El juicio para dilucidar supuestas contrataciones irregulares en la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) ha celebrado este martes una nueva sesión.

Esta fundación es especialmente conocida por el juicio alrededor de su caja B, que acabó con su director Fernando Villén condenado a seis años de prisión por gastar más de 30.000 euros de dinero público en prostíbulos.

En esta sesión, Juan Carlos Díaz Matías, quien fuese director de Estructuras Permanentes de la Faffe, investigado en la pieza principal de esta macrocausa, ha declarado como testigo.

EFE

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Este exdirectivo ha señalado en el juicio que no vio "físicamente" en las instalaciones de la Faffe el exalto cargo y exalcalde de Lebrija Antonio Torres. Ni siquiera en los comités de dirección, pero sí que este fue a un viaje de trabajo a Perú como invitado, con cargo a fondos estatales, para participar en un foro como conferenciante.

Precisamente en este juicio el tribunal quiere dilucidar cómo pudo ganar casi medio millón de euros en ocho ejercicios seguidos -exactamente 491.203,03 euros- ocupando un puesto especialmente creado para él en la Faffe sin ir a trabajar, según la Fiscalía.

Ha reconocido que tuvo contactos con él sólo "en dos ocasiones" con el exalcalde por motivos relacionados con el papel de ambos en la Faffe. Uno fue presencial de unos "15 o 20 minutos" porque el mismo estaba promoviendo una actuación relacionada con el ámbito universitario con visos a captar fondos europeos para el proyecto, si bien la idea no tuvo finalmente "mucho recorrido".

En la segunda ocasión, según ha detallado, su jefe de organización, Joaquín Alberto Morales, le transmitió que la Agencia Española de Cooperación Exterior buscaba perfiles para la participación española en un foro a celebrar en Perú con relación a entidades locales y mancomunidades.

Europa Press

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Para ello, le pidió que contactase con Torres dada su "experiencia municipal" y que su trayectoria "coincidía" con el "perfil" que se buscaba. Para ello, asegura que se limitó a rebotar a Torres García dicho correo electrónico, corroborando que su perfil coincidía con el solicitado.

Por otro lado, según publica ABC, en el disco duro del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) intervenido por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, las cuentas de correo sus principales responsables "habrían sido vaciadas" antes de la entrega a la UCO, unidad encargada de realizar el informe.

También en el mismo informe la UCO revela que mandos de Recursos Humanos de la fundación dieron instrucciones para contratar a un "listado de parientes de cargos socialistas referidos en un correo electrónico que ordenaron destruir".

Durante esta misma sesión, el tribunal ha determinado que será el 10 de octubre cuando comparezcan los dos acusados, que habían pedido declarar al final del juicio y no al comienzo.

La Fiscalía les imputa a ambos delitos de prevaricación y malversación derivados de una contratación "injusta y arbitraria", en referencia al trabajo de Torres nada más dejar la Alcaldía de Lebrija.