Intervienen 1.200 kg de pescado inmaduro para venta ilegal

Intervienen 1.200 kg de pescado inmaduro para venta ilegal

Sevilla

Intervienen 1.200 kg de pijotas y salmonetes inmaduros para venta ilegal en Sevilla

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La Guardia Civil de Sevilla ha intervenido 800 kg de Pijotas y 400 kg de salmonetes del interior de la cámara de refrigeración de un distribuidor mayorista. El pescado estaba a disposición de ser comercializado en la madrugada del día siguiente.

En una nota de prensa, el Instituto Armado ha señalado que los agentes, tras realizar las pertinentes mediciones y estudios del producto, confirmó que se trataba de un pescado con "tallas inferiores a las reglamentarias", conteniendo "diversas anomalías en la trazabilidad".

Por estos hechos, explica, "no es de garantía su legal procedencia", motivo por el cual se procedió "al decomiso de los 1.200 kg de pescado".

Entrega al Banco de alimentos

Los productos pesqueros intervenidos, tras la comprobación de los Servicios Veterinarios de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Sevilla, han sido entregados en el Banco de alimentos de Sevilla para su posterior reparto a los comedores sociales de la provincia.

Estas investigaciones se han llevado a cabo por parte del Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, en colaboración directa con los Servicios de Inspección Pesquera de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía (Agapa) y dentro del Plan Anual de Control Integral de las Actividades Pesqueras (Paciap).

Este plan anual tiene por objetivo planificar y coordinar el control e inspección del cumplimiento de las disposiciones de la Política Pesquera Común y la normativa del sectorial vigente.

Intervienen 1.200 kg de pijotas y salmonetes inmaduros para venta ilegal en Sevilla

También pretende avanzar en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, particularmente en los ámbitos de la conservación y gestión de los recursos pesqueros, adaptación de la flora y control de la misma.

Las intervenciones, reza la nota, han llevado aparejadas las "correspondientes denuncias administrativas, a tenor de lo preceptuado en la vigente legislación de pesca y/o de defensa de los consumidores y usuarios de Andalucía".

También la instrucción de diligencias por supuestos ilícitos penales contra los recursos naturales y el medio ambiente.