El expresidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

El expresidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos. EP

Provincia de Sevilla

Exculpan al expresidente de la Diputación de Sevilla del caso de la 'Pará de Gines': el actual alcade, procesado

El juez ha apartado de la causa a nueve miembros de la institución provincial. Se mantienen las diligencias contra otras 20 personas.

13 septiembre, 2024 15:07
Sevilla

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que exculpa al expresidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos del caso de 'Una pará en Gines'. En él se investiga presuntas irregularidades en subvenciones destinadas a la organización de anteriores ediciones del evento durante diez años.

Asimismo, el magistrado también ha acordado el sobreseimiento de la causa para otras ocho personas vinculadas a la institución provincial de acuerdo con la Fiscalía que así lo solicitó.

El auto, con el que se cierra la fase de instrucción, acuerda procesar a veinte de las personas investigadas. Entre ellas, el actual alcalde socialista de Gines, Romualdo Garrido, un exprimer edil y otros nueve responsables municipales que formaron parte de distintas Juntas de Gobierno del Consistorio.

También continúan entre los investigados un arquitecto técnico municipal, un interventor, los administradores de varias entidades beneficiarias y cuatro personas que ostentaron el cargo de Hermano Mayor de la Hermandad del Rocío de Gines.

Se tratará de esclarecer si los hechos denunciados son constitutivos de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, prevaricación urbanística, falsedad documental y tráfico de influencias.

Con este auto, con fecha de 23 de julio y notificado este viernes a las partes, se ha trasladado la causa a la Fiscalía y a las acusaciones personadas. Tendrán un plazo de veinte días para solicitar la apertura del juicio oral.

Respecto al expresidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, y las ocho personas de la institución provincial previamente investigadas, el magistrado ha aceptado la petición de sobreseimiento de la Fiscalía.

El Ministerio Público consideraba que las irregularidades en las subvenciones que se investigan en este caso "no colmarían las exigencias de antijuricidad material que exige la jurisprudencia para entender concurrentes los delitos contra la Administración Pública por los que se procede".

Diez años "sin amparo normativo"

Tal como explica el juez en el auto, la causa investiga "la presunta ilicitud de la organización, por parte del Ayuntamiento de Gines, del evento 'Una Pará en Gines'. Indica que "tras diez años de estar celebrándose y con una magnitud importante, se vendrían utilizando recursos municipales humanos, técnicos y económicos importantes para el Consistorio sin amparo en instrumento normativo alguno".

Argumenta el magistrado que la organización del evento "carecería de toda reglamentación ajustada a Derecho que emane de dicha Corporación Municipal en lo concerniente a su inicio, organización, desarrollo, etc, como son ordenanzas, comisiones de seguimiento y redacción de convenios con organizaciones participantes".
 
"La necesidad de reglamentación y amparo normativo de un evento de tales características -así como su naturalmente ilícita comisión- habría de ser conocida y aceptada por los responsables municipales", indica el juez, quien recalca que "dicha omisión normativa" ha sido constatada "en virtud de la investigación" desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla.

Asimismo, añade que "según se deduce de la información facilitada por la Secretaría del Ayuntamiento de Gines, no existe actuación ni instrumento normativo alguno relativo a la creación y regulación del evento en cualquiera de sus ediciones desde el año 2006 hasta el 6 de mayo de 2016".

Fue a partir de esta fecha cuando un Pleno del Consistorio decidió crear una comisión de trabajo con todos los grupos municipales para elaborar un reglamento de la celebración del evento. Durante diez años no contó con ningún tipo de base jurídica, tal como señala el juez en su auto.