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El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y el concejal de Hacienda, Juan Bueno. Sevilla
El rechazo de la oposición fuerza al Ayuntamiento de Sevilla a incumplir la ley estatal de basuras
PSOE, Vox y Podemos-IU votan en contra de la modificación de una ordenanza para imponer una nueva tasa a los ciudadanos, tal como obliga la norma nacional.
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El rechazo en bloque de PSOE, Vox y Podemos-IU fuerza al Gobierno a incumplir una Ley Estatal, la 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Dicha norma obliga a partir de abril 2025 a repercutir una tasa en los ciudadanos, pero los grupos municipales han votado en contra del planteamiento del Gobierno Local.
El Ayuntamiento asumió el gasto de 20 millones de euros en 2023 y 2024. La norma ya no lo permite, lo que le obligaba a modificar una ordenanza que se ha encontrado con la negativa de toda la oposición.
El Gobierno Local ha planteado que cada ciudadano pagase 1,14 euros por persona y mes para las viviendas individuales en la factura de Emasesa. Por su parte, en los comercios se seguiría el mismo sistema de progresividad actual en función de la actividad.
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Sevilla
Con ello se recaudarían 26 millones de euros, que, tal como ha indicado Juan Bueno, concejal de Hacienda, pretendían invertir "en reciclaje y tratamiento de residuos y diferenciar los que contaminan y no", algo que no se ha podido hacer en anteriores años, porque, según ha subrayado, no ha habido inversión previa.
Dicho planteamiento, que ya recibió el rechazo del Consejo Económico y Social, se ha encontrado con el voto en contra de todos los grupos. Ahora, el Gobierno Local cree que va a repercutir negativamente en la inversión de Lipasam y que puede conllevar sanciones por parte del Ejecutivo Central.
A favor de la ley, "en contra" de la ordenanza
Desde el PSOE, han asegurado que "están de acuerdo con la ley", aprobada por el Gobierno de Sánchez, en base a una normativa europea, que además contó con la abstención del PP.
Sin embargo, tal como ha defendido Sonia Gaya creen que la ordenanza "no cumple el principal objetivo de la ley, que es implantar un sistema de pago por generación que repercuta en el ciudadano según la cantidad o el tipo de residuos que genere". Además, consideran que de esta manera se pueden "duplicar conceptos" que ya se pagan en la tasa de basura.
Pese al acuerdo presupuestario vigente, el PP también se ha encontrado con el rechazo de Vox. De partida ya estaba en contra de la normativa europea y de la ley estatal que obliga a aplicarla. Además, su portavoz, Cristina Peláez, ha expuesto que "se ha elaborado un procedimiento de cálculo que no refleja el espíritu de la ley que sería que cada uno paga según recicle".
Algo similar han defendido desde Podemos-IU. Susana Hornillo cree que "no se cumple el espiritu de que pague más quien más contamina". Además, ha aludido a la "inseguridad jurídica debido a una posible doble imposición porque no está claro que se vaya a cobrar a la ciudadanía dos veces por el mismo servicio".
Lipasam, "en riesgo"
Juan Bueno ha insistido en que al Gobierno Local le hubiese gustado cobrar a los ciudadanos en función de la contaminación generada. No obstante, ha asegurado que es "materialmente imposible" porque la anterior administración no invirtió nada en una ley que ya se aprobó en 2022. "¿Qué han hecho ustedes en 8 años?", preguntaba a la bancada socialista.
El concejal de Hacienda hizo hincapié en que el rechazo de la oposición "ha puesto en riesgo el presupuesto de Lipasam". "Nosotros estamos en la solución, vamos a buscar todas las fórmulas legales posibles para tener la financiación suficiente y que Sevilla esté limpia", ha insistido.
Ahora, el Ayuntamiento trabajará en reorganizar la ordenanza y volver a presentarla en 2026, pero teme que pueda haber sanciones. "Estaremos atentos a las consecuencias, que espero que no haya muchas, porque ahora estamos incumpliendo una ley", ha sentenciado Juan Bueno.