Imagen de recurso de la Policía Nacional. Sevilla
Pillan a un sevillano pederasta con casi 20.000 vídeos y fotos de "torturas a niñas" que había descargado del Internet 'oscuro'
El acusado accedía a la red oscura sirviéndose de sus conocimientos en informática y conseguía mantener el anonimato.
Más información: Detienen a un menor con 1.000 archivos de pornografía infantil a raíz de una investigación iniciada en Sevilla
La Audiencia Provincial de Sevilla condena a cinco años de prisión a un varón por el delito de distribución de pornografía infantil. El acusado estaba en posesión de casi 20.000 archivos "de especial crudeza".
Según consta en la sentencia, Antonio C. M., vecino de la localidad sevillana, "al menos en cinco ocasiones comprendidas entre el 31 de enero y el 8 de marzo de 2020, procedió a descargar y a compartir archivos con contenido sexualmente explícito de menores de edad" a través de sus dispositivos electrónicos.
El acusado, que poseía notables conocimientos informáticos, se valió de ellos para "acceder a la red oscura" (draknet) y así descargarse archivos pornográficos infantiles "garantizando", además, su anonimato.
Sevilla
Tras el oportuno análisis, le fueron incautados varios dispositivos electrónicos en los que se encontraron un total de 19.570 archivos relacionados con la pedofilia.
De entre ellos, las autoridades destacaron 47 archivos fotográficos, extraídos del disco duro de su portátil, en el que se exponía a menores siendo sometidos a métodos de tortura.
"Especial crudeza"
También disponía de imágenes semejantes en su móvil, en el que encontraron 2.169 imágenes en las se advertía "una especial crudeza con niñas menores de corta edad".
Ante los hechos probados, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla procedió a condenar a Antonio C. M. como autor de un delito de distribución de pronografía infantil.
A la condena se duma una inhabilitación especial por la que el acusado no puede ejercer ninguna profesión que se relacione con menores de edad durante ocho años.
Asimismo, después de que cumpla los años de prisión, el tribunal consideró también aplicar otra pena de cinco años de libertad vigilada.
Apelación de la defensa
La defensa de Antonio C. M. apeló la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
En su escrito, el abogado defensor esgrimió "irregularidades" en el registro de la vivienda del acusado, ya que, según explican, el culpable no se encontraba presente en el momento de la inspección de los equipos informáticos.
La policía pudo acceder a dichos dispositivos gracias a las claves facilitadas por su mujer, que las compartió con la policía "al centrarse en aquel momento las sospechas de los investigadores en su hijo".
Por ello, la defensa solicitó que se considerara nulo el auto de entrada y registro, petición desestimada por el tribunal.
Ratificación del TSJA
Otra de las peticiones del abogado incidía en que el mero hecho de que Antonio C. M. tuviera material pornográfico no implicaba necesariamente "el dolo (la intención) de difundir el material".
Ante esto, ya la Audiencia esclareció que "no solo se encontraba en posesión de una cantidad ingente" de archivos pornográficos, "sino también que desde los ordenadores portátiles incautados se compartieron multitud de archivos con nomenclatura pornográfica infantil".
El TSJA ha descartado, por tanto, todos y cada uno de los motivos del recurso de apelación del inculpado, haciendo la sentencia firme.
El alto tribunal andaluz ha concluído que queda "acreditado, con toda lógica, que el acusado era consciente de que el material pedofílico que obtenía de la red y almacenaba en sus dispositivos electrónicos, lo facilitaba un programa de intercambio de archivos que solo permite su descarga si quien la realiza está dispuesto, a su vez, a permitir el acceso a su disco duro al resto de usuarios".
En este sentido, el tribunal ha considerado que "es indudable" que el acusado "aceptaba que dichos accesos de terceros se produjeran, facilitando de este modo, incontroladamente, su difusión y circulación".
La investigación
El Grupo de Protección al Menor 1 de la Unidad de Investigación Tecnológica de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid realizó un rastreo a una red en busca de usuarios que estuvieran descargando y compartiendo archivos de contenido pornográfico infantil.
Descubrieron que un "cliente" de dicha red había estado realizando descargas y puestas a disposición de otros usuarios de "multitud de archivos" cuya denominación revelaban "que su contenido era inequívocamente" pornografía infantil.
Consultaron la conexión IP y averiguaron que se trataba de un servicio de la operadora Jazztel. El juzgado de guardia correspondiente libró mandamiento a dicha compañía "para que informara sobre la línea telefónica asociada".
Fruto de la información proporcionada, que incluía días y horas en las que el ususario había descargado contenido, y tras sendas investigaciones, se pudo identificar al titular de la dirección IP y capturar al detenido.
