El PP de Sanz presentará una moción en el próximo Pleno para pedir al Gobierno que "derogue" la tasa de residuos

El PP que lidera el alcalde José Luis Sanz defenderá una moción en el próximo pleno ordinario para reclamar al Gobierno central del PSOE y Sumar la derogación de la Ley estatal 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, derivada de una directiva europea de 2018.

Esta norma, defienden desde el gobierno de Sanz, "obliga" a los municipios a implantar una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuos.

Por ello, el grupo popular ha instado al Ejecutivo de Pedro Sánchez a promover en su lugar un Plan Nacional de Infraestructuras para el ciclo integral de los residuos que permita reciclar una mayor cantidad de residuos.

E. E. Sevilla

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El portavoz del Gobierno local del PP, Juan Bueno, ha señalado en rueda de prensa que la Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, derivada de una directiva europea en la materia, "obliga a las entidades locales a establecer una tasa específica para cubrir los costes del servicio de gestión de residuos antes del 10 de abril de 2025", lamentando esta "imposición" a los municipios.

"Esta obligación", ha dicho, "no es una decisión municipal", sino "una imposición estatal del Gobierno de Pedro Sánchez que repercutirá económicamente en los vecinos y vecinas de Sevilla", precisando que se trataría de una tasa específica que cubra todos los costes del servicio de gestión de residuo.

Estas gestiones engloban la recogida, el transporte, tratamiento, campañas de concienciación y la vigilancia de las operaciones relacionadas.

A favor de la directiva europea

Bueno ha subrayado, sin embargo, que ni su partido ni el gobierno de Sanz están "en contra" del objetivo que marca la Unión Europea de "mejorar la recogida y tratamiento de residuos y los nuevos servicios que se recogen en la ley", pero sí de "que se obligue a los ayuntamientos a crear una tasa municipal", ha señalado.

Además, según ha afirmado, "los técnicos municipales del Ayuntamiento" han calculado el coste total de esta imposición del Gobierno: será "cercano a los 20 millones de euros, concretamente 19,64 millones de euros desde abril de 2025 hasta final de año", ha dicho.

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Por eso, la moción del gobierno local de Sevilla, liderado por Sanz, aboga por que el pleno reclame al Goberno central la derogación de la mencionada ley estatal, instando además al Ejecutivo a realizar un "estudio pormenorizado" para definir el coste por servicio en todos los municipios españoles y a poner en marcha el citado Plan Nacional de Infraestructuras para el ciclo integral de los residuos.

El "menor impacto posible"

Juan Bueno no ha podido dar aún detalles de cómo piensa el gobierno local de José Luis Sanz cobrar esa tasa obligatoria para cubrir los costes de la gestión de los residuos. 

"En caso de que el Gobierno de Sánchez no rectifique y mantenga la tasa", ha dicho, "nosotros, desde el gobierno municipal buscaremos la fórmula legal para que tenga el menor impacto posible en el bolsillo de los ciudadanos".

Deben hacerlo, ha recordado, estableciendo esta nueva tasa a través de "una modificación de las ordenanzas fiscales". Aunque ha reconocido que dicha fórmula "no está aún definida", "se va a intentar que la estructura del tributo sea equitativa" y, al mismo tiempo, "cumpla con la normativa".

Aumento de la recaudación

El Ayuntamiento de Sevilla ya anunció a finales del pasado mes de este octubre, durante la presentación del Presupuesto para 2025, que se preveía una modificación al alza de la ordenanza reguladora de la tasa de recogida domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos y residuos sanitarios.

De esa manera, afirmaron desde el gobierno del Consistorio, habría que recaudar 9,9 millones de euros más entre la tasa de viviendas y de locales. Actualmente la recaudación total es de 18,1 y 19,9 millones y pasa a 23,1 y 24,7 millones respectivamente.

Juan Bueno ya explicó en aquel momento que para cumplir con la normativa europea y para aplicar la mencionada ley estatal de residuos de 2022, el Ayuntamiento tendrá que repercutir este impuesto en los ciudadanos.