Ha sido un camino largo, pero las viviendas turísticas no podrán crecer más de un 10 por ciento respecto a las residenciales en ninguno de los barrios de la ciudad. Es la promesa que hizo José Luis Sanz en el mes de febrero y que tras un periodo largo de negociaciones y bloqueos ha salido adelante este jueves.
Todo partió del decreto aprobado en ese mes por la Junta de Andalucía. Abría la puerta a que los ayuntamientos pudieran establecer limitaciones, siempre teniendo en cuenta el "interés general" y por criterios de "imperiosa necesidad". También se establecía que la limitación debía ser "proporcionada".
Coincidiendo con la entrada en vigor de dicha normativa, José Luis Sanz anunció en un pleno su intención de aprobar una ordenanza para regular los pisos turísticos al reconocer que el "número de licencias" estaba "desbordado" en algunas zonas de la ciudad.
Solo seis semanas después de la aprobación del decreto, la gerencia de Urbanismo ya tenía listo un informe para limitar estas viviendas. El límite quedaría fijado en el 10 por ciento en todos los barrios, aunque sería revisado anualmente. Sevilla quería ser la primera ciudad andaluza en aprobar un tope a este tipo de alojamientos.
Ya en el mes de marzo, la medida pasó por el Pleno y fue aprobada de forma preliminar, pero debía superar una fase de exposición pública. Mientras tanto, surgía un contratiempo, el efecto llamada. Entre febrero, cuando se anunció la ordenanza, y junio, había 400 alojamientos nuevos. Corría prisa por cerrar la medida.
Bloqueo total
El bloqueo total llegó en el mes de julio. La ordenanza llegó a Pleno justo a tiempo para el cierre del primer curso político, pero la oposición tumbó la medida en bloque. La catalogaban como "insuficiente" desde Vox porque había significado un aumento de estos pisos.
En PSOE y en Podemos-IU coincidían en pedir una moratoria, una línea roja del Ayuntamiento durante todo este tiempo al considerarla "ilegal". En la formación morada incluso pedían que el límite se redujera hasta el 5 por ciento e incluso al 2 por ciento en las zonas más sensibles.
Pese a diversos intentos de acercamiento, la medida parecía muerta. Durante todo el verano, se han sucedido las críticas de la oposición, al asegurar que el límite del 10 por ciento, supondría que en Sevilla habría espacio para 23.000 viviendas más en las zonas no saturadas, algo que han repetido en el mismo Pleno de este jueves.
Giro en octubre
La historia comenzó a cambiar este mes de octubre. Las negociaciones con Vox prosperaron. El cambio de rumbo de la formación de Santiago Abascal iba a permitir a Sanz aprobar una de sus propuestas más perseguidas durante la legislatura.
El acuerdo contemplaba la revisión constante de las limitaciones. Según indicaba la portavoz, Cristina Peláez, "no se puede aplicar esa medida por igual a todos los barrios de Sevilla pues hay que valorar las zonas de alto esfuerzo familiar, las zonas acústicamente saturadas o las de carácter patrimonial".
Además, se instará a la Junta de Andalucía a que modifique el decreto que regula los pisos turísticos para dejar "más libertad" a los ayuntamientos en la regulación.
¿Y ahora qué?
La aprobación de la medida supone que ya no se concederán más licencias en el Casco Antiguo y en Triana, que ya estaban por encima del 10 por ciento. Además, en esos barrios se perseguirán especialmente las viviendas ilegales, aplicando normas como el corte de agua.
Fuera de esas zonas, desde el Ayuntamiento aseguran que "es falso" que la norma permita que haya 23.000 pisos turísticos más en Sevilla. El concejal de Urbanismo, Juan de la Rosa, ha defendido que "ya hay revisiones en marcha" para analizar el estado de cada barrio y fijar nuevas limitaciones, según criterios sociales, familiares y patriomoniales.
La limitación del 10 por ciento, que comienza a ser efectiva desde ya en Triana y Casco Antiguo solo "es un punto de partida", aseguran.
Firme oposición
Pese a ello, a excepción de Vox, PSOE y Podemos-IU se mantienen firme en su oposición. Ambos coinciden en que dicha limitación permitirá que se concendan 22.780 viviendas de uso turístico en el resto de barrios en la ciudad.
De hecho, los socialistas proponen que la limitación sea del 2,5 por ciento, lo que equivaldría 'de facto' a una moratoria en toda la ciudad. "La mancha de aceite de estas viviendas de usos turísticos se extenderá a las barriadas periféricas del Casco Antiguo y Trina, principalmente hacia Macarena, Nervión, San Pablo, Santa Justa, Sur y Los Remedios", ha subrayado el concejal socialista Francisco Javier Páez.
Según consideran, "se tardará muchos años, no menos de una década en alcanzarse ese volumen de viviendas que se resta a las familias y jóvenes para alquileres turísticos".
Protesta vecinal
Mientras la patronal del sector, AVVA PRO, alerta de que "los porcentajes fijados no pueden ser iguales en el centro que en los barrios", la regulación tampoco ha contentado a los grupos de vecinos más movilizados.
De hecho, precisamente mientras la norma se votaba en el Pleno, la iniciativa ciudadana Sevilla se muere convocaba una protesta a las puertas del Ayuntamiento. Su presidente, David López, también incidía en que la medida va a suponer el incremento de unas 23.000 viviendas de uso turístico en todos los barrios.
"Sevilla se va a transformar en un parque temático sin alma y sin vida" alertaban desde una plataforma que prevé nuevas movilizaciones en los próximos meses.
Dicha declaración de intenciones es solo una muestra de que, pese a la promesa cumplida de Sanz, el Ayuntamiento tendrá que seguir trabajando para seguir minimizando todos los impactos del turismo en la ciudad.
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