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Contenedores diferenciados según los residuos de Lipasam. Sevilla
Preguntas y respuestas sobre la nueva tasa de basuras, la ley estatal que incumplirá Sevilla a partir de abril
La oposición ha tumbado la aplicación de una norma impuesta con el Gobierno. Se abre un nuevo escenario que puede repercutir en el servicio de Lipasam.
Más información: El rechazo de la oposición fuerza al Ayuntamiento de Sevilla a incumplir la ley estatal de basuras
El Ayuntamiento de Sevilla incumplirá a partir del 30 de abril de 2025 la ley estatal 7/2022 de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. La oposición en bloque ha rechazado el planteamiento del Gobierno Local para imponer una tasa a todos los sevillanos.
Todas las entidades locales de más de 5.000 habitantes tenían como límite tres años después de la entrada en vigor para que el gasto pasara a repercutir en los ciudadanos. En Sevilla, tanto en 2023 y 2024, el Ayuntamiento asumió dicha cantidad "a pulmón", pero la ley impide seguir operando así en 2025.
Desde finales de 2024, todas las entidades locales implicadas han empezado a aprobar las ordenanzas correspondientes, independientemente de su postura.
El concejal de Hacienda, Juan Bueno, comenzó a alertar desde octubre de 2024 de la necesidad de alcanzar un acuerdo con el resto de grupos políticos para aprobar esta tasa.
El Gobierno Local, muy crítico con la norma, presentó una moción para instar al Ejecutivo Central a derogarla. Fue aprobada con la abstención de Vox. Sin embargo, ya no había marcha atrás. Urgía aprobar la tasa para no incumplir la ley. Ante ello aparecen muchas incógnitas que deberán resolverse en los próximos meses.
¿Qué dice la ley estatal?
La ley estatal 7/2022 de 8 de abril parte de una directiva de la Unión Europea y fue aprobada con la abstención del PP en el Congreso de los Diputados.
Textualmente señala en el artículo 11 del capítulo 2 del título preliminar que "las entidades locales establecerán, en el plazo de tres años, a contar desde la entrada en vigor, una tasa, específica, diferenciada y no deficitaria, que permita implantar sistemas de pago por generación y que refleje el coste real, directo o indirecto, de las operaciones de recogida, transporte y tratamiento de los residuos".
Asimismo, en el punto 1 de este mismo apartado subraya que "de acuerdo con el principio de 'quien contamina paga', los costes relativos a la gestión de los residuos tendrán que ser sufragados por el productor inicial de residuos, por el poseedor actual o por el anterior poseedor de residuos".
¿Qué planteaba el Gobierno Local?
Tras varios meses en busca de la fórmula más justa, el equipo de Gobierno municipal ha planteado que todos los ciudadanos paguen por igual. En concreto, 1,14 euros por persona y mes para las viviendas. Se cobraría, como de costumbre, en la factura de Emasesa. En los comercios se seguiría con el mismo sistema de progresividad actual, según su actividad.
Con ello, el Ayuntamiento habría recaudado un total de 26 millones de euros a partir de 2026. En 2025, al empezar a aplicarse desde abril, serían 20 millones de euros. La idea era invertir dicho dinero "en reciclaje y tratamiento de residuos y diferenciar los que contaminan y no", tal como dice la ley.
¿Qué dice la oposición?
Todos los grupos de la oposición argumentan que la ordenanza planteada por el PP "no cumple con el espíritu de la ley". Ni siquiera Vox, con el que ha pactado los presupuestos. En su caso van más allá. Están en contra de la norma europea y su aplicación estatal, al contrario del resto de los grupos que sí consideran beneficiosa dicha obligación.
Así, como sucedió en la Comisión de Hacienda, la propuesta fue rechazada en bloque en el Pleno, lo que deja al Gobierno con escaso margen de maniobra para aprobarla.
PSOE, VOX y Podemos-IU se han alineado con los dictámenes del Tribunal Económico Administrativo y del Consejo Ecónomico y Social de Sevilla. El primero sostiene que la nueva ordenanza supone una "doble imposición" para los ciudadanos, que podrían estar pagando dos veces por el mismo servicio.
De hecho, sugiere fundir la ordenanza nueva con la ya existente, o derogar la anterior para aprobar una nueva que incluya todos los conceptos diferenciados.
Por su parte, el Consejo Económico y Social de Sevilla indica que "la configuración de la tasa no cumple el objetivo de que pague más quien más contamina o más residuos generen", tal como han sostenido todos los grupos de la oposición, incluido Vox.
¿Se puede aprobar todavía antes del límite?
Desde el Ayuntamiento dan por hecho que se van a ver abocados a incumplir la ley en 2025. Indican que pueden llevar su propuesta a Pleno "tantas veces como quieran", aunque "no tiene sentido" mientras los grupos sigan votando en contra.
Recuerdan que es una "imposición del Gobierno Central" y que "no son partidarios de subir los impuestos". De hecho, los han congelado por segundo año consecutivo. Asimismo, han mostrado su sorpresa por el hecho de que el "PSOE vote en contra de su propio Gobierno".
Desde el PSOE insisten en que "en vez de buscar un cálculo justo", el Gobierno Local "ha optado por la opción más fácil e injusta, que paguen todos igual". Aseguran que la tasa no incentiva el reciclaje, según marca la ley, y que supone "una doble imposición" para los ciudadanos. En esta misma línea se han expresado desde Podemos-IU.
El delegado de Hacienda, Juan Bueno, ha afirmado que es "materialmente imposible" presentar una propuesta diferente para 2025 y achaca al anterior Gobierno socialista no haber invertido "nada" en 8 años para diferenciar quién contamina más.
Ni siquiera Vox, su socio para los Presupuestos, está cerca del Gobierno Local. Fuentes del partido indican que "lo único" que podrían aprobar sería "una propuesta de derogación en el Congreso de los Diputados". "Por definición, estamos en contra de las políticas que emanan del delirio climático, y esta lo es", dicen.
¿Qué va a suponer para las arcas municipales?
Según informan fuentes municipales, el Ayuntamiento tendrá que volver a asumir el importe de la tasa como ya hizo en 2023 y 2024. El presupuesto de limpieza deja de ingresar 20 millones de euros en 2025. Podrían ser 29 en 2026.
Cabe recordar que este año, Lipasam tiene el presupuesto más alto de su historia, de 129 millones, que se quedarían en 109.
¿Habrá sanciones del Gobierno?
El escenario es nuevo en 2025. No está claro todavía qué sucede si hay un incumplimiento de la ley. "Estaremos atentos a las consecuencias, que espero que no haya muchas, porque ahora estamos incumpliendo una ley", decía Juan Bueno.
Por su parte, la socialista Sonia Gaya aseguró que "si hay sanciones económicas", será culpa del Ayuntamiento, "por no haber diseñado una tasa justa y a tiempo".
¿Qué pasará en 2026?
El propio Juan Bueno revelaba en el Pleno que el Ayuntamiento empezará a trabajar desde ya mismo en reorganizar la ordenanza. La volverán a presentar en 2026 para obtener el respaldo de alguno de los grupos. Al estar en vigor la ley en año completo, supondrían 26 millones de euros para las arcas municipales.
¿Qué supone en la práctica?
En la práctica, los sevillanos pagarán menos impuestos que otras ciudades, lo que se une a la política de congelación que ya asume el Ayuntamiento. Sin embargo, se dejarán de ingresar 20 millones de euros.
Puede repercutir en la calidad del servicio de Lipasam, aunque Juan Bueno insistió en que se va a trabajar en la reorganización. "Estamos en la solución, vamos a buscar todas las fórmulas legales posibles para tener la financiación suficiente y que Sevilla esté limpia", zanjó el concejal popular.