para el exdirector de la Faffe cuatro años de prisión y diez de inhabilitación y dos años y medio de cárcel para el que fuera alcalde de Lebrija que, en su momento, tal y como sigue rezando en su página web, se sintió muy cercano a las clases sociales más desfavorecidas.