El Sistema Nacional de Salud español (SNS) está reconocido como uno de los mejores y más eficientes del mundo. Al ser un sistema universal, garantiza el derecho de todos los residentes en el territorio español a obtener servicios sanitarios fundamentales. Este derecho incluido en la Constitución de 1978 sirve como elemento de cohesión social y diferencia a España de otros países donde sólo quienes pueden permitírselo pueden obtener una buena atención sanitaria.
Nuestro SNS también se caracteriza por su alta eficiencia. Aunque el porcentaje del PIB que España gasta en atención médica es relativamente bajo cuando lo comparamos con el dinero invertido en otros países desarrollados, los resultados en salud, medidos con indicadores clave como la esperanza de vida, están entre los más destacados del mundo.
El SNS opera bajo un marco descentralizado en el que las comunidades autónomas (CCAA) realizan la gestión sanitaria con un máximo de competencias. Este modelo de gestión tiene como objetivo que los servicios de salud sean más accesibles para las personas y se ajusten a las necesidades sanitarias de cada región, permitiendo crear planes que se adapten a sus propios requerimientos.
Sin embargo, una de los aspectos mejorables del SNS es la ausencia de una verdadera solidaridad entre los territorios. Desde una perspectiva teórica, la financiación de la salud a través de este modelo de financiación debería garantizar que todas las CCAA posean activos adecuados para prestar una atención sanitaria similar en cada una de las regiones. Sin embargo, entre ellas existen significativas diferencias en los recursos por habitante y año destinados a la salud, lo que genera asimetrías y desigualdades en las prestaciones que se ofrecen. Estas discrepancias afectan a la equidad del marco y erosionan el sentido de justicia entre la población.
La transferencia de pacientes entre comunidades autónomas provoca problemas de coordinación y financieros. En numerosos casos, los pacientes deben viajar a diferentes áreas para acceder a servicios de atención médica que no están disponibles en su propio ámbito. Si bien este hecho respalda el modelo del sistema de financiación y habla del modelo solidario del mismo, también pone de manifiesto la ausencia de una planificación estratégica a nivel nacional.
La epidemia por COVID-19 puso a prueba las infraestructuras sanitarias mundiales, y España no fue una excepción. La crisis sanitaria evidenció debilidades y problemas del SNS, una de ellas, quizás la más ostensible, fue como la gestión descentralizada en materia de salud generó acciones descoordinadas, asimetrías e ineficiencias en respuesta a la pandemia. La ausencia de una gestión unificada, la deficiencia de una estrategia cohesiva y la falta de colaboración entre las diversas CCAA en materia de salud durante la pandemia fueron factores que complicaron la gestión de la crisis.
Otro componente vital detectado durante la COVID-19 fue la ausencia de transferencia de datos y coordinación informativa entre las CCAA. La carencia de bases de datos sanitarias centralizadas, así como la falta de protocolos comunes dificultó la recopilación y el análisis de información relevante para conocer la propagación del virus y la eficiencia de las medidas de contención del contagio.
Para aportar soluciones a los problemas anteriormente mencionados, es crucial fomentar una mayor cohesión territorial en materia de sanidad y la coordinación entre CCAA.
El establecimiento de un fondo de solidaridad sanitaria supervisado a nivel nacional podría favorecer la eficiencia en la gestión clínica de las CCAA. Este fondo podría asignar activos complementarios a las regiones más necesitadas, garantizando que cada habitante tenga derecho a un nivel esencial de servicios sanitarios. Además de esto, la creación de marcos comunes de evaluación de la calidad asistencial también facilitaría este objetivo.
Reevaluar y mejorar el modelo de asignación autonómica del SNS es esencial para garantizar que los recursos se distribuyan de manera justa. El apoyo financiero debe basarse en estándares imparciales que reflejen las necesidades genuinas de diversos territorios, abarcando consideraciones demográficas y epidemiológicas. Además de ello, instituir incentivos para atraer y mantener a los profesionales de la salud en áreas menos atractivas puede ayudar a aliviar los déficits de profesionales en determinados territorios. Estos incentivos podrían abarcar mejoras salariales, oportunidades de desarrollo profesional y condiciones laborales más atractivas.
Un SNS del que debemos sentirnos orgullosos, pero en el que la solidaridad interterritorial es una asignatura pendiente.