El Ayuntamiento de Sevilla ha reconocido su inquietud por la necesidad de afrontar un problema. Según argumentan, le ha venido impusto por el Gobierno Central. En base a la normativa europea, está obligado a recaudar 9,9 millones de euros a partir de abril de 2025, una cantidad que se cobrará a los ciudadanos. Ahora se estudia la fórmula más "justa" para aplicarla.
El delegado de Hacienda, Juan Bueno, admitía este jueves que están "preocupados" con este asunto. Debe aplicarse "lo antes posible porque hay que cumplir la ley".
Todo parte de la entrada en vigor de la ley 7/2022 que regula la recogida de residuos en todo el territorio comunitario. En dicha norma se creó un nuevo impuesto sobre el depósito de residuos, su recogida y tratamiento.
No obstante, era potestad del Gobierno decidir cómo se aplicaba la medida. En 2022, el Ministerio de Hacienda decidió que debían ser los ayuntamientos los encargados de recaudarlo. A Sevilla le han correspodido 9,9 millones de euros.
Según la normativa europea, el impuesto ha nacido para sufragar las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de residuos. Debe ser a través de una tasa o prestación pública no tributaria específica, diferenciada y no deficitaria. Por tanto, también debe tener en cuenta el coste que supone el servicio de Lipasam.
Durante 2023 y 2024, el Ayuntamiento, con dos gobiernos diferentes, ha decidido afrontar ese impuesto "a pulmón", tal como reconoció Juan Bueno, a pesar de la "dificultad" que supone para "cualquier" administración local afrontar gastos extra.
Obligación al tercer año
No obstante, al tercer año, dicho tributo tiene que "repercutir en los ciudadanos", lo que obliga al Consistorio a actuar con celeridad. La fecha límite para aplicarlo es abril de 2025.
Quedan, por tanto, seis meses para estudiar la fórmula adecuada de cobrar casi diez millones a los habitantes de Sevilla. El asunto, además, implica al resto de partidos de la oposición, pues requiere una modificación de las ordenanzas fiscales.
Debe pasar, por tanto, por el Pleno. "Debemos pedir a los grupos que sean responsables porque la ley hay que cumplirla", insistía Bueno.
El Ayuntamiento está obligado a negociar para aplicar una normativa que debe entrar en vigor obligatoriamente en abril. Encontrar un punto de encuentro con la oposición se antoja indispensable para que no se dilate el trámite, tal como sucedió, por ejemplo, con los pisos turísticos.
Estudio de opciones
Por el momento, el equipo municipal trabaja en buscar la manera de recaudar ese impuesto. Ya se han encargado informes a Lipasam y a la Agencia Tributaria para hacer un planteamiento del nuevo impuesto.
Dichos análisis estudiarán cómo se le aplica a los ciudadanos, "de qué forma, con qué porcentaje y qué se tiene en cuenta, o si se tiene que aplicar una subida lineal porque ya está la subida progresiva en la tasa actual", según explica Juan Bueno.
En definitiva, establecerán si todos pagan lo mismo o se establece alguna diferencia, según el volumen de contaminación. Actualmente, las viviendas pagan la tasa en la factura de Emasesa. Se calcula aplicando el coeficiente del 52,34 por ciento sobre la base imponible. Esta se constituye por la suma de las cuotas que corresponde a la tarifa por la prestación del servicio de limpieza.
Por su parte, los locales comerciales pagan trimestralmente a través de la Agencia Tributaria en función de la actividad y la superficie.
Los técnicos valoran todas estas posibilidades antes de hacer una propuesta a los grupos de la oposición para volver a reformar las ordenanzas fiscales.
Negociación con la oposición
En este sentido, el cambio de estrategia de Vox puede serle muy útil al ejecutivo de José Luis Sanz. Ha pasado de votar en la mayoría de ocasiones en contra del Ayuntamiento a apoyar varias de sus medidas importantes.
El ejemplo más claro es el de la limitación de los pisos turísticos, donde el voto positivo de Vox le sirvió para sacar adelante una norma que llevaba negociando sin éxito siete meses.
En la reciente Comisión de Hacienda, el Gobierno local aprobó tres enmiendas de la formación de Santiago Abascal a su propuesta de ordenanzas fiscales. También aceptó iniciativas de PSOE y Podemos-IU.
El nuevo impuesto sobre la recogida de basuras debe seguir el mismo procedimiento. Primero tendrá que pasar por la Comisión de Hacienda y luego ir al Pleno, donde la reciente sintonía con Vox puede resultarle de mucha ayuda al PP, que tal como indica Bueno, espera aplicar "de la forma más justa" un impuesto que ya se quedará para siempre.
Política de congelación tributaria
Por el momento, la portavoz, Cristina Peláez, ya ha calificado su disconformidad con este impuesto, que ha calificado como "basurazo". Considera que es "ideológico" y lo "pagarán todos los sevillanos por obra y gracia de la agenda 2030". "Resulta profundamente injusto", sentenció.
Sea como sea, todos los partidos están obligados a encontrar la fórmula de aplicar este mecanismo antes de abril de 2025. Una tasa de basura que, impuesta por el Gobierno, contrasta con la estrategia llevada a cabo por el equipo de José Luis Sanz, donde no se contempla un aumento de ingresos procedentes de los impuestos locales al haber congelado la carga tributaria.