Hace algo menos de cinco años asumí una defensa en un juicio con Jurado en el que a mi cliente le solicitaba el fiscal veinte años de prisión por presunto delito de asesinato. El primer día de juicio llegué a la sala con la misma ilusión que en mi primer juicio penal. Orgulloso de ejercer la defensa penal en un caso muy difícil pero con la convicción de que mi defendido era inocente pues la única prueba de cargo existente era un informe médico forense de autopsia con múltiples defectos y muy objetable. Para oponerme a dicha prueba pericial propuse un informe de uno de los peritos forenses más prestigiosos de España.

Aparte de eso, lo único que tenía en contra mi cliente eran las conclusiones del grupo de homicidios y desaparecidos de la policía nacional que aseguraban que mi cliente era un hombre “frío y calculador”.

Sin embargo, en contra de lo que pensaba, me encontré desde el primer momento un clima hostil protagonizado por la autoridad que debía procurar precisamente el respeto a los derechos fundamentales y todas las garantías procesales. Sí, el magistrado presidente de ese juicio con Jurado, que debía dirigir esa vista oral teniendo en cuenta que los auténticos jueces eran los nueve miembros del jurado acompañados de los dos jurados suplentes.

Cuando aún no había finalizado mis alegaciones iniciales, unos veinte minutos después, fui interrumpido bruscamente por el juez. Me dijo ante todos, el jurado, el público, la fiscal y dos fiscales en prácticas, una abogada que me acompañaba, la mecanógrafa y la agente judicial, “¡Letradooo…creo que ya vamos repitiéndonos!”. Obviamente, en más de veinte minutos, alguna palabra o idea habría sido reiterada pero es que lo que no tuvo en cuenta Su Señoría es que ese turno era el de la defensa y ese es un tiempo sagrado porque el abogado defensor se está dirigiendo a los jueces populares, concentrado en su discurso y asumiendo su importante misión.

Como si el juicio se estuviese celebrando en Nicaragua o Cuba, el magistrado no paró de interrumpirme y vulnerar el derecho de defensa cuando pocos minutos antes la Fiscal se había extendido sin ninguna interrupción. Quizás el café compartido poco antes al que no fui invitado yo habría propiciado esa quietud con ella. También las cacareadas celebraciones de imposiciones de medallas con re cenas y todo.

Además de obsequiarme la funcionaria siguiendo órdenes del secretario judicial con micrófonos que no funcionaban, a los que ponían baterías descargadas, que se acoplaban, o incluso micrófonos de karaoke con lucecitas de colores, cortando mis interrogatorios constantemente; y que la imagen no era la mejor ante los ciudadanos jurados, uno continuaba adelante porque su labor de defensa era prioritaria y debía olvidarse de sí mismo.

No se recogían las protestas pensando yo que sí, pocas propuestas del defensor acogía el juez, la fiscal se lo tomaba a broma haciendo todo tipo de muecas y gestos; parecía que ya todo estaba preparado.

Lo que nunca podría haberme imaginado es que el segundo día de juicio conversando con el magistrado en un receso y al referirle que la grabación del juicio demostraría las múltiples vulneraciones de derechos, éste me respondió “¡No, letrado, este juicio no se está grabando!” “¿Cómo? ¿Lo dice usted en serio? “¡Sí, es que hay problemas con el sistema de grabación”

Tras esa sorpresa y creyendo yo al juez, procedí a grabar el juicio ya muy avanzado con mi móvil. Casualmente, una de mis cinco alumnas asistentes al juicio, había grabado el mismo desde el primer momento, enterándome yo de esa circunstancia al finalizar la segunda sesión. Cinco años después, mi defendido sigue en libertad estando a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo.

Si bien, ese juicio anómalo sirvió para destaparse que en la audiencia provincial no se había grabado ningún juicio con jurado desde hacía trece años. Es decir, más de doscientos juicios, todos, no se habían grabado. La gratificación fue que a partir del siguiente juicio obligaron al letrado judicial encargado de la oficina del jurado a grabar la imagen y el sonido de todas las vistas.

Nuestra sorpresa reciente ha sido que esos últimos juicios con jurado que se han grabado podrían ser declarados nulos pues solo se ha recogido el sonido pero no la imagen del acusado, los testigos y los peritos que declaran , como si fuesen fantasmas o alienígenas. Esto está ocurriendo en 2024.

Como si fuera un nuevo aviso de que todo sigue igual y poco se ha avanzado, como si estuviésemos aún en 1975, hace unos días he recibido el aviso de un juzgado togado militar de que puedo ser multado por hablar con los medios de comunicación sobre el Caso Cerro Muriano y las numerosas anomalías que vamos descubriendo que sucedieron el pasado día 21 de diciembre cuando fallecieron ahogados en un lago artifical el soldado León y el Cabo Jiménez.

Por el juzgado militar, siguiendo las peticiones de las defensas, se intenta poner la mordaza y censurar a los abogados acusadores que representamos a los familiares de las víctimas de unas muertes anunciadas en un entorno donde campa la desorganización y el descontrol, en el que se están descubriendo chapuzas y recortes de presupuestos, abandono de las funciones y una ausencia total de las medidas de seguridad para proteger la integridad física y la vida de unos militares que aún están en fase de instrucción.

Aún a finales del primer cuarto del siglo XXI vivimos los abogados estas situaciones en las que las presiones del ejército y quizás los políticos responsables conllevan estas intimidaciones a unos profesionales liberales que no hacemos más que realizar nuestro trabajo por encargo de nuestros representados sin que podamos ser inquietados por advertencias absurdas propias de otras épocas pre democráticas.

¿Es necesaria una jurisdicción militar? Sí, pero integrada en la jurisdicción ordinaria. Los jueces encargados de la justicia militar deben ser realmente imparciales e independientes.